Un inmueble, tres vehículos y 11 viajes: Fiscalía rastrea el dinero del presunto fraude a restaurantes

Las facturas indicaban compras de 1.800 huevos, pero los controles internos mostraban que cada restaurante consumía entre 100 y 200. Esa diferencia fue una de las señales que llevaron a los responsables de Manzanar y Río Café a revisar sus adquisiciones. Según Fiscalía, el perjuicio fue de unos US$ 1,3 millones en siete años.

La Justicia formalizó este viernes la investigación contra cuatro personas por delitos de asociación para delinquir y apropiación indebida. El principal imputado se desempeñaba como jefe de Compras de la empresa denunciante. Su padre, su tío y un exempleado fueron imputados como coautores de la apropiación indebida, además del delito de asociación.

La jueza Silvana García dio lugar a los pedidos del equipo fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2^do Turno, representado por Sandra Fleitas y Romina Cabrera. Estos fueron arresto domiciliario total, con dispositivo electrónico para el principal investigado y domiciliario nocturno, de 22:00 a 6:00, para su padre. Para los otros dos hombres estableció fijación de domicilio, presentación ante la Policía, cierre de fronteras y prohibición de comunicación y acercamiento con los demás imputados por 120 días. Esta última restricción también fue impuesta al padre y al hijo.

Una quinta persona no fue imputada. Fiscalía señaló que podría tener responsabilidad en una presunta apropiación indebida, pero que aún no cuenta con evidencia suficiente y espera una pericia. Se le impusieron fijación de domicilio, cierre de fronteras y prohibición de comunicarse y acercarse a los imputados.

El equipo fiscal relató que el principal investigado ingresó a trabajar en Bowerdin S.A el 28 de julio de 2017 como jefe de Compras. Trataba con proveedores y conocía los procedimientos de recepción, facturación y pago. Por sus funciones, era un empleado de particular confianza de los titulares de la empresa.

Las sospechas surgieron ante el aumento de las compras de alimentos, que no guardaba relación con su utilización. El 21 de mayo los responsables reunieron a trabajadores y les mostraron facturas. Quienes recibían la mercadería dijeron no recordar entregas por las cantidades documentadas. El encargado de Compras sostuvo que eran pedidos de emergencia, en contradicción con los demás funcionarios. Después de esa reunión no volvió a trabajar.

Las consultas a proveedores permitieron identificar una operativa diferente a la habitual. Según Fiscalía, el hombre hacía pedidos en nombre de la empresa y solicitaba dividirlos en varias facturas. Una parte iba a los restaurantes, mientras que otra quedaba preparada para ser retirada en los establecimientos de los proveedores.

La hipótesis fiscal es que los otros involucrados recogían esa mercadería en camionetas y la trasladaban a una verdulería propiedad del padre del trabajador, donde era vendida a clientes que actuaban "de buena fe". Allí se encontraron productos y elementos de embalaje con identificación de la empresa denunciante.

Fleitas atribuyó al padre responsabilidad, ya que era el dueño del comercio, trabajaba allí y también retiraba pedidos de los proveedores.

El abogado de la empresa denunciante, Jorge Barrera, respaldó la exposición fiscal y destacó las evidencias aportadas con la denuncia, entre ellas registros de pedidos de la empresa cargados en una camioneta ajena a esta.

Fleitas señaló un incremento patrimonial del principal imputado. Mencionó la compra de un inmueble, dos camionetas y un auto de alta gama entre 2023 y 2025, además de 11 viajes internacionales con su pareja a destinos como Roma, Dubái, Nueva York, Miami y Brasil.

Fiscalía investiga si se utilizó dinero proveniente de la maniobra para adquirir bienes y planteó una hipótesis de autolavado, aunque ese delito no fue imputado. La apropiación indebida podría constituir el delito precedente, pero la fiscal explicó que necesita "más tiempo para avanzar" en esa línea.

Como evidencia mencionó conversaciones por mensaje, registros audiovisuales y fotográficos, información bancaria parcial y datos de la Dirección Nacional de Registros. Quedan pendientes análisis de dispositivos electrónicos, información de DGI y BPS y declaraciones de otras personas, algunas fuera del país, que podrían estar vinculadas a la maniobra.

El abogado del principal imputado rechazó el arresto domiciliario, sosteniendo que el riesgo de entorpecimiento se había planteado "de forma abstracta" y señaló que su cliente tiene a cargo una hija de 12 años. Fiscalía dijo que quedan diligencias pendientes y mencionó que durante la audiencia de control de detención, el hombre miraba de forma intimidatoria a su pareja, con quien existía una "asimetría de poder".