Cuatro militares condenados y una "doble mentira": qué ocultaban las compras de carne en la Armada

La Justicia condenó este lunes a cuatro militares retirados por su responsabilidad en irregularidades del Servicio de Aprovisionamiento. Dos de ellos fueron condenados por asociación para delinquir y uso de documento privado falso. A los otros, por omitir denunciar los delitos. Así, una investigación que comenzó por carne que parecía haber desaparecido, terminó por revelar una maniobra diseñada para ocultar qué cortes recibía la Armada y dónde estos se entregaban.

El equipo fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2^do Turno, representado por Sandra Fleitas y Romina Cabrera, explicó en la audiencia celebrada este lunes que las diferencias entre la carne documentada y la recibida respondían a las llamadas “conversiones”. En resumen: se solicitaban cortes más caros, como lomo y colita de cuadril, y su valor se descontaba del saldo de bondiola contratado mediante licitaciones. Los documentos hacían figurar cantidades de carne de cerdo que no correspondían con la mercadería efectivamente entregada.

“No existe un faltante de kilos de carne”, aclaró Fleitas al explicar por qué no imputó fraude, en la audiencia que presenció El País. Los cortes especiales tenían un precio superior, por lo que al convertir su valor equivalían a más kilos de bondiola. Esa era la explicación de la diferencia que había dado origen a la denuncia.

El juez tomó ese razonamiento al dictar las condenas, luego de que las cuatro personas aceptaran acuerdos de proceso abreviado con Fiscalía. Raúl Nieto recibió una pena de 24 meses de prisión y Alicia Costa, de 22 meses, por asociación para delinquir y uso de documento privado falso. Fernando Varietti fue condenado a 15 meses y Braulio Delgado a siete meses por omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos.

Todos cumplirán las penas en régimen de libertad a prueba, debiendo presentarse semanalmente en una seccional policial, períodos de arresto domiciliario nocturno, tareas comunitarias y cierre de fronteras.

La causa se inició con una denuncia presentada en 2022 por el entonces comandante de la Armada, Jorge Wilson. Las irregularidades se vinculaban con el suministro de carne adjudicado a Frigorífico Saturno SRL mediante licitaciones de 2021 y 2022.

El procedimiento exigía que la mercadería destinada al Servicio de Aprovisionamiento fuera recibida en la carnicería. Allí debían cotejarse los cortes y las cantidades con el remito, que luego se firmaba y sellaba. El documento pasaba al área de suministros, donde se contrastaba con la factura del proveedor para continuar el trámite de pago.

Una funcionaria advirtió documentos que no seguían ese circuito, sino que consignaban entregas sin un registro regular de ingreso, no tenían el sello de la carnicería y algunos llevaban la firma de la mujer ahora condenada. La investigación interna identificó 28 remitos cuestionados.

El relato fiscal sostuvo que 14 de estos no se pagaron porque las irregularidades fueron detectadas y el trámite se frenó.

La investigación permitió determinar, a partir de documentación aportada por el proveedor, que se habían entregado cortes especiales en unidades del interior, aunque los remitos consignaban su recepción en Montevideo. Para Fleitas había una “doble mentira”, ya que se falseaba el tipo de carne y también el destino.

La fiscal señaló que las conversiones se habían normalizado, pero no estaban autorizadas por las licitaciones. Citó un informe de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) que advertía que "sustituir el objeto contratado" requería una "previsión en el pliego o un procedimiento de compra distinto".

Según el relato fiscal, Nieto y Costa actuaron "de forma coordinada y con distribución de funciones". Él aprovechaba su posición jerárquica para impartir instrucciones; ella firmaba y entregaba los remitos al área de suministros para que continuara la tramitación.

Uno de los episodios ocurrió en la plaza Cuba, donde Nieto entregó documentos a su subordinada. Costa los firmó y los hizo llegar a la funcionaria que debía incorporarlos al procedimiento administrativo.

Los remitos provenían de una misma libreta y su numeración no guardaba correspondencia con el orden de las fechas de emisión.

La responsabilidad de los superiores fue diferente. Varietti, segundo al mando de la repartición, había sido advertido de las diferencias entre la carne contratada y la recibida, y de la necesidad de conciliar los saldos con la empresa. Sin embargo, no denunció los hechos. Según Fiscalía, se impartió la instrucción de no continuar gestionando esas diferencias.

Delgado, que era jefe del Servicio de Aprovisionamiento, dispuso actuaciones internas después de conocer las irregularidades, pero también "omitió o demoró la denuncia ante las autoridades competentes". Fleitas remarcó que una investigación administrativa no sustituía ese deber.