En los 25 años que lleva viviendo en Estados Unidos, Elena se acostumbró a que muchos norteamericanos llamen “marrones” a los latinos, una tercera categoría para dividir a la población detrás de los “blancos” y de los “negros”; a que de vez en cuando algún vecino —inmigrante ilegal como ella— le advirtiera que tuviera cuidado porque andaba rondando la “migra”, y a esperar en vano a que algún gobierno comunique una amnistía para poder por fin regularizar su estatus migratorio. Un trámite que desde afuera parece sencillo, pero no lo es.
El primero en llegar fue su marido y después viajó ella con su hijo, en ese momento de tres años. Entraron, como casi todos en aquella época, con una visa de turista y el proyecto de convertirse próximamente en residentes. Se instalaron en Miami, Florida. Pero veinte días más tarde ocurrió el atentado en las Torres Gemelas y se recrudecieron los requisitos para obtener la residencia.
Elena entonces se entregó al destino.
Y aunque no había un peligro inminente, se propuso “pasar desapercibida”, evitando “ser una carga” para el Estado de ese país. Por eso jamás solicitó ninguna ayuda pública.
El tiempo pasó y su hijo ingresó al programa DACA, implementado por Barack Obama en 2012, que otorga una protección temporal de ser deportados a los jóvenes inmigrantes que entraron ilegalmente al país siendo menores de 16 años y hasta el año 2007. Los “dreamers” no pueden cometer delitos, deben estudiar o reciben permisos de trabajo renovables cada dos años. Sin embargo, esta condición nunca les aseguró la ciudadanía y están hoy en un limbo. Fue, lo de ser un “dreamer”, un alivio momentáneo para el hijo de Elena.
Los caminos para obtener la residencia son variados y siempre complejos, pero hay un atajo al que suelen recurrir muchos ilegales: el matrimonio con un ciudadano norteamericano. Muchas veces, esa unión se paga. El costo de un matrimonio arreglado anda hoy por los 20.000 o 30.000 dólares. La demanda es alta, aunque tiene sus riesgos porque las autoridades formulan preguntas cada vez más capciosas para determinar si la relación es real o no. Y de ser descubierto el engaño, se imputa un delito grave al que llaman felonía.
Otras veces detrás del casamiento sí hay amor. Elena tuvo esa suerte. Su hijo se casó unos meses atrás y así obtuvo la residencia y en breve, en setiembre, si pasa los exámenes le darán la ciudadanía. Esos exámenes también se han complicado. Ahora que cada vez más inmigrantes con residencia están dando el paso de convertirse en ciudadanos, proliferan las clases de inglés para ir preparados a la cada vez más exigente entrevista.
Cuando el hijo de Elena se convierta en ciudadano estadounidense, podrá “pedir por ella” y así Elena a su vez tener su residencia, esperar que transcurran cinco años y tramitar la ciudadanía.
Para setiembre falta poco, apenas siete meses. Pero tal y cómo están las cosas para los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) respirándoles en la nuca, para Elena se siente como una eternidad.
A su alrededor, en un barrio donde hay más hispanos que norteamericanos, ve cómo el ritmo de vida se paraliza, cómo el miedo cambia los hábitos. Si pone un pie fuera de su casa, siempre es con el teléfono en la mano y los pocos documentos que tiene —pasaporte uruguayo, la tarjeta para pagar los impuestos, la libreta de conducir— encima. Por la noche no sale. No conduce, pide un Uber. Si se enferma, no va al hospital. “Te delata, es preferible no hacerlo. Es de las cosas más tristes, constantemente pienso qué voy a hacer si me pasa algo”, dice.
Hace las compras una vez a la semana, y con cuidado porque el ICE se esconde en los estacionamientos. No se acerca a un aeropuerto, lo que significa no ver a su hijo que vive en Chicago. Sale solo para trabajar, pero otros de sus vecinos ya ni eso. Muchas mujeres dejaron sus empleos y pasan el día escondidas en su casa. El que se arriesga es el hombre. Hay empresas que están dejando de funcionar porque no tienen quién les trabaje, cuenta Elena.
