Confirman prisión preventiva para dos hombres por abusos sexuales a un adolescente en Rivera; uno era policía

Un adolescente de 17 años llegó a su liceo en Rivera y preguntó cómo y dónde podía denunciar a su padrastro. Poco después, frente a autoridades del centro educativo, relató que desde los 14 años era víctima de abusos sexuales cometidos por ese hombre y por un tío.

El caso derivó en la formalización de ambos adultos por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado y ahora el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° Turno confirmó que los dos deberán continuar en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Uno de los imputados, el padrastro del adolescente, es funcionario policial y pertenecía a la Guardia Republicana, según surge de la sentencia a la que accedió El País. A él también se le imputaron delitos vinculados con conductas sexuales hacia menores, además de violencia doméstica especialmente agravada y lesiones personales.

De acuerdo con la teoría de Fiscalía recogida por el fallo, el adolescente contó primero al padre de su novia lo que estaba viviendo y posteriormente buscó ayuda en el liceo. La investigación sostiene que los abusos se extendieron durante varios años y que los dos imputados actuaban por separado, sin conocer las conductas atribuidas al otro.

Fiscalía señaló además que, después de que el joven le comunicara a su padrastro que había revelado la situación, este lo empujó y lo golpeó en el rostro. Un examen forense constató “erosiones faciales y un edema”, lesiones que fueron calificadas como leves.

La investigación también alcanzó a un hermano menor de la víctima. Según la acusación, cuando tenía entre 11 y 12 años habría recibido del mismo imputado una fotografía de contenido sexual acompañada de una propuesta de retribución monetaria a cambio de realizar una conducta sexual.

Para solicitar la prisión preventiva, Fiscalía alegó principalmente riesgo de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger a las víctimas.

Foto: Estefanía Leal

Entre otras circunstancias, el equipo fiscal señaló que todavía estaban pendientes las declaraciones de los adolescentes mediante Cámara Gesell y pericias sobre teléfonos celulares incautados. También sostuvo que existían vínculos familiares y económicos que podían facilitar presiones sobre los jóvenes.

Las defensas de los dos involucrados pidieron sustituir la cárcel por arresto domiciliario con monitoreo electrónico y prohibiciones de comunicación y acercamiento.

Los abogados de los imputados apuntaron que tenían arraigo y que podían aplicarse medidas “menos gravosas”.

Pero el Tribunal, sin embargo, confirmó la resolución de primera instancia y mantuvo la prisión preventiva de ambos.

Según la postura de los ministros, no quedó suficientemente acreditado el peligro de fuga de los imputados.
Sin embargo, la prisión preventiva fue confirmada principalmente por el posible entorpecimiento de la investigación invocado por la Fiscalía y por la necesidad de proteger a las víctimas, con especial énfasis en la convivencia previa, la dependencia económica del núcleo familiar y la agresión sufrida por el adolescente después de revelar los hechos.

Uno de los puntos de discusión durante el proceso estuvo relacionado con las declaraciones que los imputados realizaron ante la Policía. La defensa de uno de ellos sostuvo que la declaración fue tomada sin asistencia de un abogado y puso en duda que hubiera sido voluntaria.

Según planteó, el imputado afirmó durante la audiencia que inicialmente había realizado una declaración distinta, pero que esa primera acta fue descartada y luego se confeccionó una nueva. Dijo que terminó firmándola porque quería retirarse y no soportaba más la situación. La jueza de primera instancia señaló que una declaración realizada ante la Policía no tiene valor probatorio. Fiscalía coincidió en ese punto, aunque sostuvo que esas manifestaciones pueden orientar otras diligencias.