Presidencia negó a Ojeda acceso a denuncia penal contra Cardama y declaró “reservada” toda documentación

Redacción El País
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, firmó la negación al acceso a la denuncia penal y sus posteriores ampliaciones presentada por el Poder Ejecutivo por el caso del astillero español Cardama, empresa con la que el Estado uruguayo firmó en diciembre de 2023 un contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas por 82 millones de euros.

El pedido de acceso a la información pública había sido realizado por el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, antes de que se diera la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por la intención del gobierno de rescindir el contrato con Cardama tras haberse detectado y comprobado que la firma presentó una garantía de fiel cumplimiento falsa de una empresa fantasma (Eurocommerce).

Previamente, la respuesta que había tenido el colorado por parte de Presidencia había sido firmada por el prosecretario, Jorge Díaz, para prorrogar por 20 días hábiles el plazo dispuesto por ley.

Frente a eso, Ojeda cuestionó en su momento que la prórroga debía tener “razones fundadas” y que no había argumento suficiente para negarle la solicitud.

“Es bien fácil, debe —tan solo— darnos copia de lo que presentó o en sus caso los fundamentos para negarse a hacerlo”, se quejó Ojeda el 15 de diciembre en X.

No obstante, en la resolución de este 7 de enero se cita el artículo 259 del Código del Proceso Penal (CPP) referente a las reservas de las actuaciones de las investigaciones.

“Las actuaciones de investigación preliminar llevadas a cabo por el Ministerio Público y por la autoridad administrativa, serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y su defensor, así como la víctima, podrán examinar los registros y documentos de la investigación fiscal”, señala el inciso dos del artículo.

En esta línea, Presidencia informó que el 23 de diciembre se clasificó como “reservada toda información y documentación contenida y relacionada en la denuncia penal y posteriores ampliaciones formuladas por la Presidencia de la República ante la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía Letrada Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno, concernientes al contrato de Construcción y Venta de Buques ‘Offshore Patrol Vessel’ (OPV), celebrado con fecha 15 de diciembre de 2023, entre la República Oriental del Uruguay y la empresa Francisco Cardama S.A.”.

Por tanto, esgrime el documento, “entregar información peticionada haría incurrir a la Presidencia de la República en responsabilidad por violentar la reserva legal expresamente dispuesta por el CPP y la reserva administrativa antes relacionada”.

En Presidencia, a solicitud de la ministra Lazo, también se inició una indagatoria que tomó declaraciones a funcionarios, exjerarcas y oficiales de la Armada Nacional.

En paralelo a la demanda penal impulsada por el gobierno uruguayo, el astillero contrató al estudio jurídico Hughes & Hughes como su representante legal. Según informó El País, la firma notificó al Ministerio de Defensa sobre una instancia de mediación prevista para mediados de marzo, en el marco del inicio de un proceso judicial de carácter civil.

Por lo pronto, sigue en duda que el Estado pague el tercer hito del contrato —que se concretaría con la instalación de los motores de la corporación estadounidense Caterpillar en el primer patrullero—, debido a que el gobierno maneja información firme de que el astillero no cumplirá con los plazos establecidos.

En teoría, ese pago está proyectado para que se dé en enero o febrero de 2026, a través de una carta de crédito abierta a principios de 2025 por un valor de 28.794.500 euros en el Banco República. En caso de materializarse sería el último mediante este mecanismo de desembolso, por un valor de 8.227.000 euros. Hasta el momento, el Estado ha pagado 28.794.500 euros al astillero.