Gobierno declaró reservada información sobre asesoramiento jurídico en caso Cardama; oposición va a la Justicia

El gobierno de Yamandú Orsi volvió a negar a la oposición el acceso a información vinculada al caso Cardama, el astillero español que durante la administración pasada firmó un contrato millonario para proveer al Estado de dos patrulleras oceánicas, y que el actual Poder Ejecutivo se encamina a rescindir luego de denunciar varias irregularidades en las garantías presentadas y en la fase de construcción de las embarcaciones.

A mediados de enero, ante un pedido de acceso a la información pública que había elevado el senador Andrés Ojeda para conocer detalles sobre el contenido de la denuncia penal por este tema, había sido Presidencia quien declaró "reservada" la información.

Ahora, ante una solicitud que volvió a presentar el legislador colorado junto con el senador nacionalista Javier García, fue el Ministerio de Defensa el que brindó una respuesta en los mismo términos.

La ministra Sandra Lazo, firmante de la resolución fechada el 9 de febrero —y a la que accedió El País—, se opuso a dar a conocer, por tratarse justamente de "información reservada", los detalles de "un informe elaborado por la Dra. Cristina Vázquez, así como con un estudio de carácter internacional, en los que se recomendaría la rescisión del contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Astillero Cardama Shipyard", algo sobre lo cual, y sin entrar en profundidad, ella misma había hecho comentarios en la televisión pública semanas atrás —como se recoge también en la resolución.

Como respuesta a esta negativa, Ojeda y García decidieron acudir a la Justicia para promover una acción de acceso a la información pública, tal como está regulado en la ley N° 18.381, instancia en la que serán representados por el abogado Pablo Schiavi.

"Basta de esconder todo —reclamo Ojeda en diálogo con El País—. No puede ser que en un país como Uruguay, que tiene el nivel de democracia plena que tiene, escondan todo. No lo podemos permitir. Y no descarto hacer lo mismo con la información que me negaron sobre la denuncia".

García, ministro de Defensa durante la administración de Luis Lacalle Pou y protagonista del proceso de compra de las dos lanchas OPV, fue más allá. Dijo que había una práctica de "oscurantismo y falta de transparencia" en este tema por parte de la gestión presidencial y ministerial. "Esa es la estrategia que han adoptado para tomar una decisión donde lo político está por encima de lo jurídico, como ya lo reconoció la ministra Lazo".

Como Ojeda, subrayó: "Basta de la práctica de oscurantismo en este asunto".

Luego de que El País informara este miércoles que en el equipo del fiscal de Delitos Económicos de 1° Turno, Alejandro Machado, tenían una postura crítica con la calidad de las evidencias presentadas por el gobierno a fines de octubre pasado, algunos referentes blancos y colorados aprovecharon para fustigar al Ejecutivo.

"El fiscal uruguayo dice que la denuncia del Frente Amplio tiene cero valor jurídico. ¿Se entiende? Cero valor jurídico. Por eso no le dan la denuncia a Andrés Ojeda y la declaran reservada", escribió en la red social X, entre otros, el senador nacionalista Sebastián Da Silva.

El propio Ojeda se refirió a esto mismo. "¿Ven por qué era importante que hicieran pública la denuncia por el tema Cardama", se preguntó el colorado.

La postura del equipo del fiscal es esperar a que el gobierno, como denunciante, "corrija" la forma como presentó varios de los documentos enviados como prueba de la propia denuncia.

Por ejemplo, y según relataron allegados al fiscal —y a lo que se refirió Da Silva—, muchos de los insumos aportados tienen "cero valor jurídico" por no haberse protocolizado o acompañado con información contextual clave para entender el valor de la evidencia suministrada