Cardama: el gobierno aún no resuelve futuro de lo construido y oposición avisa por riesgo de que sea "chatarra"

La comisión especial creada en el seno de la Asamblea General para investigar el caso Cardama sigue adelante con su trabajo ordinario sesión a sesión todos los lunes, y desde hace un tiempo está enfocada en el episodio propiamente dicho de la compra de las dos patrulleras oceánicas al astillero español, lo que significa indagar en los capítulos que conciernen a la actuación del gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025). Pero mientras tanto, la administración de Yamandú Orsi se encuentra abocada en la búsqueda de un nuevo astillero al que encargarle otras dos patrulleras OPV —un compromiso asumido por la actual gestión y a concretar en este período—, para lo cual deberá sortearse un desafío que fue abordada en una de las últimas sesiones de la comisión parlamentaria: qué hacer con lo que Cardama ya construyó y hoy está estacionado en sus instalaciones de Vigo.

Porque ese esqueleto de acero —que implica más o menos el 50% del proceso de la primera unidad—, a partir del momento en que el gobierno anunció la rescisión del contrato por sendas irregularidades en la composición de las garantías —lo que sucedió el 13 de febrero— es propiedad del Estado uruguayo, y a él debe ser transferido.

El propio dueño del astillero español, Mario Cardama, recordó esta situación al gobierno en una carta enviada este verano, luego de la rescisión, e incluso cuestionó al Ejecutivo de no interesarse hasta ese momento por "lo construido". Y advirtió, en este sentido, sobre la necesidad de mitigar "las consecuencias dañosas" retirando del astillero "lo construido lo antes posible".

La complejidad de este tema estuvo arriba de la mesa en el Parlamento en la sesión del 26 de abril, cuando compareció Jorge Wilson, comandante en jefe de la Armada durante el anterior período, para responder por las "contradicciones" en que, a criterio del actual gobierno y el Frente Amplio, incurrió en 2025 al dar explicaciones a las autoridades entrantes sobre las decisiones adoptadas que llevaron a la anterior administración a firmar el contrato con Cardama. Pero sobre el final de la sesión, el diputado nacionalista Pablo Abdala pidió conocer la visión del almirante retirado acerca de las posibilidades de trasladar a otro sitio —a otro astillero español, por ejemplo, o incluso alguno "más lejano"— la estructura de acero.

"Es difícil dar una respuesta", contestó Wilson a la pregunta, de acuerdo a la versión taquigráfica. "Si se va a ir por la construcción de otro OPV, posiblemente, el diseño no sea el mismo que empezó a construir Cardama. ¿Si se puede sacar de ahí? Todo se puede sacar. Han movido monumentos históricos en Egipto para hacer una represa, o sea que esto lo pueden sacar por una chata, de cualquier manera se puede sacar, el problema es dónde se manda —explicó el excomandante en jefe—. Generalmente, (en) cualquier lugar que uno disponga para poner esto, si no va a ser utilizado, va a tener que pagar un alquiler, un piso. Si la opción que se elige de un OPV no va en línea con lo que ya se estaba construyendo, esto no le sirve. Y como chatarra es perder valor".

Esto generó preocupación en filas de la oposición, que han exigido al gobierno que tome una definición en este tema cuanto antes. "Esta es la corroboración —dijo Abdala a El País— del daño que causó al Estado la decisión precipitada e irresponsable que adoptó el gobierno al rescindir el contrato. Es solo el primer coletazo de una definición que, reitero, fue inapropiada, y es un daño que se agrava cada día que transcurre".

Asimismo, Abdala consideró que esta situación tiene como consecuencia que "la posición de Cardama se vea robustecida ante la perspectiva de enjuiciar al Estado, porque puede alegar un daño cada día mayor en la medida en que ese material que ya no le pertenece y ahora es propiedad del Estado uruguayo está ocupando su infraestructura". Ese costo "de piso", agregó el diputado, "es absolutamente inestimable, o sea que ahí hay sin duda un daño latente y una pérdida económica que todavía no está estimada, pero que sin duda el Uruguay la va a tener, y además la confirmación de que lo que está allí solo sirve para chatarra, porque o se utiliza en el proyecto que se estaba construyendo o no sirve para nada, y como chatarra apenas compensará los bastante más de US$ 30 millones que el Estado lleva invertido en la construcción de las patrulleras".

El diputado también blanco Gabriel Gianolli aseguró en tanto que la mejor solución, a su criterio, es que el astillero que termine eligiendo para encargar la construcción de las patrullas —que, como ya se leerá, el Ejecutivo todavía sigue en fase de análisis— sea español. "Orsi no descartó que esto sea lo que ocurra, y sería además lo más viable", dijo el legislador. "Ahora, hay que tener en cuenta que en España no hay hoy astillero con espacio como para recibir el material. Si la pregunta es acerca de qué es lo más práctico para resolver este problema, diría que se termine la construcción en donde se encuentra ahora".

La elección de un constructor español es algo que efectivamente forma parte de las posibilidades, dijo el presidente semanas atrás en rueda de prensa.

"Eso —reconoció—, nos da una ventaja".

En las últimas horas Orsi volvió a ser consultado por los medios por qué avance ha hecho el gobierno en relación al nuevo contrato, y si seguía siendo una opción la donación ofrecida por Estados Unidos de un buque del tipo Reliance, considerado muy antiguo por la Armada Nacional, que además ha considerado que son muchas las refacciones necesarias.

"No (se avanzó) mucho —contestó este jueves por la tarde—. Creo que incluso aparecieron otras opciones, que capaz sin ser tan onerosas son incluso hasta más rápidas de conseguir. Veremos. Algunas propuestas ustedes ya las manejan: (de) Reino Unido, Francia... hay otras opciones".

No precisó, sin embargo, cuándo se concretará el nuevo negocio. "Vamos a ver. Cuando aparezcan propuestas concretas, con números concretos".

Sobre qué hace con el material que espera en el astillero gallego opinó el pasado sábado 25 de abril el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani, en conversación con la prensa. Luego de participar en el plenario de su sector, Caggiani volvió a considerar el caso Cardama como uno de los escándalos del gobierno pasado, propiciado por la decisión de la administración de Lacalle Pou de comprar las patrulleras oceánicas "a un astillero español que no tenía una sola experiencia" en el rubro. "Y terminó como terminó: tenemos unas chatarras en Galicia que tenemos que ver cómo las traemos", lamentó el referente del sector mayoritario del Frente Amplio, antes de adelantar una postura personal: "Si me preguntan a mí, habría que traerlas y ponerlas en la Plaza Independencia y hacer un monumento a la ruina más grande que tuvo la Armada Nacional en el último gobierno".