El Banco Central (BCU) advierte que los negocios en el mercado financiero -que regula y supervisa- se han vuelto más complejos, rápidos y disruptivos, lo que representa un desafío para la entidad, que ha emprendido una serie de actualizaciones. En ese marco, se enfoca en atender como prioridad el tema de los riesgos operativos y tecnológicos —en materia de ciberseguridad— que amenazan a las empresas financiera en el país, y para ello ha realizado mejoras en su abordaje, que en definitiva apuntan a prevenir el lavado de dinero y otras irregularidades.
Por su parte, la Justicia Penal desarrolla su trabajo y enfrenta dificultades en el país, en especial con las medidas probatorias de lavado de activos.
Estos temas fueron abordado en “Compliance Day 2025”, un evento organizado por el estudio Brum Costa, con la participación de autoridades de gobierno, el sector privado y expertos.
En el panel “Supervisión financiera y del Sistema de Pagos” participaron Gabriel Lago, jefe de Departamento del Sistema de Pagos del BCU; y Pablo Bianchi, supervisor de Intermediarios de Valores del BCU.
En un panel sobre jurisprudencia, se contó con la participación de Enrique Rodríguez, fiscal especializado en Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación (FGN); y Fernando Islas, juez Letrado en el Poder Judicial.
Delitos informáticos
Las tendencias muestran que los pagos electrónicos van en aumento (lo que significa que también crece la amenaza de delitos informáticos), hay jugadores nuevos en el mercado (por ejemplo, las fintech), la forma de hacer negocios ha cambiado, y se espera un auge de las finanzas abiertas a corto plazo.
Todos estos asuntos llevan al BCU a actualizarse —está en pleno proceso de ello—, y a incorporarlos en su hoja de ruta para los próximos cinco años.
Bianchi afirmó que el BCU está preparado para abordar los riesgos de ciberseguridad “por sectores” (mercado de valores, seguros financieros, etcétera), pero el comportamiento de los usuarios ha cambiado en los últimos años y ese enfoque ya no resulta suficiente.
En esa línea, explicó que actualmente la mayoría de los usuarios hace operaciones a través del celular y se mueven muy rápido al prestador que le ofrece el mejor servicio, independientemente de si se trata de un banco u otra entidad del sistema de pagos. El cambiar así de un sector a otro, obliga a un enfoque diferente por parte del BCU.
Como esos movimientos de prestadores se hacen incluso por WhatsApp, Bianchi también se preguntó: “¿Qué seguridad tiene un WhatsApp?, y agregó: “ese tipo de cosas nos interpelan”.
El jerarca compartió que gran parte de la estrategia del Central, para lograr más efectividad, es “ir a lo más riesgoso”, por ejemplo, a las actividades de servicios financieros complejas, a los clientes más expuestos, o a situaciones con riesgo geográfico. Así, apuntó a la realidad regional. “En lavado, el entorno es complejo; estamos entre dos países grandes y hay riesgos de contagio, que ya se están viendo”, explicó. De ahí también el cambio de encare del BCU.
Sobre los clientes, los representantes del BCU consideraron que muchas veces los informes consustanciados de las empresas en relación a sus clientes son demasiado escuetos, poco claros o con falencias en la debida diligencia de las operaciones, lo que debería ser mejorado, en la medida en que el flagelo del lavado de activos requiere esfuerzos mancomunados de todos los actores.
Hacia más pagos electrónicos
Gabriel Lago destacó que hoy en día en Uruguay, el 79% de los pagos que se realizan son electrónicos, lo que muestra que los hábitos de la gente han cambiado. Por cada cheque hay 32 transferencias electrónicas, cuando eran cinco en el año 2019.
Asimismo, viene cayendo el número de sucursales bancarias. Concomitantemente, la cantidad de POS (el aparato por donde pasan las tarjetas para efectivizar los pagos) ha aumentado en forma significativa, así como los instrumentos de dinero electrónico. Otro crecimiento importante se registra a nivel de transferencias instantáneas, y en la actualización de pagos que realizan los comercios minoristas.
