Respuesta de Cardama al gobierno: "Todo el actuar del Estado es una incongruencia, una improvisación prepotente"

Los adjetivos que utilizó el astillero Cardama en la carta de respuesta a la notificación del Estado uruguayo sobre la rescisión del contrato, comunicada públicamente en conferencia de prensa el pasado 13 de febrero, fueron negativos y hasta despectivos respecto al accionar del gobierno de Yamandú Orsi en este tema. Fue un descargo en el que buscó, exactamente un mes después del anuncio presidencial, responder todos los puntos que impugnó la administración frenteamplista para dejar de lado la compra de dos patrulleras oceánicas de tipo OPV por un valor superior a los 82 millones de euros que había acordado el gobierno de Luis Lacalle Pou.

"Rechazamos por ser totalmente ilegítima la rescisión comunicada por ustedes", es la primera aseveración que hace la empresa española, en un documento de unas seis páginas que forma parte del expediente administrativo sobre este caso creado en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), y al que accedió El País.

"Lo único que ratifica su comunicación es un modo de proceder abusivo, y malintencionado del Estado uruguayo que ratifica que nunca les interesó escuchar razones de tipo alguno estando en cambio comprometidos desde el inicio únicamente con concluir a como diera lugar (...) el contrato", agrega la carta, que a continuación pasa a encadenar sus respuestas a las acusaciones contra las garantías —la de fiel cumplimiento y la de reembolso, ambas cuestionadas por el gobierno— que efectuó el Poder Ejecutivo y en las que basó su fundamento técnico para rescindir el acuerdo.

Sobre la de fiel cumplimiento —de un valor de € 4 millones—, que Orsi y el prosecretario Jorge Díaz calificaron como "inexistente", "falsa", "trucha" y proveniente de una "empresa de papel", Cardama reiteró sus argumentos defensivos: "El Estado-MDN sigue ignorando olímpicamente que Francisco Cardama S.A. (Cardama) fue una víctima de lo sucedido y no al contrario", y añade —cuestiona— que el Estado "jamás menciona que Cardama denunció penalmente la situación". "El Estado-MDN obró siempre contra el principio de inocencia", se lee también en el documento, en donde el astillero también denuncia haber sido tratado "de modo medieval" y perjudicado en la conferencia de prensa del 22 de octubre del año pasado. Ese día, el gobierno se preocupó por "enlodar a Cardama", en lugar de exhibir su interés por constituir "una nueva garantía", lamenta el astillero. Y esto, a su entender, ocurrió "a tal punto que el Estado-MDN jamás intimó" a la contraparte para que se formara otra garantía, "y dinamitó incluso instancias de mediación para evitar cualquier posibilidad de acción".

Sobre la garantía de reembolso, por el doble de valor que la anterior —y que para el gobierno tampoco cumplía con las características formales mínimas—, Cardama consigna que con fecha 27 de enero de este año el Estado envió dos comunicaciones oficiales avisando que "la garantía de reembolso no se había constituido y que ello ameritaba la rescisión del contrato". La firma de Galicia sostiene en respuesta que logró dejar "en evidencia que el Estado-MDN manipuló y ocultó la información que le fue dada por la empresa Redbridge y que el Estado-MDN supo desde mucho antes del 21/1/26 que la garantía estaba perfectamente constituida e incluso contó también con el texto de la misma".

El gobierno había comunicado a Cardama que lo que se había presentado era un documento sobre "términos y condiciones" pero no la póliza, algo considerado un "grave incumplimiento", pero Cardama retrucó afirmando que el 12 de enero pasado el Estado "accedió" a una "copia de toda la garantía", y que sin embargo "eligió ocultarlo".

Con ironía, la empresa gallega agrega que no encuentra explicación para entender por qué el Estado "no hizo el análisis" sobre esta garantía "antes de efectuar los pagos que hizo, o bien antes de salir a montar una conferencia de prensa".

