Caso Cardama: auditoría de Bureau Veritas califica que calidad de construcción de los buques "es satisfactoria"

Desde el 22 de octubre, cuando el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció que había ordenado iniciar acciones para rescindir el contrato con el astillero español Cardama, las señales provenientes del gobierno han sido, en líneas generales, coherentes con esa decisión. Y la concreción parece inminente.

Así como informó El País, el 15 de febrero es la fecha límite que maneja el gobierno para finalmente dar por terminado el vínculo contractual con la empresa a la que el Estado uruguayo le encargó durante la administración pasada dos patrullas oceánicas (OPV) por 82,5 millones de euros.

Ese día, el Ministerio de Defensa debería abrir una segunda carta de crédito en el Banco República para garantizar el cumplimiento de los pagos correspondientes a los hitos previstos para 2026; de lo contrario, podría incurrir en incumplimiento del contrato.

En este contexto, el Poder Ejecutivo ha emprendido una serie de acciones con el objetivo de contar con la mayor cantidad de elementos posibles para probar que el astillero español ha tenido varios incumplimientos a lo largo del proceso, más allá de la garantía falsa que presentó para activar el contrato.

Entre ellas, una de las últimas gestiones realizadas implicó la contratación a mediados de diciembre de la certificadora de origen belga -con sede en Francia- Bureau Veritas con el fin de que esta hiciera una inspección de la calidad de los materiales y de la soldadura de la construcción de los buques, en particular del primero que es el que está avanzado.

Según dicho informe, al que parcialmente accedió El País, no hubo por parte de la empresa encargada de la auditoria mayores reparos en cuanto a la calidad de lo hasta este momento ensamblado por el astillero gallego y lo consideró “satisfactorio”.

“Sobre los registros y calidad de la fabricación, montaje y soldadura de los 16 bloques ya construidos y montados en la grada del astillero, verificamos en nuestra inspección que es satisfactoria, a pesar de haber bloques construidos y soldados por cinco talleres distintos. Estamos con un proyecto estructural de bajo peso en rosca, con acero de alta resistencia y chapas de espesor reducido, y que constituye una solución técnicamente válida para optimizar las capacidades de velocidad y autonomía de los buques”, señala uno de los puntos marcado por Bureau Veritas.

A renglón siguiente, la certificadora repara que el tipo de diseño “exige una mayor precisión en los procesos de ensamble y soldadura, así como un control de calidad más riguroso durante la fabricación de los bloques, dada la mayor susceptibilidad de las chapas delgadas a sufrir deformaciones y a presentar desviaciones dimensionales que pueden exceder las tolerancias admitidas por la normativa de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS en su sigla en inglés)”. Tanto Bureau Veritas como Lloyd’s Register (encargada de la certificación del proceso de construcción desde que se inició) forman parte de dicha sociedad.

Por su parte, este jueves el semanario Búsqueda informó que en la auditoría la certificadora belga dio cuenta de retrasos en la construcción e incumplimientos en el proceso de obtención de los certificados de bandera uruguaya, un requerimiento establecido en el contrato firmado en diciembre de 2023.

Aunque el documento firmado por Mario Cardama y el exministro Javier García establece respecto a la bandera que “al momento de su entrega será matriculado a nombre del comprador -que deberá asumir los costos-, también indica que los buques deben ser construidos aplicando la normativa para ser embanderados en la República Oriental del Uruguay”.

A su vez, como había adelantado El País en base a fuentes del gobierno, Cardama no logró cumplir con uno de los hitos contractuales, referido a la entrega en tiempo y forma de los motores Caterpillar, luego de que el proveedor estadounidense cancelara el contrato. A partir de esta situación, el Ministerio de Defensa -a través del Banco República- no debió abonar el último pago correspondiente a la primera carta de crédito, por 8.227.000 euros, que había sido creada en febrero de 2025.

El gobierno uruguayo, como hizo en otros casos, dio vista a Cardama sobre los resultados que arrojó la auditoría de Bureau Veritas, además de problemas encontrados en la documentación correspondiente a la garantía de reembolso (que en este caso es por el 10% del contrato, 8,2 millones de euros) emitida por la empresa Redbridge Insurance Company.

Sin embargo, este viernes el Faro de Vigo informó que consultó con la compañía aseguradora y que desde allí afirmaron que “la póliza ha estado vigente de forma ininterrumpida desde la fecha de emisión, el 23 de octubre de 2024”. Según el artículo del medio español, los abogados de la firma fundada en Barbados en 2010 indicaron que eso fue lo que se trasladó al gobierno uruguayo cuando hizo las consultas pertinentes.

Hasta el momento, el Estado uruguayo pagó 28.794.500 euros a Cardama de los 82.270.000 millones pactados por la construcción de los dos buques oceánicos. Un primer anticipo por 8.277.000 euros se hizo en diciembre de 2024, un pago por el mismo importe por el cumplimiento del primer hito (presentación de los planos de las cuadernas maestras de los dos buques) se concretó en marzo y el último desembolso por 12.340.500 euros se efectuó en junio, luego de que se notificara sobre la finalización de la colocación de la quilla.

En este contexto, a tres meses de iniciado el diferendo entre Uruguay y el astillero, esta semana puede finalmente concretarse la rescisión del contrato.