Atajos para la residencia: tener un hijo en Estados Unidos o contraer matrimonio con un ciudadano
La forma más común para conseguir la residencia es teniendo un hijo en Estados Unidos y una vez que cumpla la mayoría de edad (21 años) éste “pida” por sus padres. Para hacerlo debe estar trabajando o estudiando, y no tener antecedentes. Otro camino es contraer matrimonio con un ciudadano y que “pida” por su pareja y por los hijos menores de 21 años. Hay otros caminos: se puede acceder a una residencia si se tiene un talento, o se es requerido para un trabajo. También víctimas de violencia doméstica de ciudadanos norteamericanos. Por asilo en algunos casos, y hay protecciones temporales como es el caso de los “dreamers”. Se renueva cada 10 años. Cuesta unos 3.000 dólares, pero es más costoso si el trámite lo hace un abogado.
“Veo las redadas por los noticieros pero me cuesta imaginármelas acá. Voy a hacer las compras y pienso, ¿pero cómo van a hacer? Si acá son todos “marrones”, desde el primero al último que trabaja en la tienda son inmigrantes, tendrían que llevarnos a todos”, dice.
“Es desesperante la situación, porque estoy tan cerca de setiembre”. Apenas le faltan siete meses, se repite. “Y pienso que es como dice el dicho: la noche es más oscura justo antes del amanecer”.
Cien deportados
Durante todo el año 2025 y al 6 de enero de 2026, se registraron aproximadamente 100 deportaciones de uruguayos a nuestro país, producto de órdenes de deportaciones realizadas por ICE, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y Aduanas y Protección Fronteriza, informó a El País el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Es una cifra llamativa, que supera ampliamente las deportaciones de años anteriores: 51 en 2019; 28 en 2020; 21 en 2021; 19 en 2023; 25 en 2024. Desde Cancillería plantean que en muchos casos las deportaciones no vienen con un fundamento explicativo, pero se presume que el aumento estaría incidido por el fortalecimiento de las acciones de ICE.
De acuerdo a un informe remitido por el gobierno norteamericano a Cancillería a fines de 2024, de los cerca de 60.000 uruguayos radicados en Estados Unidos, 365 tenían en ese momento orden de ser deportados.
Ahora mismo hay por lo menos 14 uruguayos en estado de detención en ICE, según los reportes recibidos por los consulados generales de Uruguay en Estados Unidos a los que accedió El País mediante un pedido de acceso a la información. Al menos 14, pero podrían ser más. Aunque estamos lejos, algunos de esos casos llegan a esta parte del mundo a través de campañas para juntar fondos que se difunden en redes sociales.
Reúnen dinero para cubrir las tarifas de los abogados y otros gastos legales, como en el caso de un uruguayo que llegó a los 2 años y lleva 29 en Estados Unidos, país en el que además tuvo a dos hijos. No tiene antecedentes penales, pero tras ser detenido por ICE fue llevado a la prisión de Alcatraz y después trasladado a otro centro penitenciario en pésimas condiciones y recibiendo malos tratos por parte de los guardias, denunció su familia en Gofundme. Finalmente, después de un “pesadillesco” encierro de un mes, su situación empezaría a aclararse.
En otros casos, en cambio, se junta dinero para la deportación voluntaria. Esta alternativa es la preferida del gobierno de Donald Trump, ya que abarata el costo de la deportación forzada. En diciembre pasado, ofreció 3.000 dólares a quien se fuera del país voluntariamente. Entre los entrevistados, una sola persona dijo conocer a alguien que aplicó a este decreto. Como sea, hay otra campaña circulando de uno de los uruguayos detenidos. Se pide colaboración para que vuelva al país junto a su esposa y sus tres hijos.
Una situación similar vivió Diego Presa, un inmigrante radicado en Nueva Jersey durante cinco años que después de dos meses encarcelado optó por volverse por sus medios con la promesa del gobierno estadounidense de que no quedaría un antecedente en su legajo y podría volver, informó El Observador. Diego cuenta que sus amigos, la comunidad de uruguayos e incluso clientes organizaron una chorizada para hacer la colecta que lo trajo a Uruguay. Así pudo costear los pasajes de él, su esposa e hija y pagar el traslado de sus herramientas de trabajo, que todavía no han llegado.
Después fue llegar y armar una vida de nuevo. “Mucha gente se está comunicando conmigo, porque tienen miedo de estar allá. Me piden que les aconseje si quedarse o venirse. Y es difícil para mí darles una respuesta, porque acá no vas a tener a la Policía corriéndote atrás, pero también está complicado empezar de nuevo”, dice.
Diego está en contacto con Andrea, que retornó de Estados Unidos en julio pasado, cuando el pánico ya estaba carcomiendo los nervios de su familia. Juntos le prestan el oído a decenas de uruguayos que organizan su retorno. Y juntos quieren armar una agrupación para los retornados, promoviendo por ejemplo que se cree una bolsa de empleo.
