"Incorrecta, irregular y desviada": llevan a juicio a Sara Goldring por apropiación indebida de millones de dólares

La Fiscalía de Lavado de Activos de 1^er Turno presentó la demanda acusatoria contra Sara Goldring por la forma en la que actuó al frente de la que era su corredora de bolsa, Custodia de Valores Mobiliarios (CVM). El fiscal Enrique Rodríguez, surge de la demanda a la que accedió El País, afirma que se apropió en forma indebida de US$ 21 millones que eran de los ahorristas que habían confiado en su negocio. De acuerdo al Banco Central del Uruguay, “el total del efectivo disponible al cierre representaba apenas el 0,7% del dinero que debería estar disponible”.

Por esto, la Fiscalía pide que sea condenada a cuatro años de prisión. A su vez, solicitaron que se cite a declarar a 55 testigos y se incorporen 35 piezas documentales. Entre ellos, hay funcionarios de la Bolsa de Valores, Lideco y del propio CVM, que detallarán cómo era la operativa de la empresa.

A juicio del fiscal, Goldring debe ser condenada por apropiación indebida, porque "se apropió del dinero que le fue confiado por parte las víctimas con la obligación de hacer un uso determinado (llevar adelante inversiones en operaciones de bolsa y productos financieros), en la medida en que lo empleó con otra finalidad (solventar los perjuicios económicos de otros inversores), convirtiéndolo en su provecho propio, desde que ello le permitió cobrar comisiones, mantener la imagen de que la empresa funciona, evitar la corrida y pérdida de clientes de su cartera, así como, en beneficio de un tercero haciéndose cargo de las pérdidas de otros sujetos, incumpliendo de esta manera, con la obligación asumida".

La empresa, fundada en 2005, se dedicaba al asesoramiento financiero. Cuando los clientes procuraban invertir a través de ella, debían escoger qué tipo de perfil querían tener. Las opciones eran muy conservador, conservador, moderado y agresivo. Como la mayoría de los inversores no tenían conocimiento en la materia, explicó el fiscal, eran muy permeables a lo que recomendara Goldring.

A su vez, la “inmensa mayoría” firmaba un “poder de libre administración”, lo que significaba que CVM pasaba a tener “amplias facultades” para gestionar y disponer de sus fondos. La empresa tenía cuentas a su nombre en el exterior para colocar los fondos de los ahorristas. Estas, llamadas “cuentas ómnibus” estaban en el Bank Jefferies y el Bank of New York Mellon. En Uruguay, había una en el banco República.

La maniobra, que terminó en pérdidas millonarias para los inversores, comenzó a raíz del proceder de Goldring respecto de un tipo de operación de venta específico: los “put”. En esa operación se pueden “generar importantes pérdidas” porque el vendedor de ese put está obligado a comprar acciones a quien sea el dueño a un precio pactado previamente. Ese precio es mayor al precio de mercado.

“Cuando llega la fecha acordada, si la acción que poseía ese tercero bajó considerablemente de precio, de todos modos, el cliente de CVM está obligado a adquirir esa acción, pero al precio preestablecido, cuyo valor era considerablemente mayor”, explicó el fiscal en la demanda acusatoria y agregó: “En esa situación, a pesar de que el cliente de CVM recibió un monto económico por asumir ese riesgo (prima), ese beneficio recibido no es suficiente para hacer frente al pago de las acciones que adquirió ya que las mismas se devaluaron en su valor de mercado”.

Para disminuir el riesgo, lo usual es que se exija la constitución de una garantía, lo que en este caso no ocurrió porque Goldring no lo pidió, argumentó la Fiscalía. “Lo anterior condujo a que otros clientes de CVM que tenían posiciones en la cuenta ómnibus y que no habían invertido en operaciones put, vieran afectados sus valores, ya que los mismos fueron utilizados en forma indebida e inconsulta por la acusada para solventar las pérdidas sufridas por los clientes que sí habían invertido en la señalada opción, por el manejo riesgoso que en ese aspecto hizo la imputada”, detalló Rodríguez.

Los damnificados nunca fueron notificados de que esto ocurrió, lo que hace que quede claro que se hizo un “uso arbitrario del mandato de libre administración, excediendo su alcance”. CVM, dijo el fiscal, “liquidó de forma trepidante y sin explicación alguna, empleando la inversión de sus clientes, como garantía de terceros clientes”.

Los ahorristas no tenían forma alguna de realizar un contralor exigente, puesto que “quedó acreditado que en los estados de cuenta que se remitían por parte de la empresa a sus clientes, no se reflejaban las pérdidas ni la realidad económica de cada inversor, lo que redundó en que éstos al no enterarse de las graves pérdidas padecidas, no pudieran tomar decisiones”. Incluso, sostiene la demanda, Goldring reconoció en Fiscalía que ocultó información a sus clientes para que no se produjera una “corrida”.

CVM “no informaba correctamente a sus clientes los precios reales de sus activos financieros, adulterando el valor de los puts (...) haciéndoles creer que tenían una posición (activo) mayor al que realmente poseían”.

“Así pues, la imputada ordenó a sus empleados que tergiversen los estados de cuenta que se les enviaba a sus clientes, para que éstos no advirtieran las considerables pérdidas que sufrían”, agrega la demanda.

Por otra parte, en junio de 2022, Goldring manifestó haber hecho un “salvataje de las inversiones” de sus clientes. La maniobra financiera descripta, indicó la Fiscalía, es “inadmisible” y las cifras manejadas eran “insuficientes para afrontar la sombría situación de los clientes”, además de que afectaba a “determinados inversores en particular”. En ese contexto, CVM tuvo reuniones con clientes y les ofreció una suscripción de un nuevo acuerdo para llegar a una solución. Ninguno lo firmó.

De acuerdo al Banco Central del Uruguay —cita la demanda— ese “salvataje” “tuvo como consecuencia el ocultamiento a los clientes de su verdadera posición así como de la auténtica situación en la que se encontraba CVM”.

“La incorrecta, irregular y desviada actuación de CVM a través de su presidenta, la hoy acusada, motivó el dictado de sendas resoluciones por parte del BCU”, recordó Rodríguez.

La investigación mostró que Goldring y su familia —personalmente y a través de sociedades— tenían 15 cuentas en el exterior sobre las que se trabó embargo. Al menos dos de ellas son sociedades en Panamá. El fiscal pidió el decomiso de US$ 21.486.401, el monto exacto de las pérdidas.