El gobierno se reunió con estudio español para responder a arbitraje de Cardama y prepara demanda en Uruguay

En un nuevo capítulo de un caso que tiene ya varias temporadas, el gobierno de Yamandú Orsi fue enterado al inicio de esta semana de las intenciones del astillero Cardama de iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo. La noticia, que llegó a las oficinas de la Torre Ejecutiva en la mañana de este martes —aunque la notificación se dio en la noche del lunes— fue tomada con "tranquilidad" en Presidencia, cuyo prosecretario Jorge Díaz se reunió ayer por la tarde en forma remota con el estudio Uría Menéndez, contratado por el gobierno para hacer frente a este arbitraje y considerado en el Ejecutivo como uno de los bufetes más importantes de España.

En el encuentro con la firma madrileña, llevado a cabo por videoconferencia sobre las 15 horas de Uruguay —y en el que también participaron abogados de Presidencia especializados en juicios internacionales—, se comentaron las primeras conclusiones de una "primera lectura" del escrito —de una media decena de páginas— que presentó Cardama ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

La "tranquilidad" del gobierno responde al convencimiento de que "no corresponde" jurídicamente que este desacuerdo se dirima en un tribunal extranjero. "Está pactado por contrato que las cuestiones jurídicas que no tengan que ver con las cuestiones técnicas o del proceso constructivo deben resolverse en tribunales uruguayos", dijo a El País una fuente del gobierno.

Este argumento se ampara en la cláusula 38 del contrato, en donde se fijaron los tribunales de la República Oriental del Uruguay como competentes en las discusiones que son —justamente— jurídicas, un logro negociado durante el período anterior que fue defendido por el Ministerio de Defensa frente a la alternativa planteada por Cardama de que se fijaran los de Vigo, España.

De parte del Estudio Delpiazzo —que asesoró al gobierno de Luis Lacalle Pou durante el proceso de la firma del contrato—, incluso se destacó que bajo ese parámetro se descartaba la posibilidad de arbitrajes internacionales por protección de inversiones, en tanto se trataba de un acuerdo entre las partes de suministro o construcción de embarcaciones (Cardama era proveedor, no inversor).

Por contrapartida, de tratarse de "aspectos técnicos", la cláusula 39, que es la referida a la solución de conflictos, estableció que se determinaba a la Sociedad de Clasificación (Lloyd’s Registrer) como la competente para su dilucidación, pero en caso de no haber un acuerdo se abría la posibilidad de recurrir a un arbitraje en París, donde tiene su sede principal la Corte Internacional de Arbitraje, y que es el camino que está recorriendo ahora Cardama.

La postura del Poder Ejecutivo, entonces, es que se trata de un reclamo que "carece de competencia", por lo que espera que recaiga un fallo que "desestime" el planteo del astillero español. Por lo pronto, y muy a grandes rasgos, lo que planteará el Estado uruguayo en París es que el tribunal en donde se presentó la demanda "carece de jurisdicción" para dirimir el conflicto.

Lo conversado en la reunión virtual —en la que, según supo El País, de parte del bufete estuvieron presentes abogados expertos en derecho civil y marítimo, y especialistas en arbitrajes— fue elevado de inmediato al presidente Orsi y al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Este último recordó en rueda de prensa sobre la noche de este martes que Cardama "decidió no recurrir en la Justicia uruguaya" la rescisión contractual, y que consideraba "débil la solicitud" de la firma gallega de recurrir a un arbitraje internacional sin "agotar la vía nacional".

El dueño del astillero español, Mario Cardama, declinó por su parte hacer declaraciones al ser consultado por El País. Argumentó que no lo hará hasta que sus abogados lo estimen pertinente.

Parte de la estrategia del gobierno en este frente abierto con el astillero de Vigo es entablar una demanda en Uruguay, como fue definido en una de las resoluciones adoptadas al momento de comunicar la cancelación del contrato (ver recuadro).

Y esto ocurrirá "sobre fines de este mes o al inicio del siguiente", señaló una fuente oficial consultada para esta nota.

Con lo que la definición del gobierno es "urgir" al Ministerio de Defensa, comandado por Sandra Lazo, a que dé este paso "cuanto antes" y presente en un juzgado civil una demanda "por daños y perjuicios" contra la firma gallega, de la que se buscará que devuelva "todo el dinero" que el Estado uruguayo ha pagado hasta ahora por la parcial construcción de la primera de las dos patrulleras oceánicas —por las que se iban a pagar unos 82 millones de euros, y efectivamente se abonaron más de 28 millones.

Mientras tanto, en la oposición, sobre todo entre los integrantes de la comisión investigadora que opera en el Parlamento desde hace varias semanas, ya surgieron las primeras reacciones. "Esto es la confirmación de una consecuencia esperada", dijo, por ejemplo, el diputado nacionalista Pablo Abdala, que agregó: "Era solo cuestión de tiempo, obviamente que no se iban a quedar de brazos cruzados", luego del anuncio de la rescisión que Orsi comunicó el 13 de febrero pasado. "El gobierno —siguió— tomó la decisión absolutamente desproporcionada de arrasar con el contrato principal a partir de un aspecto accesorio, que es la garantía de fiel cumplimiento del contrato; por eso decimos que actuó con irresponsabilidad".

El diputado también nacionalista Gabriel Gianolli dijo por su parte que "desde hace rato" que viene advirtiendo por el inicio de un arbitraje contar el Estado. "Él siente que se la ha incumplido y nuestro Estado todavía tiene que demostrar cuál fue el incumplimiento", aseguró.