Caso Goldring: Fiscalía asegura que hubo retiros de dinero de empleados y familiares cuando empresa ya estaba en crisis

En la antesala del juicio contra la corredora de bolsa Sara Goldring, la atención también está puesta en un posible acuerdo con los damnificados para devolverles un 60% de los créditos reconocidos en el proceso de la liquidación. La propuesta atraviesa días decisivos, ya que la defensa de la imputada comunicó que la oferta dejará de estar vigente cuando termine la etapa de control de acusación.

La primera audiencia de control de acusación se llevó adelante este miércoles. Se trata de una instancia formal en la que las partes discuten la prueba que será debatida en el juicio. Había sido pospuesta en dos oportunidades debido a problemas de salud de la imputada, de 76 años, que finalmente compareció por videollamada. Detrás de ella se veía un suero. En esta instancia, el fiscal de Lavado, Enrique Rodríguez, relató que empleados de una empresa de Goldring e incluso familiares retiraron dinero cuando la empresa ya atravesaba una situación crítica.

La imputada actualmente se está lidiando con tres líneas de conflicto. En primer lugar, tiene el frente administrativo-concursal, derivado de la intervención y liquidación administrativa dispuesta por el Banco Central del Uruguay (BCU), que designó a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) como liquidador delegado.

Goldring operaba a través de dos estructuras: Custodia de Valores Mobiliarios —CVM— Corredor de Bolsa S.A. y United Brokers (UB) Agente de Valores S.A. Tras detectar irregularidades, el BCU suspendió a la primera de ellas y luego avanzó hacia un proceso de liquidación administrativa. El objeto del juicio será únicamente sobre los hechos protagonizados por CVM, aunque durante la audiencia de este miércoles se determinó que algunos testigos podrán declarar sobre información vinculada a UB siempre que esa información tenga relación directa con CVM.

La presunta maniobra no se descubrió de un momento a otro, sino que se trató de un proceso que Fiscalía buscará probar durante el juicio. Primero, algunos clientes comenzaron a manifestar su descontento al intentar retirar dinero y aseguraron que la información que recibían "no cerraba".

Si bien la ahora imputada era vista por algunos clientes como una "gurú" de las inversiones y los damnificados tenían un vínculo de confianza y cercanía, rápidamente comenzaron a circular dudas sobre la confiabilidad de las explicaciones que recibían. Sus estados de cuenta parecían no coincidir con la situación real de los activos en los que habían invertido. La explicación de Goldring sobre las pérdidas de dinero fue una caída de la bolsa de valores.

El segundo frente es el penal. La Fiscalía de Lavado, a cargo de Enrique Rodríguez, busca probar que Goldring ocultó información relevante y brindó a sus clientes una imagen que no reflejaba el verdadero estado de sus inversiones. En una declaración ante Fiscalía, la mujer habría dicho que había dado la orden de no informar a clientes sobre pérdidas para evitar una “corrida” de inversionistas.

En ese contexto, el BCU detectó irregularidades y manejó estimaciones de pérdidas que superaban los US$ 100 millones.

Una de las claves del caso a nivel penal es que no se investigan únicamente las pérdidas atribuidas por Goldring a la caída de la bolsa, sino la presunta conducta ilícita posterior para “tapar el agujero”.

El tercer frente es patrimonial: en paralelo a la investigación penal, cientos de damnificados activaron reclamos para intentar recuperar su dinero mediante acciones civiles.

En este contexto, Goldring ha intentado llegar a un Acuerdo Privado de Reorganización (APR), ofreciendo pagar a los damnificados un 60% de los créditos reconocidos en el proceso de la liquidación. Si bien muchos están dispuestos a aceptar la propuesta para poner punto final a un proceso que podría extenderse durante años, otros quieren llegar "hasta las últimas consecuencias", según expresaron a El País tras la audiencia de control de acusación.

Si bien muchos tienen la voluntad de firmarlo, se requiere una mayoría especial de acreedores, equivalente al 75%, que hasta el momento no se alcanzó. "Por el momento está trancado en un 70%", dijo una fuente del caso a El País. Según comunicó Goldring a través de sus abogados Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, la propuesta dejará de estar disponible cuando se termine la etapa de control de acusación.

Consultado el abogado Eduardo Sasson —que junto a Pablo Donnángelo representan a 105 damnificados—, dijo a El País que la de este miércoles fue una audiencia "formal" y que su equipo aportó material para el proceso penal, como correos electrónicos o documentos en los que se evidencia que Goldring obligaba a los inversores a firmar que tenían un perfil de inversión "agresivo".

El equipo fiscal de Lavado abrió la audiencia dirigida por la jueza de Crimen Organizado de 2^do Turno, Diovanet Olivera, resumiendo su acusación, en la que solicitó una pena de cuatro años de penitenciaría para Goldring por un delito de apropiación indebida. También pidió el decomiso de US$ 21 millones.

Los fiscales aseguraron que, como titular de CVM, Goldring llevó a sus clientes a invertir en productos de "altísimo riesgo". Entre ellos se encuentran las opciones put, instrumentos financieros que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender un activo a un precio determinado antes de una fecha de vencimiento específica.

En muchos de los casos, según la teoría fiscal, la corredora de bolsa no había informado debidamente a los clientes sobre los riesgos de esas inversiones que podían implicar "enormes pérdidas".

En ese contexto, Goldring debía cubrir obligaciones económicas, para lo que habría extraído dinero de cuentas en Estados Unidos donde clientes depositaban fondos con distintos objetivos.

Según el fiscal, no solo se tomó dinero para cubrir pérdidas de clientes, sino que también se habría usado dinero de clientes que ni siquiera eran inversores en bolsa y que creían tener sus fondos en efectivo.

“Se utilizaron ahorros e inversiones de algunos clientes para cubrir pérdidas de otros”, manifestó el fiscal Rodríguez.

Por su parte, la defensa de Goldring argumentó que la conducta de Goldring fue "penalmente irrelevante". "La falta de información jamás puede reconvertirse en un acto de adquisición de la propiedad", defendió Gonzalo Fernández.

En su primera intervención, el abogado aseguró que lo ocurrido encuadra "dentro del riesgo permitido" y que ese riesgo no es "jurídicamente desaprobado".

Una de las pruebas clave de la defensa es un informe del BCU que manifiesta que "para intentar parar la crisis provocada por la quiebra bursátil puso de su propio peculio una cantidad millonaria en dólares y sin embargo no pudo evitar la caída".

A pesar de que la defensa y Fiscalía llegaron a algunos acuerdos probatorios, la etapa de discusión de la prueba duró varias horas. Entre los puntos discutidos estuvo el levantamiento del secreto profesional de personas que prestarán testimonio en el caso.

"Esta audiencia es la llave del juicio", recordó a las partes la jueza, que solicitó que se depure la mayor cantidad posible de prueba para que llegue "información de calidad" al juicio oral.

La audiencia continuará el viernes. Este miércoles, la discusión se centró en los testigos propuestos por Fiscalía, entre ellos funcionarios del Banco Central, personal de CVM y de la Bolsa de Valores de Montevideo. También declararán 30 víctimas con situaciones distintas, consideradas representativas por Fiscalía.

Según informes a los que accedió Fiscalía y sobre los que declararán funcionarios de CVM, algunos empleados e incluso familiares de Goldring retiraron dinero cuando la empresa ya atravesaba una situación crítica.