El año pasado la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central recibió 775 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos.
Tras una reciente directriz, el exjuez Enrique Moller dijo que el Código del Proceso Penal faculta a los fiscales a “no iniciar o abandonar la acción penal”.
El gobierno electo busca derogar la obligatoriedad de la inclusión financiera. Así las transacciones millonarias podrían realizarse en efectivo y expertos advierten que facilitaría el blanqueo.
La baja de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos por parte de entidades no financieras llamó la atención en 2019, sin embargo no preocupa a las autoridades. ¿Por qué?
El informe realizado por el Grupo de Acción Financiera de LatinoaméricaIdentificó sectores con riesgo “alto” y “vulnerables en materia preventiva”.
El organismo internacional divulgó el informe tras la inspección en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que realizó.
El Banco Central emitió circulares que regulan la forma de contacto de las entidades financieras con los clientes, en atención a la normativa antilavado.
Las diferencias datan de 2017, cuando se aprobó la ley integral antilavado, que incluyó a los contadores como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas.
El expresidente de Paraguay Horacio Cartes es indagado por una causa en Brasil.
El Gafilat dio a Uruguay una evaluación de “aceptable” a nivel general en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo que le permite quedar fuera de la listas “negra” y “gris”.
