Lavado: “Todo el sistema que se hizo es para quitarle los bienes a los delincuentes y no lo estamos logrando”

En los “papeles” (leyes, decretos) Uruguay es el “mejor de la clase” en Latinoamérica en materia de combate al lavado de activos, pero, al mismo tiempo, no alcanza un nivel satisfactorio en la efectividad de la persecución de ese delito. De no mejorar ese gran debe, puede caer en una “lista gris” que implica impactos reputacionales y comerciales de magnitud para el país. Entonces, ¿qué hace y hará el gobierno frente a la evaluación que tendrá en 2030 de Gafilat (el organismo que fija estándares en materia de lavado y evalúa si los países están tomando medidas efectivas) y los cambios que entrarán en vigencia ese año?

“Todo el sistema (de combate al lavado) que se hizo es para quitarle los bienes a los delincuentes y no lo estamos logrando”, afirmó Daniel Espinosa, extitular y actual asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), en el Primer Congreso de Compliance del Capítulo Uruguayo de la World Compliance Association (WCA).

Espinosa explicó que, si bien Uruguay cuenta con un entramado institucional sólido, los resultados aún no son consistentes. Agregó que la situación no responde únicamente a limitaciones del país, sino a un fenómeno regional: “Los resultados no son buenos en América Latina. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) está poniendo en esta quinta ronda (de evaluación) justamente el foco en esos aspectos”, expresó.

La evaluación realizada a Uruguay en 2020 arrojó que los debes a afrontar se centraban en dos de los 11 Resultados Inmediatos (un conjunto de indicadores que miden los sistemas de los países para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo). Ellos son el n° 7, de investigacion y procesamiento y el n° 8, de de comisos de activos.

Foto: Leonardo Mainé.

Otro Resultado Inmediato a atender fue el n° 3, referido a la supervisión. Este, en las evaluaciones anteriores reunía al sector financiero y al no financiero en un mismo análisis, lo que generaba que el desempeño del segundo —con menor desarrollo institucional— arrastrara los resultados globales. “En el área no financiera hay carencias: muchos más sujetos obligados, menos recursos, y riesgos poco conocidos. Si no conocemos bien los riesgos, vamos a tener dificultades para mitigarlos”, dijo Espinosa.

En esta línea, señaló que el foco principal para estos cinco años son la investigación y los decomisos, ya que si no mejora la efectividad del sistema antilavado uruguayo, el país pasaría a una “lista gris” internacional.

“Estos cinco años deberían terminar con mejores números en investigaciones y decomisos. Si no, la lógica preventiva pierde fuerza. La efectividad es la medición final del sistema”, apuntó Espinosa.

“No vamos a cambiar la situación de un día para otro, pero si logramos cambiar la tendencia, estaremos en el camino correcto”, agregó.

El asesor de la Senaclaft dijo que se podría pedir un adelanto en la fecha de la evaluación de 2030, ya que coincidiría con el cambio de gobierno, en donde recibirían un resultado por medidas que no desarrollaron y que podrían “no estar de acuerdo”.

El otro expositor del panel, fue el técnico de la Secretaría Ejecutiva del Gafilat, Guillermo Hernández, quien señaló que para esta nueva ronda de evaluación, el foco estará en los resultados que se tienen en el combate al lavado.

Mencionó que en 2030 habrá cambios a la hora de evaluar. Uno de los más relevantes es que se sustenten los factores para desarrollar una debida diligencia (procesos para investigar transacciones de riesgo de corrupción o lavado) simplificada, al comprender que hay un riesgo bajo.

En este sentido, dijo que, si bien los canales formales pueden aminorar el riesgo, “no sustentan al 100%”.

Foto: Leonardo Mainé.

Del mismo modo, sostuvo que se analizarán características como la entidad financiera que llevó la transacción, las características del canal utilizado, entre otra serie de factores.

Añadió que un factor “importante” no sería suficiente para determinar que el riesgo es bajo.

Por otra parte, Espinosa marcó otros problemas a atender en Uruguay. Uno de ellos, es que no se logra una cooperación internacional efectiva por falta de recursos y otro —que destacó como “muy grave”— es la falta de coordinación entre los organismos del Estado.

El artículo 8 de la ley Antilavado de 2017 decía: “todos los organismos públicos deberán contribuir a la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, adoptando políticas y procedimientos que permitan mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollen en cada caso” y añadía que “el Poder Ejecutivo procederá a reglamentar las obligaciones previstas en este artículo”. Esto último nunca ocurrió.

Sin embargo, en diálogo con El País, Espinosa afirmó que están trabajando en esta reglamentación pero en segmentos de organismos, según puedan “ayudar” la información y equipos con los que cuentan. Primero comenzarían con organismos que están más desarrollados en la materia, como la Dirección General Impositiva (DGI) o Antel, para luego incluir a otros organismos públicos y así acompasar la colaboración dentro del Estado en el combate al lavado.