Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos en el marco de una investigación por una denuncia de estafa de más de un millón de dólares contra un empresario del rubro gastronómico. El caso está vinculado a la empresa BOWERDIN S.A., que es propietaria de restaurantes ubicados en Carrasco y Punta del Este, y comprende posibles delitos de asociación para delinquir, estafa, apropiación indebida y lavado de activos.
Según un informe de investigación, al que accedió El País, la denuncia penal fue presentada por el abogado Jorge Barrera, representante legal de la empresa. A partir de esa denuncia, se realizaron distintas diligencias para esclarecer presuntas maniobras fraudulentas que habrían causado un perjuicio económico a la sociedad comercial. El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno a cargo de Sandra Fleitas.
El principal indagado es un hombre que ingresó a trabajar para BOWERDIN S.A. el 28 de julio de 2017 y se desempeñaba como jefe de Compras. Desde ese cargo, mantenía contacto directo con los proveedores y gestionaba la adquisición de los productos necesarios para el funcionamiento de los restaurantes Manzanar y Río Café, según detalla el informe de la investigación al que accedió El País.
De acuerdo con las actuaciones, ese hombre habría aprovechado las funciones y la confianza depositada en él para gestionar compras de mercadería que, pese a haber sido facturadas y abonadas por la empresa, no ingresaron —según la denuncia— a los establecimientos gastronómicos. Jorge Barrera explicó a El País que "la denuncia se presentó hace cuatro meses" y destacó el trabajo articulado entre Fiscalía y la Policía.
La presunta participación de otras personas
La investigación también apunta a la posible intervención de otras personas vinculadas al principal indagado —que son las detenidas— por razones familiares, laborales y comerciales. Según el informe, estas habrían cumplido diferentes funciones relacionadas con el retiro, el traslado y la posterior comercialización de los productos.
En paralelo, los investigadores realizaron actuaciones patrimoniales y financieras para determinar el posible destino de los beneficios económicos obtenidos y establecer si existen bienes, operaciones bancarias o gastos cuya financiación pueda estar vinculada con las maniobras denunciadas.
El informe reúne los antecedentes, los hechos investigados y las diligencias practicadas, así como los elementos de convicción recabados, y fue elevado a la Fiscalía para su valoración.
La investigación busca determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y esclarecer el alcance del presunto perjuicio económico sufrido por la empresa. Este jueves se realizó el corte de detención y se prevé que la audiencia de formalización sea el viernes en la tarde
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