La fecha límite que maneja el gobierno para finalmente decidir si rescinde contrato con Cardama

El gobierno tiene por delante una fecha límite. Aunque en el Ministerio de Defensa han optado por no hacer declaraciones para no entorpecer las diferentes instancias judiciales que enfrentan al Estado uruguayocon el astillero español Cardama, los días pasan y los plazos límites establecidos por el contrato se acercan.

Para el 15 de febrero, el Poder Ejecutivo debería abrir una segunda carta de crédito “por el importe correspondiente al vencimiento de cada hito estimado para ese año natural, que deberá ser aprobada por el constructor”, establece el documento firmado por el exministro Javier García y Mario Cardama.

Antes de esa fecha límite, las autoridades uruguayas deberán definir si avanzan con la rescisión efectiva del contrato con Cardama. Para no quedar obligadas a abrir una segunda carta de crédito —destinada a cubrir los hitos de 2026 vinculados a la construcción del segundo buque y los restantes del primero— será necesario impulsar los procedimientos legales correspondientes. De lo contrario, si no se rescinde el contrato ni se adoptan esas medidas, el Estado uruguayo incurriría en incumplimiento.

En principio, desde el Poder Ejecutivo se ha manejado que no hay intención de realizar el último pago de 8.227.000 euros correspondiente a la primera carta de crédito creada en febrero de 2025 por un importe de 28.794.500 euros.

La interpretación que realiza el gobierno es que el incumplimiento por parte del astillero español de uno de los hitos contractuales —relativo a la llegada en tiempo y forma de los motores Caterpillar que debería concretarse entre lo que resta de enero y febrero— implica que, de hecho, no existe ninguna obligación por parte del Estado uruguayo para tener que desembolsar los más de 8 millones de saldo que todavía tiene la primera carta de crédito abierta en el Banco República.

Por tanto, la fecha tope que manejan las autoridades del gobierno uruguayo para dar por rescindido el contrato y canceladas las obligaciones para con la empresa constructora es el 15 de febrero próximo.

De esta forma, finalmente se concretaría o no el mandato que dio el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, cuando el primer mandatario comunicó en conferencia de prensa el pasado 22 de octubre que había ordenado “iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas”.

Sin embargo, en esta puja que se viene dando desde hace meses entre el gobierno uruguayo y la firma gallega, Cardama colocó a fines de diciembre la quilla del segundo barco, lo que conforme a lo establecido por el contrato implicaría el cumplimiento de otro hito (que debería ser pago, según establece el contrato, con la carta de crédito que todavía no se ha conformado).

Desde la empresa sostienen que para el pago de los hitos asociados al segundo buque, el gobierno debería abrir la referida carta de crédito, pero son conscientes que por el casi nulo vínculo existente entre las partes que es altamente improbable que se concrete.

El 23 de octubre, un día después de la conferencia de prensa en la que Orsi habló de presunta estafa y fraude al Estado uruguayo, el gobierno consultó a la Asesoría Letrada del Banco República para interiorizarse si era posible tomar “medidas suspensivas” sobre el pago de la última cuota de la carta de crédito.

La institución contestó que “desde el punto de vista jurídico” tenía la obligación de pagar al banco corresponsal Deutsche Bank de Madrid.

Sin embargo, mientras no se notifique el cumplimiento del tercer hito, la parte compradora —el Estado uruguayo— no estará obligada a efectuar el pago estipulado, al menos hasta que Cardama no acredite haber recibido los motores destinados a los dos buques.

Hasta el momento, el gobierno nacional desembolsó 28.794.500 euros de los 82.270.000 acordados en la compra-venta. Un primer anticipo por 8.277.000 euros se hizo en diciembre de 2024, un pago por el mismo importe por el cumplimiento del primer hito (presentación de los planos de las cuadernas maestras de los dos buques) se concretó en marzo y el último desembolso por 12.340.500 euros se efectuó en junio, luego de que se notificara sobre la finalización de la colocación de la quilla.

En paralelo, como informó El País, la firma española contrató los servicios del estudio jurídico Hughes & Hughes. Representantes de ese bufete acudieron a fines de diciembre en el Ministerio de Defensa para notificar que el astillero, a raíz de las crecientes divergencias surgidas entre las partes tras comprobarse que la garantía de fiel cumplimiento presentada para la entrada en vigor del contrato era falsa, evaluaba presentar una demanda civil contra el Estado uruguayo.

Este movimiento de Cardama, basado en el artículo 293 del Código General del Proceso, respondió a la necesidad de cumplir con el paso previo exigido para iniciar un proceso de esta naturaleza: la citación a una audiencia de conciliación entre las partes,´que está prevista para el próximo 16 de marzo.

Mientras tanto, el gobierno presentó una segunda ampliación a la denuncia penal que había hecho en octubre en Fiscalía, luego de que se obtuviera una pericia realizada por el Ministerio del Interior que concluía que la firma de la garantía presentada por Cardama no era original, sino calcada de otro documento.

Otra de las múltiples aristas que ha tenido el caso Cardama se registró en los últimos días, cuando el Poder Ejecutivo, según informó El Observador, incluyó al capitán de navío Ismael González entre las cuatro venias que enviará al Parlamento para cubrir vacantes generadas tras el pase a retiro de cuatro contralmirantes de la Armada Nacional.

Tras la decisión de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, las críticas desde la oposición no tardaron en llegar, ya que González es uno de los oficiales que fue enviado a España para enviar informes a su superior sobre el avance en la construcción de las patrullas oceánicas que fueron compradas durante la anterior administración y que el actual gobierno cuestiona. En principio, González no estaba en la lista para subir de grado, pero hubo una modificación que terminó por desplazar a otro oficial.