Los crímenes cometidos a mano de hackers crecen en el mundo y Uruguay no es la excepción. Una modalidad frecuente es el secuestro de datos, donde los delincuentes piden dinero a cambio de liberar la información; los rescates oscilan entre US$ 1.500 y US$ 12.000.
Los distintos departamentos de la Dirección General de la Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol tuvieron un año de intenso trabajo.
Los malintencionados habilidosos de la informática tienen su propia división en Crimen Organizado, cuyo fin es perseguirlos. La misión no es imposible, pero la intrincada legislación internacional y el recelo de las empresas de internet obstaculizan. A veces, como esta semana, gana la Policía.
La jueza Ana Ruibal le tipificó un delito de amenazas.
La Secretaría de Comunicación de Presidencia anunció que su cuenta de Twitter había sido hackeada y luego se desmintió. Según los expertos el error es un reflejo de la falta de conocimientos del gobierno en el manejo de redes sociales. Pero bien pudo ser un incidente informático. Cada día al menos un organismo público es atacado.
La División Delitos Informáticos de la Policía comprobó que la soldado de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) cuya fotografía —de uniforme y exhibiendo un fusil— apareció en las redes sociales acompañada con una frase amenazante contra los hombres, no es la responsable de la publicación ni de su diseño, según se conoció anoche.
En perfil hackeado se leía: “A los hombres hay que matarlos”.
