Punta Negra: compraron un terreno y ahora piden investigar si la venta fue parte de una estafa inmobiliaria

Dos compradores de un terreno en Punta Negra pidieron a la Fiscalía investigar si fueron víctimas de una estafa inmobiliaria. Aseguran haber pagado más de US$ 23.000 por un predio vendido por una empresa representada por Paulo Álvez, imputado en la causa que ya tiene a varias personas condenadas por la venta de terrenos en el balneario con poderes falsificados. La denuncia, patrocinada por el abogado Sebastián Serrón Bon, pide que se revise el origen de la propiedad y el destino del dinero.

La denuncia fue presentada el 2 de octubre ante la Dirección de Crimen Organizado e Interpol. Los compradores se presentaron como “eventuales víctimas” y pidieron que sus documentos fueran incorporados a la investigación. Los abogados Ramón Ramírez y José Maciel también representan a los denunciantes.

La compraventa se firmó el 11 de febrero de 2021 en Piriápolis. Según el escrito, ambos adquirieron por partes iguales un terreno de 646 metros cuadrados en un padrón de Punta Negra. La vendedora fue una empresa representada por Álvez.

El precio consignado en la escritura fue de US$ 18.750, con un pago inicial de US$ 6.000 y cuatro cuotas. La denuncia señala que las cuotas podían depositarse en una cuenta de la sociedad y que al título se agregó una constancia notarial de pago total, fechada el 30 de diciembre de 2022.

Pero aunque ese era el precio de la escritura, los compradores sostienen que los desembolsos vinculados a la operación superaron los US$ 23.000. Por esa diferencia, sus abogados solicitan reconstruir todos los pagos e identificar a los destinatarios finales del dinero.

Según el texto, la empresa había adquirido el terreno el 3 de julio de 2020. Los abogados piden obtener esa escritura completa, establecer si la anterior propietaria intervino personalmente o mediante un apoderado y verificar que hubiera consentido la venta. Si se utilizó un poder, piden que se compruebe su autenticidad y vigencia.

Los denunciantes sostienen que compraron “confiando en la legitimidad de la operación”. Plantean como una posibilidad investigar si su terreno esté relacionado con las maniobras detectadas en la causa.

Los abogados también piden que se evalúen medidas sobre bienes vinculados con los hechos para "preservar una eventual reparación". En el escrito aseguran que si se comprueba que alguno de los actos que permitió transferir la propiedad se apoyó en documentación falsa, podrían quedar afectados su patrimonio y la “seguridad y estabilidad jurídica de su derecho de propiedad”.

La investigación que ahora derivó en personas condenadas e imputadas comenzó con una denuncia de la Intendencia de Maldonado en 2019. Para la maniobra se utilizaron poderes que aparentaban haber sido autorizados por un escribano fallecido en 2006. Algunos de los supuestos otorgantes también habían muerto antes de las fechas de esos documentos. También incluía compraventas ficticias entre integrantes del grupo y posteriores ventas reales a terceros.

Durante la primera audiencia del caso, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2^do Turno, a cargo de Sandra Fleitas, advirtió que "la investigación traerá consecuencias jurídicas en el plano civil" para los negocios concretados con base en el poder falso. La fiscal señaló que la maniobra afectaba la “certeza jurídica” de esas operaciones.

El equipo fiscal logró probar que se comercializaron al menos 12 padrones de Punta Negra utilizando el documento apócrifo. A partir de esos hallazgos, la legalidad de esos contratos queda cuestionada.

Álvez fue imputado el 25 de septiembre por asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa. La Justicia definió que aguarde en arresto domiciliario con tobillera electrónica. La investigación también derivó en condenas de otros participantes.