“Todos tienen miedo de volver. Yo venía llorando. No quería. Estoy pasando más trabajo acá que siendo indocumentada por 22 años”, dice. Tiene 48 y no consigue empleo. Enumera las plataformas en las que se registró hace siete meses, y nada. “Allá me dieron oportunidades que acá no estoy viendo ni por la edad, ni por mis estudios”. Dice: “Inmigrar a tu propio país es un sentimiento muy triste y feo”.
Azules y rojos
Desde la perspectiva de un inmigrante, la geografía de Estados Unidos se divide en estados rojos (republicanos) y azules (demócratas). Los azules son más amigables con la población migrante, incluso los ilegales. Esos estados otorgan a quienes pagan sus impuestos una licencia de conducir, que allá funciona como una carta de identidad para abrir cuentas bancarias, cobrar los cheques del trabajo, atenderse en un hospital, inscribir a los hijos en una escuela, dicen varios entrevistados.
Así, las libretas de conducir han sido los aliados de muchos inmigrantes para moverse en el país, sin documentos, durante años. Pero ahora eso también se está limitando. O, en todo caso, renovarla es exponerse. Y nadie quiere eso.
En Nueva York y California, estados azules, existen ayudas para la salud, educación, vivienda y alimentación de los inmigrantes ilegales. La demanda de estas ayudas tuvo un incremento durante el gobierno de Joe Biden. Algunos servicios se saturaron, y empezaron a haber crujidos sociales. Hasta que llegó Donald Trump.
Trump empezó su segundo mandato prometiendo que expulsaría al menos a 11 millones de inmigrantesen situaciones irregulares. En las noticias vemos las redadas, pero hay otros quiebres que solo perciben los propios inmigrantes. Así lo explica Rosana Araújo, referente de la comunidad uruguaya en Miami: “Tenemos discriminaciones cruzadas que se están enardeciendo por las políticas de Trump. Los afroamericanos te discriminan por ser latino, pero los latinos también se discriminan entre sí: los cubanos a los centroamericanos, y los que tienen documentos contra los que no los tienen, porque ‘por culpa de ellos nos están agarrando a todos’, dicen”.
Los ilegales sobre todo, pero también inmigrantes que tienen la residencia (pero no la ciudadanía) sienten por igual que a pesar de su estatus no hay garantías, que todo depende de “la discrecionalidad” del agente de ICE que los detenga. “Hay una sensación de impunidad. El terror es a estar preso. Hay muchos abusos en las cárceles, sumado a que te queda en el legajo, y después tenés que demostrar que fue un error, quedás marcado”, dice Araújo.
Eloísa ya está jubilada y ahora se arrepiente de no haber tramitado la ciudadanía antes. Aunque vive en California, un estado azul, y no ha visto redadas, prefiere esperar, incluso si esto sacrifica un viaje a Uruguay para visitar a su familia: teme que por alguna razón no la dejen volver a entrar.
Nelly tiene una hermana, una hija y una nieta allá. Todas están en regla, pero aún así a Nelly le preocupa su nieta, y busca en la prensa artículos de casos de niños cuyo padre sea ciudadano norteamericano y la madre tenga la residencia pero no la ciudadanía. ¿Qué pasa con ellos?, se pregunta.
Laura lleva siete años en Minnesota, tiene la residencia y en breve será ciudadana pero quiere mudarse a un estado con mayor presencia migrante. ¿A dónde? “Es un arma de doble filo, porque en los estados demócratas hay redadas, pero si voy a uno republicano también hay agentes de ICE aunque no actúan de forma masiva”.
Los que se animan cambian de estado. Otros no se mueven e intentan sobrevivir debajo del radar, le dicen “quedarse en las sombras”. Arman grupos de WhatsApp organizados por barrios para avisarse si ven al ICE. Pero la paranoia es tal, cuenta Araújo, que a veces los confunden con guardias de seguridad, que nada tienen que ver con migración. Entonces se arman subgrupos, integrados por inmigrantes legales que ante una alerta van hasta el lugar a comprobar si está o no ICE, y pasan el aviso. Otros, portan silbatos y los hacen sonar si perciben alguna presencia sospechosa.