En ese marco, el BCU ha diseñado una hoja de ruta para acompañar y apuntalar el desarrollo y uso de los instrumentos de pagos digitales, al tiempo que avanza en nuevas disposiciones que garanticen su seguridad en el mercado local.
Cabe agregar que los jerarcas mencionaron que el propio BCU no solo se enfrenta al desafío de tener que repensar estos fenómenos que han ido surgiendo, sino a sus propias restricciones presupuestales.
Lavado de activos en la Justicia Penal
En el panel sobre este tema, los expertos comentaron que gran parte de los delitos de lavado de activos en Uruguay tienen antecedentes en otros países y que la cooperación jurídica internacional es cada vez más importante.
Ante la pregunta sobre el cuestionamiento que generalmente se le hace a la Fiscalía de que el 95% de los casos que se formalizan en Uruguay, no llegan a juicio, sino que terminan en acuerdo abreviado, Fernando Islas defendió: “Cuando los casos son grandes y con poderosos, sí llegan a juicio”.
El fiscal Enrique Rodríguez también salió al paso al afirmar que “cuanto mejor sea la investigación y más sólidas las pruebas, es menos probable un acuerdo abreviado. Por eso ésta tiene que ser cuidadosa, y lleva tiempo”.
El fiscal reconoció que, si bien Uruguay no es productor de cocaína, por su territorio sí pasan grandes cargamentos con ese producto. Entre octubre de 2024 y julio de 2025, por el puerto de Montevideo transitaron —con vía de reembarque— 23.000 contenedores provenientes de Paraguay, de los que se escanearon solamente 208, informó Rodríguez.
Rodríguez mostró preocupación por el tráfico de drogas, que se está extendiendo, siendo América Latina el mayor proveedor de la sustancia a Europa en este momento.
Por otra parte, el fiscal comentó que la complejidad de la investigación del lavado de dinero se debe a que, a diferencia de otros delitos en los que quienes los cometen tratan de borrar sus huellas y desaparecer, en este caso el infractor intenta usufructuar los beneficios económicos a los que accedió ilegalmente. Esto significa que hay que investigar no solo el pasado del hecho delictivo, sino lo que viene después.
“Es complejo no sólo porque la investigación continúa con el rastreo del dinero, sino porque es frecuente que el usufructo del beneficio ilícito pase de una persona o otra, o a una empresa, o más de una”, agregó.
Lo cierto es que el lavado de dinero es un fenómeno multidimensional vinculado al crimen organizado, que requiere alta cooperación para ser resuelto. “Es difícil la cooperación internacional con países que están debilitados en sus controles o investigaciones”, reconoció Rodríguez.
Islas, de su lado, afirmó que las fiscalías necesitan información y que se gana velocidad en los casos cuando existe voluntad y condiciones de cooperación entre los Estados.
Un caso que manejó Islas saltó a la notoriedad, cuando en 2024 condenó a dos años y ocho meses de libertad a prueba a Damián Burgueño, exabogado del sindicalista argentino Marcelo Balcedo. Se trató del primer enjuiciado solo por delitos de lavado de activos en Uruguay.
Al respecto, comentó que unos 3.000 documentos entraron en ese caso, que también involucró a múltiples cuentas en países del Caribe. “Las pericias y la cooperación de distintas instituciones del país (BCU, Senaclaft y otros organismos) y del exterior fueron fundamentales. Se alcanzó plena prueba”, contó Islas.
Una arista árida sobre el flagelo es, precisamente, las pruebas del delito. “Se avanza en los juicios por pruebas indirectas, y además hay que convencer al juez de que el delito ocurrió”, afirmó el juez letrado.
Otro caso mencionado fueron los esquemas Ponzi con criptomonedas y cómo los delitos se derivan cada vez más a las billeteras digitales.
Islas propuso que exista un protocolo compartido entre la Fiscalía, la Policía y otras instituciones (BCU, DGI, etcétera) para los casos de incautación de billeteras digitales, en la medida en que, en los hechos, con frecuencia las autoridades no saben realmente qué hacer con ellas.