Arbitraje de Cardama: por qué el gobierno está tranquilo, qué pasos dará ahora y los planteos de la oposición

El caso Cardama es uno de los tantos frentes abiertos entre el gobierno y la oposición, pero uno de los más tensos y en el que están involucrados varios de los principales líderes de ambos bandos —es decir, el Frente Amplio y su Poder Ejecutivo, y la coalición republicana—. Cada vez que se conocen novedades estas impactan sin demora en el sistema político, sobre todo en el Parlamento, donde desde fines de febrero trabaja una comisión especial abocada a indagar en un proceso de más de 10 años que llevó a la administración de Luis Lacalle Pou a firmar en 2023 un contrato por unos 82 millones de euros para adquirir dos patrulleras oceánicas tipo OPV —y en las etapas que siguieron luego con la actual gestión de Yamandú Orsi, que dispuso la rescisión del acuerdo con el astillero español.

Lo que sacudió esta semana fue el anuncio de Cardama de iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo, algo que, como informó El País este miércoles, tiene por demás en calma al gobierno, confiado en que la demanda no tiene forma de ser admitida porque se presentó en un tribunal extranjero —en París, ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional— cuando lo que tiene que dirimirse son aspectos de interpretación de la "aplicación y ejecución" del contrato, y eso, en su cláusula 39, está específicamente establecido que debe resolverse en "juzgados y tribunales de la ciudad de Montevideo, Uruguay". Para más claridad, en la cláusula anterior se definió que "este contrato será interpretado de acuerdo a la ley uruguaya y regido en cuanto a la construcción de los buques por la ley española", terreno jurídico que será el que ahora, y con la representación del estudio español Uría Menéndez, Uruguay buscará disputar en París.

Sobre cómo llevar esto a la práctica en la estrategia judicial conversó el gobierno uruguayo —representado por el prosecretario Jorge Díaz y abogados de Presidencia especialistas en arbitraje— en la reunión virtual mantenida con el bufete madrileño en la tarde de este martes. Tras este encuentro, donde se comentó el escrito presentado por Cardama, el Ejecutivo se quedó con la "tranquilidad" de confirmar que, del lado del astillero, se apostó por una "estrategia esperada y de alguna manera anunciada" por su máxima figura, el empresario Mario Cardama, en comunicaciones anteriores, dijo una fuente de la Torre Ejecutiva a El País. "Tenemos todo el esquema armado para enfrentar esta estrategia", se agregó.

Lo que debe definirse ahora es si el proceso ante esta corte se "bifurcará" para analizar, por un lado, la legitimación de la demanda, y, por el otro, el tema de fondo.

Cardama, por su parte, ha optado por el silencio y el hermetismo ante las consultas periodísticas, siguiendo una línea estrictamente definida por su equipo de abogados.

Todo esto sin perjuicio de la decisión ya tomada por el gobierno de plantear una demanda por daños y perjuicios en la Justicia Civil para que el Estado sea resarcido al menos con lo que ha pagado hasta el momento —antes de definir la rescisión por "incumplimientos graves" en la presentación de las garantías— por la construcción parcial de la primera patrullera —cuyo esqueleto descansa en las instalaciones del astillero español, que ya ha exhortado a Uruguay a que sea retirado—, que fueron unos 28 millones de euros.

La noticia del inicio del arbitraje produjo una reacción critica en la oposición, sobre todo en filas del Partido Nacional, desde donde se propuso que era momento de que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, concurra a la comisión especial que se creó en el seno de la Asamblea General para analizar todas las aristas de este caso. Y como el próximo lunes no sesionará por la conmemoración de la Batalla de las Piedras, en la oposición ya se evalúa la posibilidad de hacer una sesión extraordinaria en el correr de la próxima semana para que asista la secretaria de Estado, y el asunto se mantenga en la agenda política.

“Ya no da para más. Es indispensable que Lazo comparezca para que la comisión pueda avanzar de manera significativa. No solo por los hechos de los que ella es responsable, sino que también para explicar el alcance de buena parte de la documentación que ha llegado a la comisión y para que se expida sobre versiones que han llegado”, indicó el diputado blanco Pablo Abdala consultado por El País.

Además, el legislador aseguró que tenía la “preocupación" de conocer el documento de la demanda del astillero de Vigo “para saber en qué términos” y con “cuáles argumentos” se elaboró. Lo que entiende es que los argumentos de Cardama deberían ser públicos porque los uruguayos “tienen derecho a conocerlos”.

Para Abdala, a su vez, y como opinan varios en la coalición republicana, era “evidente que Cardama no se iba a quedar de brazos cruzados” ante la rescisión del contrato por parte del gobierno. Y consideró así que “el gobierno está siendo preso de su propia maraña, e imprudencia, irresponsabilidad y apresuramiento con el que actuó”.

Pero, a su entender, “el problema no es el gobierno” sino el país, “porque este es quien paga las consecuencias y queda expuesto a demandas internacionales”.

Pronunciamientos varios también hubo de parte del oficialismo, y del propio gobierno. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, ya había afirmado este martes que "el camino que recorrió" el Ejecutivo desde un principio en este tema fue "apegado al derecho y a la defensa del erario público", y que tanto era así que "ante la decisión de rescindir el contrato después de la evidencia de que había incumplimientos flagrantes, Cardama no recurrió a la Justicia uruguaya".

Asimismo, en las últimas horas el diputado frenteamplista Joaquín Garlo calificó de "clara chicana jurídica" y "manotazo de ahogado" la decisión de Cardama, bajo el entendido de que "el contrato establece con mucha claridad que los aspectos contractuales corresponden a la jurisdicción uruguaya", por lo que "cualquier reclamo" por la rescisión de contrato debe ser en los "tribunales del Uruguay y no ante el arbitraje" internacional.