Alerta en el gobierno: "Hay que elevar la vara" en Uruguay contra el lavado porque hay "escasez de resultados"

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) diagnosticó que elesfuerzo del sistema antilavado en Uruguay no se refleja en las condenas o decomiso de bienes, que son muy pocos para la realidad del país.

Según su informe estadístico 2020-2024, hubo solo ocho procesamientos por lavado el año pasado, cuando los condenados por delitos vinculados a drogas fueron 4.000 en ese lapso, lo que para el organismo, no condice.

En ese marco, el organismo aprobó el mes pasado la nueva Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos —de la que El País ya había adelantado su borrador— para combatir esa “escasez de resultados”. La misma consiste en 22 objetivos para el combate del crimen organizado, que incluye mayores exigencias para los distintos actores del sistema y propuestas normativas para una mejor coordinación e intercambio de datos entre los organismos estatales con competencia en la materia (Banco Central, Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación, Presidencia de la República, Dirección General Impositiva, Poder Judicial, etcétera), entre otras medidas.

Este y otros aspectos fueron abordados en el “13er Congreso de Prevención de Lavado de Activos Américas 2025”, organizado por BST Global Consulting, en el que participaron el presidente del BCU, Guillermo Tolosa y la titular de la Senaclaft, Sandra Libonatti, entre otras autoridades y expertos nacionales y extranjeros, además de representantes de empresas privadas que volcaron sus experiencias como “sujetos obligados”, es decir, en el deber de reportar operaciones sospechosas de clientes o potenciales clientes.

“En el período (de gobierno) pasado no hubo una decisión de priorizar el combate del lavado de activos y la escasez de resultados es reflejo de esa falta de voluntad política”, afirmó Daniel Espinosa, actual asesor (y extitular) de la Senaclaft.

Foto: Felipe Benoit, BTS Global Consulting.

De ahí el nuevo Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico —creado por decreto el pasado 22 de abril— y el proyecto de ley con modificaciones a la normativa antilavado, que está a estudio del Parlamento.

“No podemos perder en Uruguay lo que más valoramos”, afirmó Tolosa en relación a los valores, estabilidad y confianza en las instituciones en el país. “Que los criminales no logren legitimar los recursos obtenidos ilegalmente”, agregó.

El presidente del Central manifestó que, ante el auge de las redes criminales a nivel transnacional, “hay que elevar la vara”. Recordó que el BCU tiene un rol relevante en el sistema, dado que recibe los reportes de operaciones sospechosas, los analiza y establece coordinaciones con otras instituciones para que la información llegue a la Justicia.

“El régimen debe ser lo más disuasorio posible. Hay que ser más proactivos, con un marco normativo claro”, machacó.

Tolosa destacó también a quienes, “con bajos salarios” —dijo— se enfrentan a los que violan la ley y tienen grandes fortunas. “Se necesitan más recursos humanos y tecnológicos para esta tarea”, afirmó.

De hecho, hubo consenso entre varias autoridades en reclamar más recursos para el sistema, tanto de personal —la Fiscalía especializada, por ejemplo, cuenta con solo un contador que se reparte entre distintos casos— y tecnológicos, en la medida en que cada vez se utiliza más inteligencia artificial en los procedimientos en el mundo y Uruguay no debería quedar atrás.

Felipe Benoit, BTS Global Consulting.

“Se ha dicho con peligrosa liviandad que el lavado de dinero de alguna manera dinamiza la economía de un país, pero esos recursos, cuando ingresan, no se canalizan adónde la economía lo requiere para levantar el crecimiento, sino para donde conviene a quienes manejan ese dinero”, recordó Tolosa.

“El resultado es una distorsión profunda del tejido productivo del país, y la economía crece torcida, desalineada de las necesidades sociales”, añadió.

Por su parte, Libonatti recordó que los primeros mapas de riesgo que realizó Uruguay fueron con la colaboración de Chile y remarcó la importancia del trabajo en conjunto entre los países, en especial en estos tiempos en los que las redes delictivas han aumentado por las nuevas plataformas tecnológicas, la bancarización y el uso de las criptomonedas.

“Estamos en un momento de inflexión, en el que se están preparando nuevas normas que deberán acompañar a una Estrategia Nacional ya aprobada”, dijo a El País, Ricardo Sabella, director de BST Global Consulting. “Hay que actualizar el sistema porque no solo cambian los delitos, sino los medios de pago por los que se canalizan”, advirtió.

Un tema polémico fue el de las zonas francas, que, a modo de ver de Libonatti, fueron incluidas “al barrer” como sujetos obligados en la ley Antilavado, lo que debería ser reevaluado.

Espinosa concordó en que se supervisa especialmente a algunos sectores de la economía o se los ha incluido como sujetos obligados, cuando el foco debería estar en otros lados. En esa línea, mencionó las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que apuntan a enfocarse más en el riesgo, lo que significa menos actores obligados, pero más importantes (desde el punto de vista del riego de lavado).

Sobre la trazabilidad, otros ponentes advirtieron que es frecuente que las operaciones ilícitas partan de “cuevas” de países lejanos, donde se jactan de que a sus clientes “no les hacen preguntas incómodas”.

Cabe agregar que Uruguay obtuvo del Gafilat una conclusión positiva en 2019, en cuanto a su normativa, pero señaló que los resultados en la práctica no son acordes a los riesgos a los que está expuesto. El Gafilat insiste en advertir que el lavado de activos generalmente está vinculado al narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil o terrorismo, lo que representa una degradación social, política y moral contra la que hay que luchar.