"O sea —escriben unas líneas más abajo, y subrayado—, todo en el actuar del Estado-MDN es una incongruencia, una improvisación prepotente; el único punto en común en todas las gestiones del Estado-MDN es el compromiso y deseo de concluir a como diera lugar que se debía rescindir el contrato".

Más adelante también se afirma que el anuncio del gobierno de iniciar acciones legales para buscar un resarcimiento es "simplemente el corolario" de un proceder "errático, confuso e incorrecto" y de parte de un Estado que, a su entender, mantuvo en todo momento "actitudes tozudas y de abierto desprecio por la legalidad".

Más de una vez volvió el texto de Cardama —dirigido formalmente a la ministra Sandra Lazo— hace referencia a la decisión del gobierno de anunciar la rescisión por conferencia de prensa. La evidente molestia se generó, sobre todo, con la del 22 de octubre, un acto que Cardama calificó como "grotesco, de abierto incumplimiento contractual y falto de todo estilo, de exabrupto".

"Y falso es que lo efectuado —dice también— tenga nada que ver con la satisfacción de interés público ni similar. Porque para rescindir un contrato o para hacer una denuncia penal no es necesario montar un espectáculo circense, ni ensuciar gratuitamente a nadie como se hizo".

Unido con esto, Cardama acusa al gobierno de no importarle el contrato "ya que se encargaron de tornarlo de casi imposible ejecución, haciendo el máximo esfuerzo para frustrarlo". "Porque sabido es que para un contrato de construcción son esenciales los subcontratos y lo que ustedes hicieron fue deliberadamente espantar/ahuyentar a todos nuestros subcontratistas con anuncios de terminación de contrato que destilaban agresividad y animadversión". Como ejemplo de esto, la carta alude a la dificultad que tuvieron para instalar los motores Caterpillar, algo que fue mencionado públicamente por jerarcas del gobierno y que el astillero ahora lamenta y pide también sobre esto explicaciones: "Cardama le hizo saber al Estado-MDN con fecha 13 de noviembre de 2025 que el exabrupto de fecha 22 de octubre de 2025 había impactado en los subcontratistas y en especial en el proveedor de los motores y luego, con fecha 26 de noviembre de 2025, que dicho contrato había sido dejado sin efecto por el proveedor".

También molestó al astillero lo que consideró como "verdaderas campañas difamatorias expresadas en sistemáticas declaraciones de las autoridades uruguayas en cuanta cámara y micrófono estuvieran disponibles, con omisiones dolosas, sesgos intolerables y donde se utilizó el peso del Estado en forma torcida y con ensañamiento".

Más allá de la rescisión dispuesta por el gobierno, en esta carta Cardama también "da por terminado el contrato", pero en su caso "por incumplimiento del Estado-MDN". Y a continuación, ya sobre el final, el astillero reserva un subtítulo para recordar la "obligación de mitigar los daños" de parte del Estado uruguayo.

A esta altura de los acontecimientos, queda por resolver qué destino tendrá lo que se lleva de construido en el astillero de la ciudad de Vigo. El artículo 21 del contrato dispone que en caso de una terminación anticipada del acuerdo, que es lo ocurrido en este caso, "la propiedad de lo construido hasta ese momento se transfiere de pleno derecho al Estado-MDN", afirma la carta de Cardama, reconociendo esta disposición.

Ahora bien, Cardama intima ahora al gobierno a proceder en consecuencia, ya que hasta ahora "no se interesó por lo construido", que la firma estima en un valor de € 28 millones. "Por ello —concluye Cardama—, aun considerando esta parte radicalmente ilegítima la pretendida rescisión contractual comunicada por el Estado uruguayo y rechazando íntegramente todos y cada uno de los supuestos incumplimientos que se le atribuyen, y a los efectos de que se mitiguen las consecuencias dañosas, le invita al Estado-MDN a arbitrar lo necesario para retirar de sus instalaciones lo construido lo antes posible".

La advertencia es clara: "Actualmente lo construido ocupa buena parte de las instalaciones de Cardama, generando gastos e inconvenientes que se traducirán en más daños que deberán ser indemnizados por el Estado-MDN".