Ruta del dinero narco por Uruguay preocupa a EE.UU: pone la mira en bancos, criptomonedas y su seguimiento

"El punto de traficar narcóticos es ganar, ganar plata". Con esa frase, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Chris Andino, resumió una de las principales preocupaciones de Washington en su nueva etapa de cooperación con las autoridades uruguayas. Esta es seguir el recorrido de las ganancias de las organizaciones criminales, además de combatir el traslado internacional de drogas.

Durante una mesa redonda con periodistas realizada este miércoles, Andino y Adam Weise, funcionario de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, profundizaron en las conexiones financieras del crimen organizado y los desafíos que enfrentan las autoridades para investigarlas.

Weise explicó que aunque una organización criminal opere en Uruguay o un cargamento de droga tenga como destino otro continente, pueden existir vínculos financieros con grupos que afectan directamente la seguridad de Estados Unidos o de sus aliados. Por su parte, Andino señaló que la mayor parte de la droga que transita por Uruguay se dirige hacia Europa o Asia, y no hacia territorio estadounidense.

El diplomático identificó dos grandes prioridades de la cooperación. Estas son conocer los circuitos logísticos que utilizan las organizaciones para transportar drogas —particularmente a través de puertos y fronteras— y rastrear las operaciones que permiten lavar sus ganancias. En este último aspecto, destacó la importancia financiera de Uruguay a nivel regional y planteó la necesidad de profundizar la coordinación entre organismos estatales, bancos y autoridades de otros países.

Valoró la preparación de instituciones como la Senaclaft, aunque advirtió sobre los recursos humanos limitados. Según explicó, "no alcanza con coordinar a los organismos estatales", sino que también se necesitan vínculos con bancos y unidades de análisis financiero de otros países para reconstruir operaciones que atraviesan fronteras.

La cooperación estadounidense en esta materia ya cuenta con antecedentes. Durante el último año financió siete seminarios para difundir los cambios en la legislación uruguaya sobre lavado de activos. También impulsó una semana dedicada a las oportunidades y riesgos de las criptomonedas y facilitó la visita de un experto que participó en un encuentro sobre activos digitales y prevención de riesgos financieros.

Uno de los desafíos mencionados por Andino fue el uso de criptomonedas para mover fondos y la dificultad de investigarlas. Sostuvo que se necesitan programas para rastrear transacciones y personal capacitado. Hizo referencia a que este tipo de formaciones llevan tiempo y aseguró que la rotación de funcionarios puede hacer perder conocimiento especializado.

Pero planteó que el problema no termina al identificar una operación sospechosa, sino que tiene que ver con qué hace el Estado con los criptoactivos que se incautan en una causa penal. Andino recordó que las agencias estadounidenses debieron desarrollar mecanismos para conservarlos, incluidas billeteras digitales.

Explicó que vender una criptomoneda durante un proceso judicial puede generar problemas si luego corresponde devolver lo incautado. Como ejemplo de esta complejidad, hizo mención a la cotización del Bitcoin, asegurando que esta puede variar entre la incautación y una eventual restitución, con consecuencias económicas para el Estado.

El funcionario dijo desconocer si la Policía o la Fiscalía uruguaya pueden abrir billeteras para custodiar esos activos. Planteó que cada país debe examinar sus normas y procedimientos para determinar si está preparado para afrontar estas situaciones.

Andino también destacó la importancia de modernizar las herramientas legales para facilitar el intercambio internacional de información digital. En ese sentido, mencionó las reformas procesales que se analizan en Uruguay y la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia, que consideró relevante para las investigaciones que requieren seguir pistas digitales.

La cooperación anunciada entre Estados Unidos y Uruguay contará inicialmente con US$ 6,5 millones. Los fondos tienen un plazo de cinco años para gestionarse y pueden respaldar proyectos de largo alcance.

Todavía no está definida la distribución del dinero. Esta semana llegaron a Uruguay entre nueve y 10 funcionarios de agencias de seguridad estadounidenses. Se reunieron con el ministro del Interior, Carlos Negro, y otros organismos para identificar necesidades y fijar prioridades.

Weise explicó que los programas regionales continuarán, pero que el nuevo esquema permitirá diseñar proyectos exclusivamente para Uruguay, sin necesidad de involucrar a otros países. "Si hace sentido para Uruguay, lo hacemos con Uruguay y ya", señaló. Andino sostuvo que el valor de la cooperación excede el monto, sino que incluye la experiencia de las agencias y el acceso a redes internacionales para conectar investigaciones.

La Embajada indicó que, a través de sus programas regionales, más de 2.500 funcionarios uruguayos recibieron capacitación en los últimos años en distintas áreas de seguridad, incluido el combate al lavado de activos.