Caso Cardama: García y Ojeda piden a Orsi que sancione a Díaz por dar a conocer parte de un informe reservado

Los senadores Javier García (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado) solicitaron al presidente de la República, Yamandú Orsi, que sancione al prosecretario Jorge Díaz por haber difundido parte de un informe que el gobierno declaró bajo reserva.

El reclamo de los legisladores consta en una carta enviada ayer al mandatario, y es en reacción a un tuit que publicó el exfiscal de Corte en la mañana del jueves, en donde citó algunos pasajes del informe jurídico que realizó la profesora Cristina Vázquez ante una consulta del Poder Ejecutivo antes de resolver la rescisión del contrato con el astillero Cardama.

De alguna manera, los extractos citados por Díaz confrontan con los razonamientos que hizo el exsecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés —en una carta pública que divulgó El País este miércoles—, en el sentido de que no sería necesario, desde el punto de vista del Derecho Administrativo, llevar a cabo una "intimación formal" a la firma española antes de resolver la rescisión, siempre y cuando se haya constatado el "incumplimiento" del contrato —esa es la tesis del gobierno—, ya que así fue establecido en la cláusula 40 del texto acordado entre las partes.

El informe completo, sin embargo, había sido solicitado por los senadores mediante un pedido de acceso a la información pública tramitado semanas atrás, pero el Ministerio de Defensa, en una respuesta fechada el 9 de febrero, lo declaró como "información reservada", con el argumento —recogieron ahora los senadores— "de que su divulgación podría afectar la posición estratégica del Uruguay en el litigio en curso con la mencionada empresa".

Por eso García y Ojeda observaron "con sorpresa y preocupación" que el jerarca haya "difundido públicamente, a través de redes sociales, fragmentos parciales" de esa documentación denegada y reservada, lo que a su entender habla de una una conducta "institucionalmente inadmisible", de acuerdo a la carta a la que accedió El País.

"No es compatible con el principio republicano ni con el deber de lealtad institucional que una información sea negada a los representantes del pueblo y, simultáneamente, utilizada de manera fragmentaria y antojadiza por un asesor del Poder Ejecutivo para intervenir en el debate público", escribieron a Orsi los senadores.

Y se refirieron, en concreto, a lo que puede desprenderse de uno de los fragmentos del informe citados por el jerarca, y es que la rescisión del contrato no figura explícitamente como una "recomendación jurídica" de la abogada Vázquez, "sino que se trataría de una mera 'opción' del gobierno". Y eso, a juicio de García y Ojeda, "lejos de proteger los intereses del Estado, puede eventualmente perjudicar la posición jurídica del Uruguay en el litigio internacional en curso, contradiciendo el fundamento mismo invocado para declarar la reserva de la información".

Los senadores recordaron a Orsi que la Ley N° 18.381 describe las "faltas administrativas graves", sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que también "pudieran corresponder", como aquellas conductas que permitan "el acceso injustificado a información clasificada como reservada o confidencial"; o "la utilización, sustracción, ocultamiento, divulgación o alteración, total o parcial, en forma indebida, de la información que se encuentre bajo custodia del funcionario o a la que se tenga acceso por razones funcionales".

En esas "hipótesis legales" está comprendida, para el blanco y el colorado, "la divulgación selectiva y fragmentaria de información formalmente declarada reservada". "Por lo que a todas luces —añadieron— el funcionario en cuestión debe ser sancionado".

Pero fueron a más. Citaron también el artículo 302 del Código Penal, que pena al que "sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado, cuando el hecho causare perjuicio será" con una multa que va de 100 a 600 Unidades Reajustables. Y el 177, que obliga a los funcionarios públicos a denunciar sin demora ante la Justicia "la ejecución de un delito".

Con lo que, escribieron, "si la información es verdaderamente reservada por razones estratégicas, entonces no puede ser utilizada públicamente, ni parcial ni selectivamente. Y si puede ser utilizada públicamente, entonces no existió jamás fundamento válido para negarla al Parlamento".

"Por todo lo expuesto, solicitamos se adopten las medidas necesarias para restablecer la coherencia institucional, el respeto al rol del Poder Legislativo y la seriedad en el manejo de información sensible para el Estado, evitando prácticas que lesionan la democracia, la confianza pública y el equilibrio entre los poderes".

Y respecto a Díaz —a quien vuelven a llamar "funcionario"—, los senadores solicitaron que se "aplique inmediatamente (...) la sanción administrativa correspondiente por violar la reserva que el propio Poder Ejecutivo determinó".