Para el Partido Nacional es de capital importancia la suerte que tendrá la comisión especial que se creó esta semana en la Asamblea General para investigar elcaso Cardama y todos los antecedentes vinculados a la necesidad de comprar patrulleras oceánicas (OPV) por parte del Estado, desde el año 2010. El asunto es sensible porque lo que está en juego es uno de los pilares de la gestión de Luis Lacalle Pou —que quedó frustrado con la decisión de la actual administración de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español—, por lo que los legisladores blancos que integrarán el ámbito parlamentario ya definieron qué orientación planteará que siga la comisión investigadora.
Lo que hicieron los diputados Gabriel Gianoli y Pablo Abdala, y el senador José Luis Falero, quienes integrarán la comisión a partir de este miércoles —cuando sesionará por primera vez— fue reunirse ayer para dejar establecida la documentación que entienden debe ser solicitada al Poder Ejecutivo, y cuáles son las personas responsables del proceso de compra —de este gobierno y el anterior— que deberían comparecer ante la comisión.
Tras el encuentro —en el que también participó el senador y exministro de Defensa, Javier García—, los legisladores elaboraron dos documentos, a los que accedió El País, con esos detalles.
En el referido a la documentación —es decir, el que contiene "el material requerido"— se plantea la necesidad de contar con el listado de los procesos de contratación de embarcaciones entre 2010 y 2019; y, respecto a ese mismo período, el de las "visitas a astilleros por parte de oficiales de la armada y autoridades del Ministerio de Defensa", así como los "informes realizados por la Armada Nacional o agregados militares" vinculados siempre a las "posibilidades de adquisición de OPV". Además, se proponen pedir copia del expediente "de adquisición de las fragatas a Portugal (en 2008)" y de "todas las gestiones, notas, actas, realizadas por el MDN, MEF, vinculadas con el astillero Lursen".
Sobre el proceso de compra a Cardama, los blancos solicitarán copia de "los expedientes de compra" de las OPV y los informes del estudio jurídico Delpiazzo que asesoró al gobierno anterior.
Donde se plantean más solicitudes —un total de 19— es en relación al período que va desde marzo de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026 —cuando Orsi anunció, en conferencia de prensa, la rescisión definitiva y que el Estado iniciaría los caminos judiciales para buscar resarcimiento contra Cardama.
Allí, entre otras demandas, plantean conocer todos los informes de los oficiales que fueron hasta Vigo a inspeccionar las obras, y varios materiales vinculados a su trabajo en España; piden contar con copia de "todos los correos y notas sobre requerimientos del astillero y las correspondientes respuesta" hasta el 22 de octubre del año pasado, que fue cuando Orsi dio el primer anuncio sobre la rescisión; solicitan, además, el "listado de los participantes de todas las reuniones mantenidas con Cardama, detallando, organismo, funciones asignadas y jerarca que lo designó", así como las "actas de esas reuniones".
Plantean asimismo que el gobierno envíe el "reporte de todos los requerimientos de Cardama" el año pasado; y tener acceso a "todos los informes jurídicos, económicos y de contingencias judiciales en los que se basa la decisión de rescindir el contrato", incluyendo copia de "los procedimientos de contratación de los asesoramientos jurídicos nacionales e internacionales".
Contar con todos los datos que haya sobre "las reuniones" que mantuvieron el año pasado autoridades del gobierno con el abogado penalista, excanciller, exministro y exsecretario de Presidencia, Gonzalo Fernández, quien intercedió por la empresa para buscar alternativas al problema de la garantía de fiel cumplimiento, forma parte de los requerimientos nacionalistas. Lo mismo respecto a la denuncia que el gobierno presentó en Fiscalía a fines de octubre pasado o de los "informes, astilleros y autoridades de la República Popular de China con la que se mantuvieron contactos por OPVs, tanto en Uruguay como en la República Popular de China, desde marzo de 2025 a la fecha",
Los responables que pide citar el PN
Del período 2010-2019, el documento sobre "propuesta de citaciones a comisión" propone que comparezcan "exautoridades del Ministerio de Defensa", como los exministros Luis Rosadilla y José Bayardi, y el exdirector general de Secretaría Hernán Planchón; piden que responda preguntas el exsubsecretario del Economía, Pablo Ferreri (actual presidente de OSE); los comandantes en jefe de la Armada de ese período, o sea los almirantes retirados Alberto Caramés; Leonardo Alonso, y Carlos Abilleira; y el exdirector de Material Baval, el contralmirante Jorge Jaunsolo.
Del lapso que inicia en 2020 y termina en 2024, último año de gobierno de Lacalle Pou, se solicita citar a quien fue el comandante en jefe de la Armada en esos años, Jorge Wilson, así como a los integrantes de la Comisión Asesora, además de representantes del estudio Delpieazzo; y a los responsables políticos e institucionales de aquella gestión, como por ejemplo el exdirector general de Recursos Financieros de Defensa, Damián Galo, el exdirector general de Secretaría, Fabián Martínez, y los exministros García y Armando Castaingdebat.
Del último período —gobierno frenteamplista— se propone una amplia lista: el comandante en jefe de la Armada, el almirante José Luis Elizondo; jefe de jurídica de la Armada y los oficiales enviados a Vigo; los responsables de Materal Naval, contralmirantes Rafael Maglioca —quien renunció en noviembre pasado— y el almirante José Manul Ruiz; los asesores ministeriales Alfredo Maeso, Damián Rojas, Daniel Marsiglia; el ministro de Economía, Gabriel Oddone; la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y el subsecretario, Joel Rodríguez; la doctora Cristina Vázquez —quien elaboró uno de los informes de asesoramiento jurídico del gobierno—; Gonzalo Fernández; Mario Cardama; el prosecretario JOrge Díaz y el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez.
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