Justicia ordenó a exintendente Enrique Antía devolver un campo de Colonización en un plazo de 10 días

La Justicia de Maldonado confirmó un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de febrero de 2024, por lo que el exintendente Enrique Antía deberá devolver, en un plazo de 10 días, un campo de 49 hectáreas propiedad del Instituto Nacional de Colonización (INC).

En una resolución de este jueves, a la que accedió El País, se recuerda que el TCA había desestimado la pretensión anulatoria presentada por Antía y confirmado el acto administrativo de 2019 que dispuso Colonización para la rescisión del contrato de arrendamiento de colono.

Antía inició luego una acción de nulidad, que dejó en suspenso el proceso hasta que, en 2024, el TCA confirmó el acto administrativo y rechazó el recurso planteado por el exintendente. La Suprema Corte de Justicia (SCJ), por su parte, también había rechazado una excepción de inconstitucionalidad.

La resolución original, de mayo de 2020, intimó a entregar el inmueble en un plazo de 10 días, luego de que Colonización impulsara la rescisión del contrato en 2019 tras constatar en una inspección que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Colonización (11.029) que exige a los colonos residencia en el predio.

Dos predios que sumaban 108 hectáreas habían sido adjudicados al exintendente Enrique Antía en la década de 1980. En primer término, Antía había obtenido el arrendamiento de la fracción número 5 de la colonia Benito Nardone, conocida como el campo El León, de 85 hectáreas. En 1985, se amplió la superficie adjudicada con una fracción lindera de 23 hectáreas. En 2013, sin embargo, se realizó una permuta de fracciones por la que pasó a arrendar como colono el campo El Sarandí, de 49 hectáreas, en lugar de El León, que deberá devolver

En línea con lo expuesto por el TCA, la resolución del Juzgado de 6° Turno de Maldonado de este jueves plantea que hay incumplimiento por parte de Antía sobre las obligaciones de los colonos (trabajar en el predio, supervisarlo y habitarlo) y, por tanto, no encuadra en el perfil de colono que se debe priorizar según la ley.

Asimismo, se señala que la explotación del predio está a cargo de trabajadores contratados por Antía y un socio con quien integra una sociedad civil agropecuaria. Ambos también desarrollan actividades en otros establecimientos rurales que, en conjunto, abarcan unas 1.400 hectáreas.

Según confiaron a El País fuentes del INC, en lo previo Antía había manifestado su intención de apelar en caso de que el último fallo no le fuera favorable. El País intentó comunicarse con el exintendente sin éxito.