Cardama: el informe jurídico que zanja dudas sobre la comisión y la "ansiedad" por la información de Defensa

Un acuerdo político llevó a la creación de una comisión especial en la Asamblea General para analizar el proceso de compra de dos patrullas oceánicas OPV desde 2010 hasta la rescisión del contrato con el astillero Cardama por parte del gobierno de Yamandú Orsi. Pero la iniciativa suscitó varias dudas, sobre todo en lo vinculado a si pueden darse sesiones secretas, ya que no se trata de una investigadora —como sí lo es, por ejemplo, la que se hizo por la compra de la estancia María Dolores.

En la primera sesión, que se hizo la semana pasada, esas interrogantes quedaron sobre la mesa. Es más, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, planteó que la comisión se hiciera en la Cámara de Representantes para que efectivamente fuera una investigadora —una discusión que, hasta ese momento, estaba zanjada.

Para evacuar las incertidumbres se pidió un informe jurídico a la comisión administrativa del Poder Legislativo, y la respuesta se trató ayer en la reunión de la comisión. El senador del Frente Amplio, Nicolás Viera, contó que los letrados avalan, entre otras cosas, la posibilidad de declarar secreta la información y las sesiones si las autoridades lo requieren.

"Están dadas las condiciones para que la comisión especial de la Asamblea General pueda trabajar con todas las garantías", añadió.

La respuesta de la comisión administrativa, a la que accedió El País, dice que las “actuaciones y documentación generadas" en la comisión especial son, en principio, de "carácter público”. No obstante, “dicho principio admite excepciones establecidas por la normativa vigente”. Por este motivo, la comisión podrá "declarar secretas determinadas actuaciones, testimonios o documentos, o actuar en régimen de secreto" cuando se justifique.

Al mismo tiempo, se indica que la decisión de declarar secretas las actuaciones o clasificar determinada información como reservada debe ser por una mayoría de dos tercios de los presentes, que es la misma cantidad que se utiliza para declarar secretas las sesiones en la Asamblea General.

Por otra parte, se explica que el deber de reserva o secreto “alcanza a todas las personas que intervengan en las actuaciones de la comisión o tengan acceso a la información declarada como tal, comprendiendo a legisladores, funcionarios públicos y eventuales particulares que participen en sus actuaciones”.

El lunes, los legisladores de la comisión tuvieron tres visitas: el presidente de OSE y ex subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y los excomandantes en jefe de la Armada Carlos Abilleira y Alberto Caramés.

De la oposición, el diputado Pablo Abdala indicó que están “un poco ansiosos con el envío de la documentación” por parte de la ministra de Defensa, Sandra Lazo. “Sabemos que es muy voluminosa pero esperemos que venga pronto porque es muy importante para el trabajo de la comisión”, añadió.

Por su parte, Viera reafirmó que el Frente Amplio “siempre tuvo claro que la forma de conseguir las OPV debe ser con acuerdos entre Estados”.