Oposición denuncia falta de información y “bloqueo” del Ejecutivo a comisión investigadora por Cardama

En conjunto, los diputados Felipe Schipani, Pablo Abdala y Gerardo Sotelo denunciaron en conferencia de prensa la falta de información pertinente para avanzar en la comisión investigadora que indaga el caso Cardama.

El diputado del Partido Nacional manifestó “preocupación y sorpresa” debido a que la documentación que llegó desde el Poder Ejecutivo era alrededor del “20% de lo solicitado” por los legisladores.

“La respuesta es notoriamente insuficiente e incompleta. Estamos hablando de la quinta parte de toda la documentación que se solicitó. Es evidente que del 80% restante lo consideramos absolutamente indispensable para el trabajo de la comisión e indagar los hechos que están a estudio”, dijo Abdala.

No obstante, una información que sí fue remitida a la comisión investigadora —en carácter reservado— y que los detalles no han trascendido públicamente fue la denuncia penal que el gobierno presentó y que posteriormente amplió en varias instancias en Fiscalía.

Para el diputado blanco, sin embargo, el Ejecutivo muestra “una actitud de no colaborar con el trabajo de la comisión y un manejo caprichoso y de manipulación” de la información. En esta línea, criticó Abdala, no se “puede avanzar” ni siquiera en la convocatoria a los distintos testigos.

En esta línea, Abdala denunció que “hay un bloqueo” del Poder Ejecutivo, del Frente Amplio y de la ministra Sandra Lazo para que la comisión no cumpla con el fin que fue creada.

En detalle, con un enfoque particular en la rescisión del contrato y no de la compra de las patrullas oceánicas, Abdala reclamó que no llegó “casi ninguna documentación sobre el proceso de la construcción”, en particular “el intercambio entre el Ministerio de Defensa y la empresa desde el 1° de marzo de 2025”.

También se hizo referencia a la ausencia de los reportes de los oficiales de la Armada Nacional enviados a Vigo para el seguimiento de la construcción de los barcos y la falta del acto administrativo para la rescisión, que no fue interpuesta por el astillero español, entre otra documentación como los informes técnicos-jurídicos solicitados para finalizar con el contrato de forma unilateral.

Tampoco se incorporaron en la información enviada, según la oposición, las distintas investigaciones administrativas que tuvieron lugar en la órbita de Presidencia y del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Ha habido un retaceo en la información que se ha brindado de parte del Poder Ejecutivo y esperamos que recapacite”, resumió Abdala.

A su turno, Sotelo sostuvo que lo que se debe “dilucidar” es el accionar tanto del gobierno anterior —que firmó el contrato y concretó la compra de las patrulleras por 82,5 millones de euros— como del actual, que resolvió la rescisión tras constatar irregularidades, entre ellas la presentación de una garantía falsa por parte de Cardama (la de Eurocommerce).

“Lo que hay que dilucidar es la manera en la que actuaron los dos últimos gobiernos con respecto al contrato. Es decir, si actuaron de buena fe y respetando las normas. Y en el caso de la presente administración si tomó la mejor decisión que podía tomar al rescindir. El objetivo de acceder a dicha información es para poder comprender si el gobierno actual tomó la mejor decisión al rescindir para proteger el patrimonio público y si actuó de buena fe. Es decir, con la intención de respetar el contrato”, apuntó el representante del Partido Independiente.

Finalmente, Schipani calificó el estado de situación de la comisión investigadora como “a la deriva”. El colorado cuestionó que, siendo Cardama uno de los temas que más debate político ha generado a lo largo del gobierno, “el Ministerio de Defensa no tenga a mano toda la documentación”.

En tanto, Lazo respondió que la información va a estar y que desde la cartera se trabaja en poder recopilar la mayor cantidad de documentación posible, considerando que la investigadora fue pactada para durar seis meses.

“No es sencillo porque el ministerio tiene un sinfín de tareas además del caso Cardama. No tengan duda de que toda la información que fue requerida se va a entregar. Se fijaron seis meses en esta investigadora. Creo que no va uno todavía. Así que esa ansiedad que tienen… yo creo que es legítima, porque yo también fui legisladora, pero si se fijaron seis meses, no pueden pretender que en un mes entreguemos toda la información”, declaró a La Diaria.