Parlamento abre debate ante posible limitante legal del Ejecutivo para dar a conocer denuncia contra Cardama

Con la conformación de la comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de las patrullas oceánicas y la posterior rescisión con el astillero Cardama, que comenzó a sesionar ayer, se empezó a manejar la posibilidad de que los legisladores miembros puedan acceder a la denuncia penal que presentó el gobierno y sus posteriores ampliaciones.

El senador Eduardo Brenta dijo este lunes que “la documentación está disponible y se va a entregar absolutamente toda”, pero se refirió a una posible restricción.

“Con respecto a la denuncia penal la oficina que respondió al senador Andrés Ojeda su pedido de acceso a la información pública señaló que una vez presentada en el ámbito de la Fiscalía adquiere carácter de reservada. Se aconseja al Poder Ejecutivo no entregar la denuncia penal. Este aspecto es importante porque se ha dicho que es una decisión política del gobierno, cuando en realidad hay una opinión jurídica que dice que no se puede concederla. Pero según los adelantos en las conversaciones que hemos tenido en este tiempo, a la comisión se le va a entregar la denuncia penal con carácter de reservada”, apuntó Brenta en diálogo con radio Carve.

Según supo El País, el planteo que hizo público el dirigente de la Vertiente Artiguista fue nuevamente puesto sobre la mesa en la primera sesión de la comisión especial.

Desde Presidencia dijeron a El País que, a la espera de las solicitudes formales de cada uno de los insumos que se requieran desde el Parlamento, “se estudiará específicamente este punto en cada caso, teniendo en cuenta las particularidades de la comisión”. “En principio la disposición del Poder Ejecutivo es entregar toda la información que se requiera”, agregaron.

No obstante, en la respuesta a Ojeda, que fue firmada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el gobierno se amparó en el artículo 259 del Código del Proceso Penal (CPP) para negarle al senador colorado el acceso a la denuncia penal.

“Las actuaciones de investigación preliminar llevadas a cabo por el Ministerio Público y por la autoridad administrativa, serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y su defensor, así como la víctima, podrán examinar los registros y documentos de la investigación fiscal”, establece el inciso dos del artículo que fue citado en la contestación. También se mencionaron otros dictámenes pasados de la Unidad de Acceso a la Información Pública para justificar la decisión.

En la resolución del 7 de enero se indicó que, a partir las normas mencionadas, entregar la información peticionada “haría incurrir a la Presidencia de la República en responsabilidad por violentar la reserva legal expresamente dispuesta por el CPP y la reserva administrativa antes relacionada”.

Frente a esta circunstancia, una hipótesis jurídica que se maneja en el Parlamento es que Ojeda es un tercero ajeno al procedimiento, al igual que lo son los diputados y senadores que forman parte de la comisión especial.

Por tanto, si se remitiera la documentación presentada ante Fiscalía, podría configurarse al menos un incumplimiento de la ley citada por la propia Presidencia.

El arranque del trabajo de la comisión especial no fue de la mejor manera. Las tensiones y desencuentros que hubo la semana pasada entre oficialismo y oposición, antes de que acordaran la creación de este ámbito en el seno de la Asamblea General parece haberse reflejado en los primeros minutos de la sesión de este miércoles, tras los que el diputado nacionalista Pablo Abdala intervino para que quedara en actas que el Frente Amplio actuó, a su parecer, “con una elocuente y manifiesta falta de cortesía parlamentaria”.

Ese fue el corolario de un debate que centralizó los primeros intercambios en dilucidar quién debía ocupar la presidencia de la comisión -el acuerdo político fue que estuviera a cargo de la oposición- en vistas de la ausencia del senador blanco José Luis Falero. La coalición opositora propuso que fuera votado Abdala, pero el Frente Amplio hizo pesar su mayoría en la comisión para designara al senador Nicolás Viera como encargado de conducir la sesión, con el argumento de que su función formal ya establecida era la de ejercer como vicepresidente.

Todo lo cual desencadenó un ida y vuelta y la opinión que Abdala quiso que quedara en la versión taquigráfica -a la que accedió El País- así como en la prensa, en el posterior diálogo con los medios.

Superado ese escollo, los legisladores presentes -de todos los partidos- abordaron la segunda inquietud que dominó la primera sesión -de una veintena que tendrán, a razón de una por semana, y durante seis meses-: los alcances investigativos del órgano.

“Yo quiero aclarar que el Poder Ejecutivo ha transmitido que está dispuesto a entregar absolutamente toda la información disponible sobre este tema. Por lo tanto, esta comisión va a tener acceso a ella -dijo el senador frenteamplista Eduardo Brenta-. Ahora bien, hay que tener presente la particularidad de que esta no es una comisión investigadora. Este es un tema que vamos a tener que encarar. En realidad, a esta comisión no hay nadie obligado a venir, en la medida en que no es una comisión investigadora”.

A partir de allí diputados y senadores se enfrascaron en un debate, y llegaron a la conclusión -y esto fue votado por unanimidad- de que será necesario hacer una consulta a los servicios jurídicos del Parlamento a los efectos de entender cuál es el alcance real, y sus potestades, de esta comisión especial.

Porque a algunos legisladores eso generó dudas importantes. Sobre todo ante la posibilidad de que los citados a declarar decidan no hacerlo en atención de que no estarían respondiendo ante una comisión investigadora, ámbito al que aunque nadie está formalmente a comparecer, tiene mayor peso simbólico y otras prerrogativas parlamentarias -como la reserva y la exclusividad de quienes asisten con regularidad.