El año que viene, Uruguay tendrá un cónsul en Texas, cuenta Jaqueline Prado, de la Asociación Uruguaya en Houston. Allí hay muchísimas redadas. “Al principio eran solo en barrios hispanos, pero ahora se extendieron, incluso a barrios de alta sociedad, anglosajones. Si en algún momento pensamos que esto iba a parar, esto no para; sigue y tiene muchísimo poder todavía”, dice Prado.
En Texas, la demanda hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores se multiplicó. Muchísimos inmigrantes están renovando sus pasaportes y tramitando la cédula uruguaya, “pero increíblemente hay muchísimos venezolanos y cubanos, con familia en Uruguay, que están pidiendo ayuda al consulado para poder ir a reunirse con su familia allá”.
Los retornados
Andrea vivió en Estados Unidos durante 22 años, y en todo ese tiempo el único documento válido que tuvo fue el pasaporte uruguayo. Nunca pensó que legalizarse sería una meta imposible, e incluso ahora se pregunta si hizo mal en no haber arreglado un matrimonio pago con un ciudadano norteamericano para tener la residencia. Fue 10 años atrás, cuando no se podía imaginar lo que vendría, cuando todo iba tan bien que sus hijos no sabían que eran inmigrantes ilegales.
Al final, antes de volverse, el único con licencia de conducir y permiso de trabajo era su hijo, y tuvieron que pasar a su nombre el contrato de alquiler de su casa en Miami.
“No podemos llegar al punto de quedarnos en la calle”, le dijo Andrea a su marido. El marido cada día se arriesgaba a conducir sin libreta (que es un delito). Ya no salían a hacer las compras, mandaban a los hijos y les indicaban qué comprar por videollamada. Veían las noticias a escondidas en la madrugada para no angustiar a su hija de 17 años, nacida ella en Florida, que después de haber visto a un agente de ICE en el barrio, sufría ataques de pánico cada vez que sus padres se retrasaban 10 minutos en el trabajo.
Andrea empezó a tomar calmantes. El marido dejó de dormir. “Vivíamos presos en una jaula de oro, y dijimos nuestro ciclo acá se tiene que terminar”.
Andrea contactó al ministerio, en Uruguay. El último año, la Oficina de retorno y bienvenida respondió decenas de consultas, asistió a familiares de deportados en el exterior y se entrevistó con unos 20 uruguayos que “han sufrido retornos forzados”, se informó a El País.
A Andrea le pasaron los convenios con diferentes organismos disponibles para los retornados, ayudas que para los entrevistados deberían robustecerse y centrarse más bien en una ayuda para conseguir empleo.
Eso es lo más difícil. Y es la llave para empezar a armar una vida otra vez. “Los que retornan después de tantos años necesitan información y mucha ayuda, están nadando en un mar abierto y no encuentran soluciones”, plantea Araújo, que sigue desde Miami el periplo de tantos uruguayos que se vuelven huyendo. “Habría que preguntarse qué le pasa a nuestros uruguayos cuando llegan y cómo es el impacto”, dice, “porque llegar es como inmigrar de nuevo”.
Retornados: ASSE gratis, Antel y otros beneficios
La Ley de Migraciones del año 2008 incluye un apartado con beneficios para uruguayos que decidan retornar. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la fecha menos de 10 retornados forzados de Estados Unidos han iniciado el trámite desde el territorio nacional. El proceso involucra también al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Aduanas. Más común es que los retornados consulten de forma presencial, en la oficina. Se les ofrece una afiliación gratuita a ASSE por un año, una nota destinada a Antel con bonificaciones en telefonía móvil e internet; una nota dirigida a Inefop que brinda prioridad a los retornados en cursos que tengan cupos limitados. También se puede aspirar a una garantía de alquiler subsidiada por el Ministerio de Vivienda. Se exonera el pago de impuestos para traer sus pertenencias (muebles y artículos del hogar), herramientas y máquinas relacionadas al oficio, un vehículo automotor de su propiedad. Los beneficios incluyen una bonificación en el Banco de Seguros del Estados para quienes importen su auto.
Un asunto que preocupa a los inmigrantes es un requisito incorporado para renovar el pasaporte, que obliga a quienes están en Estados Unidos a dirigirse al FBI para solicitar los antecedentes judiciales. “Eso es exponerte. Hay muchos uruguayos con el pasaporte vencido porque no quieren dirigirse al FBI. Sin pasaporte no podés abrir una cuenta en el banco, no te podés casar. Así que además de ilegales, algunos están en la clandestinidad ”, dice Rosana Araújo, referente en Miami.
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