El arranque de la comisión especial formada en el Parlamento con el objeto de investigar el caso Cardama y el proceso iniciado 16 años antes para adquirir dos patrulleras oceánicas no fue de la mejor manera. Las tensiones y desencuentros que hubo la semana pasada entre oficialismo y oposición, antes de que acordaran la creación de este ámbito en el seno de la Asamblea General —y no una en cada cámara, como estuvo a punto de ocurrir— parece haberse reflejado en los primeros minutos de trabajo de la comisión este miércoles, tras los que el diputado nacionalista Pablo Abdala intervino para que quedara en actas que el Frente Amplio actuó, a su parecer, "con una elocuente y manifiesta falta de cortesía parlamentaria".
Ese fue el corolario de un debate que centralizó los primeros intercambios en dilucidar quién debía ocupar la presidencia de la comisión —el acuerdo político fue que estuviera a cargo de la oposición— en vistas de la ausencia del senador blanco José Luis Falero. La coalición opositora propuso que fuera votado Abdala, pero el Frente Amplio hizo pesar su mayoría en la comisión para designara al senador Nicolás Viera como encargado de conducir la sesión, con el argumento de que su función formal ya establecida era la de ejercer como vicepresidente.
Todo lo cual desencadenó un ida y vuelta y la opinión que Abdala quiso que quedara en la versión taquigráfica —a la que accedió El País— así como en la prensa, en el posterior diálogo con los medios.
Superado ese escollo, los legisladores presentes —de todos los partidos— abordaron la segunda inquietud que dominó la primera sesión —de una veintena que tendrán, a razón de una por semana, y durante seis meses—: los alcances investigativos del órgano.
"Yo quiero aclarar que el Poder Ejecutivo ha transmitido que está dispuesto a entregar absolutamente toda la información disponible sobre este tema. Por lo tanto, esta comisión va a tener acceso a ella —dijo el senador frenteamplista Eduardo Brenta—. Ahora bien, hay que tener presente la particularidad de que esta no es una comisión investigadora. Este es un tema que vamos a tener que encarar. En realidad, a esta comisión no hay nadie obligado a venir, en la medida en que no es una comisión investigadora".
A partir de allí diputados y senadores se enfrascaron en un debate, y llegaron a la conclusión —y esto fue votado por unanimidad— de que será necesario hacer una consulta a los servicios jurídicos del Parlamento a los efectos de entender cuál es el alcance real, y sus potestades, de esta comisión especial.
Porque a algunos legisladores eso les generó dudas importantes. Sobre todo ante la posibilidad de que los citados a declarar decidan no hacerlo en atención de que no estarían respondiendo ante una comisión investigadora, ámbito al que aunque nadie está formalmente obligado a comparecer, tiene mayor peso simbólico y otras prerrogativas parlamentarias —como la reserva y la exclusividad de quienes asisten con regularidad.
"Me llaman un poco la atención las limitaciones a la investigación que se pueden tener en esta comisión si no funciona como investigadora", planteó, por ejemplo, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, que no descartó retomar la iniciativa de investigar el caso Cardama en la cámara de Representantes. "Sabido eso, en este momento anunciamos que vamos a analizar volver a presentar una investigadora en la Cámara de Diputados que sea una investigadora al fin, porque el hecho de que vayamos a funcionar como una investigadora y tengamos limitaciones nos hace bastante ruido".
El acuerdo, sin embargo, fue esperar las conclusiones jurídicas encargadas sin que por ello se frene el trabajo de la comisión.
La información ya solicitada
Como otro de los temas tratados, la comisión votó por unanimidad las demandas de información, y de comparecencia, que ya planteó en sala el Partido Nacional, y que involucran a varias personas responsables del proceso de compra y de la rescisión del contrato con el astillero,tal como dio cuenta El País este miércoles.
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