"Circo mediático" y "frustración de derechos": así se definió que Sara Goldring no viaje a Estados Unidos

Sara Goldring —imputada por apropiación indebida y señalada por pérdidas de US$ 100 millones— tiene derecho a poder salir del país sin importar el motivo. No corresponde discutir si el fin es legítimo o no, le dijo la jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera. Su intención, indicó el abogado de Goldring, Marcelo Domínguez, era visitar a su hijo, que vive en Estados Unidos, para su cumpleaños número 50. Sin embargo, fundamentó Olivera, para autorizar esa salida —a la que tiene derecho— debía dejar como fianza un monto de dinero que asegurara que ella iba a retornar. La jueza fijó la cifran en US$ 300 mil y Goldring afirmó no tenerlos.

Según reconstruyó El País, la exempresaria no puede disponer de su patrimonio y no buscará reunir el monto para poder viajar a Estados Unidos. Al saber que no iba a conseguir el dinero, Olivera resolvió que, entonces, no se haría lugar a la autorización.

Goldring era responsable de la empresa corredora de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM). Hace aproximadamente tres años, comenzó a recibir denuncias de ahorristas quienes afirmaban que había usado su dinero para operaciones que no eran las acordadas. Eso resultó en pérdidas millonarias, que estiman en US$ 100 millones.

A la audiencia concurrió poco más de una decena de víctimas que estaban ansiosas por poder ver frente a frente a Goldring. Pese a que vivían como "escandaloso" el hecho de que fuera probable que le garantizaran la autorización —la Fiscalía no se oponía—, sus abogados hicieron uso de su derecho a ser oídos y le pidieron a la jueza que negara el petitorio.

Francisco Flores/Archivo El Pais

Por su rol en el proceso penal uruguayo —en el que las víctimas no son consideradas "parte" sino un tercero colaborador— no podían oponerse de manera formal, pero sí tenían derecho a hablar y a ser escuchados. De esta manera, se expresaron Ana Irabedra, Nicolás Ghizzo y Eduardo Sasson.

La primera fundamentó que no existe "ningún motivo de fuerza mayor" que justifique la salida de Goldring del país. A su juicio, además, existía un "real peligro de fuga, de entorpecimiento y frustración de los dineros de las víctimas".

Agregó que la imputada tiene una cuenta en el banco Jeffries de Estados Unidos con "no menos de 22 millones de dólares" y se le reportó a la Fiscalía que ella tuvo intenciones de retirar ese monto. "Su capacidad económica le permite perfectamente sostenerse afuera del país", resumió.

Tanto Ghizzo como Sasson hicieron énfasis en que, si bien su posibilidad de participar estaba acotada por el estatuto de la víctima, sus clientes estaban muy preocupados por una eventual salida de Goldring del país.

Domínguez —que junto a Gonzalo Fernández defienden a Goldring— había insistido en que el motivo del viaje era "estrictamente familiar" y criticó que se hubiera considerado que la razón del viaje como "risueña". "Yo creo que para una madre ver a un hijo nunca es un motivo nimio", acotó y criticó el "circo mediático" que se creó alrededor de la solicitud.

La Fiscalía —representada en audiencia por Federico Rodríguez y Andrea Graña— explicó que no había motivos legales para oponerse, por lo que no lo harían, pero tenían solo una mínima discrepancia. Eso terminó sellando la suerte de la audiencia.

El abogado de Goldring pretendía que se tomara como fianza unos US$ 300 mil que ya habían sido incautados por la Justicia. La posición de la Fiscalía es que ese dinero tiene como fin asegurar un monto para que, si ella eventualmente resultara condenada, se pudiera decomisar. Por lo que, sostuvieron, debía dejar como fianza dinero que estuviera a su disposición. Sugirieron que fueran otros US$ 300 mil.

Sin embargo, la imputada aseguró que no estaba en condiciones. Indicó que uno de sus hijos podía depositar como fianza la suma de US$ 30 mil.

Asociación de Prensa Uruguaya (APU)

La jueza hizo hincapié —frente a la mirada expectante de los ahorristas— que ella tenía derecho a ir al viaje y que tenía que ser considerada inocente hasta que una sentencia firme demostrara lo contrario. Pero entendía, como lo hizo la Fiscalía, que la fianza debían ser US$ 300 mil extra.

"Nosotros estamos en un proceso con múltiples víctimas, queremos que este proceso llegue al final. Todos se merecen que se resuelva la situación, incluso usted que se resuelva su responsabilidad a través del transcurso de este juicio (....) Entiendo que sí, que efectivamente para que se brinde esta autorización dada la magnitud de lo que se está discutiendo, en esta causa, el monto tiene que sea un monto que permita, por lo menos, determinar que usted va a retornar al país por ese monto", expuso Olivera.