Fiscalía inicia año con casos pesados a resolver: ¿qué trabajo acumulado tienen quienes investigan corrupción?

La Fiscalía General de la Nación tiene una conducción institucional que el gobierno de Yamandú Orsi planifica cambiar —para lo cual deberá antes llegar a un acuerdo político con la oposición, hoy al parecer muy lejano— pero, ajena a todo esto, la titular del Ministerio Público, Mónica Ferrero, ya planifica un nuevo año al frente de un servicio descentralizado que suele protagonizar fuertes polémicas.

Son varios los casos mediáticos que tendrán importante desenlace este 2026 —y que suelen motivar intensos debates partidarios y parlamentarios—, en un año en que, además, la Fiscalía que lidera Ferrero pondrá en práctica la "escuela de fiscales", un proyecto por el que la jerarca pujó en los últimos meses y que fue incluido en la Ley de Presupuesto de esta administración. "Habrá una gran labor para instalarla", dijeron a El País fuentes de la institución, en donde también se preparan para la instalación de nuevas fiscalías.

Ahora bien, aunque la labor de los fiscales suele estar en el centro de atención, hay tres casos en particular que, de manera paulatina desde que comenzó a regir el nuevo proceso penal a fines de 2017, pero ya en forma nítida y acostumbrada a medida que en los últimos años varios conflictos políticos buscaron dirimirse en los tribunales, serán grandes protagonistas en la escena mediática. Estos son los tres fiscales de Delitos Económicos, en cuyas oficinas han caído investigaciones que, concluyan lo que concluyan, tendrán grandes consecuencias en la política local.

De qué manera avanzará cada uno y a qué velocidad es algo que naturalmente dependerá de sus estilos y formas de trabajo, pero también de la realidad de su punto de partida, definida en gran parte a raíz de los casos que tiene acumulados, a cuyo detalle accedió El País a través de un pedido de acceso a la información pública cursado a la Fiscalía General de la Nación.

Si bien El País solicitó acceder a la "cantidad de casos" que figuran en la llamada "bandeja de entrada" de las fiscalías a cargo de Alejandro Machado, Sandra Fleitas y Gilberto Rodríguez —lo que entre otras cosas incluye la participación en audiencias en las que se trata vicisitudes de las condiciones de reclusión de los condenados en las causas, o los movimientos que se hacen con las investigaciones archivadas—, el Ministerio Público respondió con una planilla que contiene únicamente los "casos en curso".

Estas cifran muestran un nivel de trabajo acumulado similar entre los funcionarios —aunque el Ministerio Público advirtió, en su respuesta, que no considera "correcto" comparar las fiscalías, entre otras razones porque no todas fueron se crearon "en la misma fecha", porque han habido "migración de casos entre turnos" o sus equipos "han variado en el transcurso del período establecido".

La fiscalía de 1° Turno, que hoy lidera Machado y que fue la primera en crearse —y, por tanto, la que más tiempo estuvo acumulando sola las indagatorias— tiene actualmente 144 casos en curso, casi los mismos que la fiscalía de Freitas (150), y menos que la de Rodríguez (205).

Con lo que, en total, hasta el 6 de octubre de 2025 —hasta allí llegan hoy los registros del organismo—, en las tres fiscalías encargadas de investigar estafas y casos de corrupción hay 499 investigaciones en curso.

Esto es distinto al número que figura en la bandeja de entrada de estos fiscales, que en algunos casos asciende a casi 2.000. Sin embargo, qué tanto afecta ese indicador en el trabajo diario de los funcionarios es un tema sobre el que no hay acuerdo en la interna de la institución, según supo El País.

De cualquier manera, la sobrecarga laboral es una critica permanente de los fiscales al sistema político, que todos los años reclaman al Parlamento un refuerzo de recursos que no es atendido o solo muy parcialmente.

Medir la efectividad o intensidad del trabajo fiscal a través de la cantidad de imputaciones que logran en la Justicia ha sido desde siempre —o al menos desde que rige el nuevo sistema penal, en el que estos funcionarios son protagonistas— un factor de polémica en esta institución. Son varios los que entienden que el número frío de las instancias en que los jueces dan su aval para dar inicio a las investigaciones no refleja cabalmente el trabajo de los fiscales, puesto que hay casos que pueden requerir una profunda labor investigativa y terminar en resultados que no necesariamente se traducen en formalizaciones, sino, por ejemplo, en incautaciones de dinero, armas y otros objetos de valor económico o penal.

Sea como fuere, para la Fiscalía sigue siendo un elemento de relevancia a la hora de analizar el trabajo interno.

En el caso de la fiscalías abocados a los delitos económicos, también aquí se observa circunstancias similares. Si se toma en cuenta las formalización sin unificar —es decir, aquellas formalizaciones que solo tienen en cuenta los delitos que la Fiscalía lleva ante la Justicia y no todas las denuncias que pesan contra el imputado—, la que más casos iniciados logró en 2025 (al menos hasta el 6 de octubre) fue la fiscalía de Rodríguez (con 11), seguida de la de Machado (con nueve) y la de Fleitas (con siete). En 2024 los números fueron prácticamente idénticos.

En donde hay variaciones es en la tercera planilla que adjuntó la Fiscalía, que contiene casos formalizados con unificados —tomando en cuenta todas las denuncias—. Entonces se observa la siguiente disparidad: la fiscalía de Machado tuvo 114 formalizaciones el año pasado hasta el 6 de octubre —se explica en buena medida por las denuncias vinculadas a la estafa del fondo de República Ganadera—, mientras que la de Fleitas obtuvo ocho, y la de Rodríguez 13.