ACUERDO EN EL PARLAMENTO

Con sandwiches y refrescos de por medio, la coalición y el Frente Amplio acordaron los artículos de la ley de urgente consideración que establecen que el precio de los combustibles se debe basar en los valores de paridad de importación.

Lo que empezó con un planteo de inconstitucionalidad por el Frente Amplio -al ingreso de la iniciativa al Senado- terminó en una negociación que permitió aprobar más de 200 artículos de los casi 500 que contenía la norma, dijo a El País presidente de la comisión especial Gustavo Penadés, del Partido Nacional.

La cuenta final da que se retiraron 49 artículos del proyecto y quedaron 477. Por unanimidad se votaron 241 y el Frente Amplio apoyó el 51%. La iniciativa se comienza a considerar en el Plenario del Senado el próximo miércoles y hay tiempo de sancionarla hasta la hora 23.59 del domingo. El ingreso a Diputados está previsto para el 8 de junio.

Los artículos 230 y 230 bis (referidos al precio del combustible) se votaron por unanimidad ayer en la comisión especial del Senado en lugar de la desmonopolización de Ancap, que pretendía el Poder Ejecutivo en la redacción original. Al consenso se llegó al mediodía de ayer, en una reunión donde estuvieron los coordinadores de todos los sectores políticos y se compartieron sandwiches que invitó Penadés, dijeron a El País fuentes políticas.

Por resistencia del Partido Colorado y Cabildo Abierto a votar la desmonopolización se llegó al consenso dentro de la coalición para que la paridad de importación sea el eje en la fijación del precio del combustible. El texto, que fue iniciativa del senador colorado Adrián Peña (Ciudadanos), fue visto con buenos ojos por el Frente Amplio que se acercó a proponer agregados y después de intensas negociaciones se logró alcanzar un acuerdo, confirmaron a El País fuentes políticas. Por la oposición negociaron los senadores Carolina Cosse y Alejandro Sánchez.

Los artículos sancionados por unanimidad señalan que el Poder Ejecutivo aprobará los precios de los combustibles (de cada una de las plantas de distribución) previo a un informe de la Ursea que contenga el valor de paridad de importación, incluyendo las tasas e impuestos que cobra Uruguay.

A pedido de la izquierda se estableció que en un período no mayor a 60 días se establecerá el precio de venta máximo al público en todo el país. La puesta en práctica de esto no debe extenderse más allá de los 180 días de vigencia de la LUC. Asimismo, se indica que la Ursea deberá asegurar el suministro de los agrocombustibles.

¿Qué implica este cambio en la forma de fijación de los combustibles además de transparentar la paramétrica? Peña indicó el precio de paridad de importación es de “referencia” y “no obliga” a bajar el valor de los combustibles, dado que el país pasa por una situación económica compleja debido al coronavirus y no se pueden cortar ingresos. Si el gobierno decide cobrar más que el valor de paridad de importación debe justificar por qué lo hace cada dos meses.

A su vez, se marca un objetivo a Ancap de bajar el precio del combustible. “Es un objetivo ambicioso, pero no imposible”. Peña dijo que “hay mucho para trabajar” en el proceso de intentar bajar el precio del combustible, por ejemplo citó el costo de los fletes contratados a las distribuidoras. Llevará alrededor de un año pensar en alternativas, opinó.

Por su parte, Penadés destacó en diálogo con El País, el “amplio acuerdo” en el gobierno de coalición para cumplir con los compromisos electorales. “Se funcionó con una sincronización y un espíritu de trabajo muy bueno”, indicó.

El senador dijo que “sorprendentemente” el Frente acompañó la redacción sobre combustibles. “Hasta ahora el tema era tabú, podrá decirse que no es la desmonopolización, pero también se puede decir que el objetivo del gobierno era bajar el precio de los combustibles. Son avances muy importantes que nos alegra mucho que el Frente Amplio nos acompañara, afirmó. Consultado sobre si el acuerdo alcanzado con la oposición implica una rebaja en los precios de los combustibles, Penadés dijo que la gente “empezará a conocer las cuestiones referidas a los subsidios cruzados y la eficiencia de la empresa”.

Penadés señaló que estos dos elementos en cuestión no eran conocidos hasta ahora, porque “el Frente se negaba a que tomaran estado público”.

A diferencia de lo que sucedió con Ancap y la paridad de importación, el artículo de la LUC que habilita la portabilidad numérica (conservar el mismo número de celular aunque se cambie de compañía) salió aprobado solo con los votos de la coalición. La negociación con el Frente Amplio no llegó a un acuerdo, ya que el texto propuesto no contó con el aval del ministro de Industria Omar Paganini, que hizo una contrapropuesta y a su vez fue rechazada por la oposición.

En conferencia de prensa, Cosse evaluó como positivo el hecho de que “sale del panorama la desmonopolización de Ancap (...) Logramos que este artículo desapareciera”, afirmó la exministra.

Cosse resaltó la actitud negociadora de Peña y explicó que el FA pidió que fuera el Poder Ejecutivo el que aprobara las tarifas, ya que el texto propuesto por la coalición planteaba que era el responsable de fijarla. Además celebró que no sea solo la Ursea la que brinde un informe sobre el precio, sino también Ancap.

“Lo otro que nos parece importante es que el Poder Ejecutivo fije el precio máximo a nivel nacional , porque de lo contrario queda liberada la distribución secundaria y no se aseguraba el mismo precio para todos los uruguayos”, explicó Cosse.

Sobre la portabilidad numérica, la senadora insistió en que “no es urgente, necesaria, ni pedida por los usuarios”. Dijo que “no es un tema menor” el manejo de la base de datos de los números telefónicos. “Propusimos que esto no fuera pasible de lucro y eso no fue tenido en cuenta. Entendemos que hay un gran riesgo de que aparezca un cuarto operador en el área de telecomunicación”, advirtió la senadora Cosse.

Botana: “Se juntaron los intereses del FA y ruralistas”

Ayer por la tarde, cuando se consideraban los 80 artículos de la ley de urgente consideración que habían sido desglosados, se generó nerviosismo dentro de la coalición por no contar con los votos suficientes para aprobar algunos referidos al Instituto Nacional de Carnes (INAC) y la potestad de habilitar carnicerías en todo el país.

Esto sucedió porque el senador nacionalista Sergio Botana comunicó que no acompañaría tal medida, ya que se encuentra “en contra del crecimiento de la burocracia del INAC” y entiende que esa función debe seguir siendo cumplida por las intendencias en el interior. Consultado por El País, el senador explicó que la tarea “hoy la hacen bien” los departamentos en cumplimiento con la ley orgánica.

Ante la negativa de Botana de acompañar los artículos en cuestión los mismos iban a fracasar, pero la oposición decidió votarlos. “Se juntó el interés de la Federación Rural y del FA”, afirmó. Dijo que su posicionamiento es compartido por la industria cárnica y Un solo Uruguay. Además consideró que esta política provocará que se dupliquen precios y “la gente de campaña se quede sin carne”.