Encaminado a rescindir con Cardama, gobierno espera descargos del astillero y analiza consecuencias legales

Horas de análisis, de repaso de documentación y de razonamientos jurídicos son estas de mediado de febrero para el gobierno de Yamandú Orsi, enfocado en este arranque de año en el plano internacional, porque a la reciente visita a China del presidente —y la ratificación parlamentaria en proceso del acuerdo Mercosur-Unión Europea— se suma la decisión final que tomará el Poder Ejecutivo en relación al contrato firmado por la anterior administración con Cardama, un astillero español que, de momento, tiene el compromiso de entregar dos patrulleras oceánicas a Uruguay por un monto superior a los 82 millones de euros —de los que ya se llevan pagados 28.794.500.

Hay una fecha en el calendario de Presidencia que es el 15 del corriente, porque, como informó El País semanas atrás, para ese momento el gobierno debería abrir una segunda carta de crédito “por el importe correspondiente al vencimiento de cada hito estimado para ese año natural, que deberá ser aprobada por el constructor”, según establece el documento firmado por el exministro Javier García y Mario Cardama.

Sin embargo, antes de esa fecha en el gobierno están atentos, sobre todo, a las respuestas que formule Cardama a las objeciones planteadas por estos días y que refieren a irregularidades en la garantía de reembolso —que, en este caso, es por el 10% del contrato, o sea 8,2 millones de euros— y las conclusiones de la auditoría que el Ejecutivo encargó a la empresa Bureau Veritas. Esta señaló varios problemas en la fase de ejecución de las obras, como por ejemplo la fabricación de bloques sin tener planos que estuvieran definitivamente aprobados.

Pero, por ahora, el astillero no ha emitido respuesta formal.

El pensamiento extendido en el gobierno —la "conclusión unánime" entre los técnicos del Ejecutivo, al decir de una fuente de Presidencia— es que debe irse hacia una rescisión tal y como lo anunció Orsi en una conferencia de prensa el 22 de octubre del año pasado, basándose entonces en los graves problemas de la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama, que a la postre resultó falsa y emitida por una financiera —Eurocommerce LTD— que se confirmó en proceso de liquidación y luego inexistente.

La complejidad reside en qué mecanismo legal recorrer, por lo cual el prosecretario Jorge Díaz solicitó a inicios de esta semana a los técnicos de Presidencia que, "con cabeza fría", se haga un repaso en profundidad de todos los aspectos que están en juego y las "fortalezas y debilidades" del posicionamiento del Estado uruguayo, según dijeron a El País fuentes oficiales.

Porque Cardama también ha desplegado una estrategia en territorio nacional: tiene intenciones de presentar una demanda civil, como lo muestra la notificación, comunicada al gobierno en diciembre, de una audiencia de conciliación fijada para este 16 de marzo; aunque en Presidencia, ese movimiento de la empresa de Vigo los tienen "sin cuidado".

Sea como fuere, estos días son de espera y de cálculos, y en los que los jerarcas de gobierno han buscado "bajar el perfil" a sus apariciones refiriéndose a este tema, o hacerlo con evasivas.

"No hay más urgencia que la necesidad de tomar la mejor decisión para el país, el Estado y sus intereses", se limitó a declarar este martes la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, que agregó que hay "comunicaciones naturales" —pero no formales— con el astillero español.

"No te puedo decir", respondió ante la pregunta de una fecha concreta para anunciar la suspensión del contrato. "Sé que trabajamos seriamente en el tema".

En el Partido Nacional, los argumentos —casi todos proferidos por García, pero también por el diputado Gabriel Gianoli— están centrados en lo "accesorio" que a su entender es el problema de la garantía de fiel cumplimiento. Ahora bien, si las irregularidades aquí son sustanciales y hacen al contrato, o representan un problema menor que no afecta el compromiso comercial entre las partes, es una discusión abierta entre varios juristas, según supo El País.

Para García no hay dudas. En diálogo con el programa Aire Rico de Del Sol, consideró en las últimas horas que con el argumento de la garantía no se puede "ni entrar al juzgado porque es un elemento accesorio", y aventuró que "alguien" advirtió de esto al presidente Orsi, porque "tuvieron que salir a buscar argumentos y tres meses después contrataron a Bureau Veritas". Además, dijo que el Estado uruguayo es el responsable de los retrasos en el cumplimiento de los hitos del contrato, al resolver unilateral y públicamente el rompimiento del acuerdo.

"Se fueron tomando una serie de decisiones con un solo objetivo —agregó el senador—: romper el contrato".

En paralelo, y a partir de la denuncia que el gobierno presentó a fines de octubre de 2025, el sistema político también aguarda por los pasos que decida dar el fiscal de Delitos Económicos de 1° Turno, Alejandro Machado, quien esta enfocado en determinar si hubo delito en la conformación, a todas luces irregular, de la garantía de fiel cumplimiento, expedida por "una empresa de papel", como han repetido Díaz y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Sin embargo, en el equipo de Machado están a la espera de que el Poder Ejecutivo "corrija" la forma como presentó varios de los documentos enviados como prueba de la propia denuncia.

Por ejemplo, y según relataron allegados al fiscal, muchos de los insumos aportados tienen "cero valor jurídico" por no haberse protocolizado o acompañado con información contextual clave para entender el valor de la evidencia suministrada. Esto es lo que ocurrió, por poner un caso, en los intercambios de WhatsApp entre representantes del estudio Delpiazzo y jerarcas del Ministerio de Defensa en el anterior gobierno, donde faltan "nombres y fechas" en los mensajes adjuntados, así como la autorización de los involucrados en "los audios" para ser usados como prueba en un juicio.

"Hasta no tener prontas estas evidencias y levantadas nuestras observaciones, no estamos en condiciones de hacer nada", dijo una fuente de la Fiscalía.