Imputan a cuatro personas por presunto fraude millonario a empresa con restaurantes en Carrasco y Punta del Este

La Justicia formalizó este viernes la investigación contra cuatro hombres por delitos de asociación para delinquir y apropiación indebida, en una causa por un presunto fraude contra Bowerdin S.A., empresa propietaria de los restaurantes Manzanar y Río Café. La denuncia señala un perjuicio superior a un millón de dólares. Además, para una mujer se dispuso como medida cautelar fijación de domicilio y prohibición de salir al país.

A pedido del equipo fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2^do Turno, encabezado por Sandra Fleitas, la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera resolvió imputar al principal acusado como autor de asociación para delinquir y apropiación indebida. Este último podría ser delito precedente para delito de lavado de activos. A los otros tres se les imputaron los delitos de asociación para delinquir y apropiación indebida pero como coautores.

Los imputados son: el principal acusado, su padre, su tío y otro exempleado de la empresa. La mujer involucrada es la pareja del principal apuntado. Para el primer implicado se dispuso como medida cautelar arresto domiciliario total con dispositivo electrónico, prohibición de comunicación y acercamiento con los otros imputados. Deberá cumplir arresto domiciliario en un hotel y en un plazo de 15 días fijar otro domicilio, sino cumplirá prisión preventiva. Esto se da porque al vivir con su padre no pueden cumplir la medida cautelar en el mismo lugar.

Por otro lado, el tío y su amigo deberán domicilio, presentarse en seccional policial, se dispuso cierre de fronteras, prohibición de comunicación y acercamiento con los otros imputados por 120 días. Por último, el padre deberá cumplir con arresto domiciliario nocturno de 22:00 a 06:00 horas y la misma medida que el resto, de no comunicarse ni acercarse a los otros indagados.

El principal indagado se desempeñaba como jefe de Compras, y era el encargado de gestionar los pedidos y tratar con proveedores. Según dijeron a El País fuentes del caso, habría aprovechado esas funciones para realizar adquisiciones que eran facturadas y pagadas por la empresa, aunque los productos no ingresaban a los restaurantes.

Otras personas del entorno familiar, laboral y comercial del principal indagado habrían participado en retirar, trasladar y vender los productos. En total, fueron cinco las personas que pasaron a la Justicia, cuatro hombres y una mujer.

Según supo El País, una revisión contable detectó compras de alimentos e insumos que no coincidían en volumen con el consumo ni con las existencias de los locales. Las irregularidades habrían motivado una auditoría y el despido de varios trabajadores por "notoria mala conducta".

El esquema conocido hasta el momento habría incluido alimentos que nunca llegaban a las cocinas y productos retirados irregularmente para luego ser vendidos a otros negocios gastronómicos por un circuito informal.

Jorge Barrera fue quien presentó la denuncia por parte de la empresa. El abogado explicó a El País que "la denuncia se presentó hace cuatro meses" y destacó el trabajo articulado entre Fiscalía y la Policía.