Gobierno evalúa pagar US$ 60 millones por cada patrulla OPV: la clave que se analiza es el mecanismo de pago

El presidente Yamandú Orsi aseguró este jueves que los precios de las patrulleras oceánicas de tipo OPV que el gobierno analiza luego de haber rescindido el contrato con el astillero Cardama están en el entorno de los US$ 60 millones.

Eso es "lo que sería viable gastar" en este rubro de acuerdo a los sondeos realizados, dijo el mandatario en una conversación con periodistas en la Torre Ejecutiva, en la que participó El País. Allí también aseguró que el objetivo del gobierno es comprar dos embarcaciones para patrullar el mar, además de la donación del buque Resiliance de la Guardia Costera de Estados Unidos y que Uruguay ya comunicó que está interesado en aceptar.

"Más importante o tan importante que el costo es cómo lo pagás", advirtió también el presidente, que también aseguró que "la opción más interesante" que maneja hoy el gobierno en este tema es la compra de "país a país".

Más temprano este jueves se supo que la rescisión del contrato con Cardama no fue recurrida por el astillero español, lo que permite al Ministerio de Defensa Nacional avanzar en el reclamo de daños y perjuicios.

“La novedad que me informaron del Ministerio de Defensa al día de hoy es que el acto administrativo de la rescisión del contrato no fue recurrido por el astillero, la rescisión es definitiva. No hay que tratar ningún recurso ni va a haber juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que queda pendiente son las consecuencias de la rescisión, que son los daños y perjuicios”, expresó en declaraciones a Subrayado (Canal 10) Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia.

El prosecretario agregó que este nuevo paso permite al ministerio iniciar el proceso de reclamo por los daños y perjuicios a Cardama. “Es un paso importante, para nosotros es clave en la medida que la no interposición del recurso deja definitivo el acto. Nos da una gran tranquilidad de haber actuado conforme a derecho”, aseguró.

Díaz sostuvo entonces que el Estado "cumplió con todas sus obligaciones" y que "no existió ninguna garantía vigente", lo que habilitó la rescisión, y explicó que "la decisión fue tomada con el respaldo de expertos". Además, se impulsarán investigaciones penales, administrativas, civiles y políticas para determinar eventuales responsabilidades en Uruguay.