Rescisión por OPV: coalición reclama la “urgente” visita de Lazo y acusa al gobierno de actuar por motivos políticos

Legisladores de la coalición reclamaron este jueves la “indispensable y urgente” comparecencia de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, a la comisión especial que se creó para investigar y analizar el proceso de adquisición de las OPV. Esto después de que Cardama, como se conoció el martes, decidiera iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo.

Cuatro legisladores de la coalición —los blancos Pablo Abdala y Gabriel Gianoli, el colorado Felipe Schipani y el integrante del Partido Independiente Gerardo Sotelo— dieron una conferencia sobre el mediodía en el Parlamento.

Gianoli, el primero en tomar la palabra, criticó que el gobierno elija una “tranquilidad” que, a entender de los legisladores, es “perjudicial para el país”. Pero, sobre todo, consideró que esa actitud “confirma que no había una decisión técnica, sino política de terminar con la construcción de las OPV y la obra del gobierno de Luis Lacalle Pou”.

También señaló: “Vuelven a insistir con que no se trata de un tema técnico, cuando nos cansamos de escuchar que era chatarra mal soldada, que se hundía".

Abdala, en tanto, criticó que la ministra aún no haya acudido a la comisión cuando ya llevan dos meses de trabajo y el plazo de actuación será de seis meses. Además, sostuvo que, “entre otras cosas”, Lazo no compareció “porque su partido político se ha negado a que lo haga”.

Del Partido Colorado, Schipani aseguró que están “ante una flagrante contradicción", pues ahora "parece que los aspectos técnicos (de las OPV) no son relevantes" cuando eso "es lo que escuchamos desde el año pasado, cuando se anunció la rescisión del contrato”.

Otra “contradicción evidente” que advierten —continuó el diputado colorado— es que desde el gobierno se señaló en los últimos días “que la vía del arbitraje internacional no era la idónea para dilucidar estas cuestiones". No obstante, "en febrero el gobierno emitió una resolución firmada por el propio presidente (Yamandú Orsi) en donde se le encomienda al Ministerio de Defensa el inicio de acciones penales, administrativas y arbitrales”.

Por último, Sotelo indicó que la decisión de rescindir el contrato era, “si no la peor, probablemente una de las peores, porque” hasta ahora lo que se ha “hecho es gastar plata innecesariamente”.