Pequeña estafa a una barraca derivó en investigación a una red de armas, drogas, usura y otros delitos

Todo comenzó con una compra de materiales por $ 23.000 en una barraca de Colonia del Sacramento. Un comprobante de transferencia que parecía acreditar el pago resultó ser falso. La investigación de aquella maniobra terminó abriendo otras líneas: venta ilegal de armas, drogas, préstamos con intereses usurarios y nuevas estafas.

El caso llegó al Tribunal de Apelaciones Penal de 1^er Turno, que revocó el arresto domiciliario impuesto a uno de los investigados —un joven de 22 años— y dispuso que cumpla prisión preventiva durante 120 días.

El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 4 de marzo. El día anterior, un hombre había llamado a una barraca y encargado diferentes materiales utilizando un nombre falso. Envió como constancia de pago un comprobante de transferencia y dijo que sus empleados pasarían al día siguiente a retirar la mercadería.

El día del retiro, tres hombres viajaron desde Montevideo hasta Colonia en auto. Uno de ellos bajó del vehículo en que iban, retiró los materiales y volvió, mientras los otros dos esperaban. Luego se descubriría que el comprobante utilizado para justificar el pago de los $ 23.000 era apócrifo.

La investigación derivó en el allanamiento de la vivienda de quien manejaba el auto —quien ahora fue enviado a prisión preventiva— en el que se movieron los delincuentes. Fueron incautados el vehículo, tres celulares y una tarjeta prepaga.

El análisis preliminar de esos dispositivos fue el que amplió el alcance de la causa. Según surge en documentos a los que accedió El País, de los teléfonos surgieron conversaciones en las que el imputado ofrecía vender 25 gramos de marihuana por $ 6.000. También aparecieron intercambios vinculados al comercio de armas. La investigación concluyó que al menos una venta llegó a concretarse.

Además, se consiguió confirmar que la tarjeta incautada estaba vinculada al depósito de dinero correspondiente a una venta de armas.

Los investigadores también encontraron una lista de diez personas a las que el joven habría prestado más de $ 200.000 en conjunto. De acuerdo con la información del caso, exigía como devolución el doble del monto entregado.

En las comunicaciones aparecieron referencias a la venta de alcohol contrabandeado desde Brasil y contactos con otras personas —entre ellas una privada de libertad— con quienes intercambiaba información para realizar estafas relacionadas con animales, un tráiler y una retroexcavadora.

Además, al analizar el número telefónico utilizado en la maniobra de la barraca, los investigadores detectaron su participación en otras estafas que todavía deben ser investigadas.

Tras la formalización del joven, Fiscalía había solicitado que fuera enviado a prisión preventiva durante 120 días, pero la jueza Dahiana Da Costa consideró que era suficiente imponerle medidas "menos gravosas".

Dispuso arresto domiciliario total con monitoreo electrónico, retención de los documentos de viaje, prohibición de abandonar el país y de acercarse o comunicarse con víctimas y testigos. También le prohibió utilizar celulares, computadoras o tablets, salvo para comunicarse con su abogado.

Fiscalía, representada por Carla Larrosa y Alexandra Bentancour, apeló la resolución. Uno de sus principales argumentos fue que el imputado había formateado uno de los celulares utilizados en las maniobras cuando ya sabía que la Policía investigaba el caso. También señaló que todavía había personas vinculadas a la investigación que no habían sido identificadas o detenidas y testigos pendientes de declarar.

El Tribunal de Apelaciones falló en los últimos días y entendió que el riesgo de fuga argumentado por Fiscalía podía controlarse mediante el arresto domiciliario y la prohibición de salir del país. Pero para los ministros el formateo del teléfono constituyó un "hecho concreto de obstaculización". Además, consideraron que el arresto domiciliario no impedía que el imputado consiguiera otro celular u otro dispositivo desde el cual pudiera comunicarse con testigos o con quienes todavía no fueron ubicados.

El fallo al que accedió El País plantea que "podría coordinar versiones" con otros involucrados, procurar que se destruyeran evidencias o recibirlos en su casa sin que quedara registro de esos encuentros. Por eso, el Tribunal consideró que la prisión preventiva era la única medida capaz de neutralizar ese riesgo y revocó la resolución de primera instancia.