De la renuncia de Cairo a la camioneta de Orsi: la lista de reveses del gobierno en poco más de un año

Hace 463 días, Yamandú Orsi asumió la presidencia de la República. Antes de eso transcurrieron 1.826 días -una cuenta que el expresidente Luis Lacalle Pou seguía de cerca en una aplicación de su celular- para que el Frente Amplio (FA) concretara su principal objetivo como partido político: regresar al gobierno luego de perderlo tras tres períodos consecutivos.

La fórmula frenteamplista logró ganar con holgura el balotaje de 2024. Sin embargo, a un año y tres meses de haber vuelto al poder, la cuarta administración de la coalición de izquierda sumó, en simultáneo a la polémica por la compra de la camioneta personal del presidente Orsi, la difusión de cuatro encuestas que marcan una acelerada pérdida de respaldo por parte de la opinión pública.

Según Opción, en línea con Equipos y Factum, 48% de los uruguayos desaprueba la marcha del gobierno y hay un “declive del apoyo a la gestión, medición tras medición”. El descontento ciudadano -incluso el de los propios frenteamplistas- ha ido escalando sucesivamente. Para el sociólogo Eduardo Bottinelli, es importante separar los problemas de gestión política de los éticos, morales y legales que han enmarcado el período. En resumen, consideró que en el desgaste pesan más los primeros factores que los segundos: la situación de calle -las sucesivas muertes registradas durante 2025 generaron una crisis política que llevó a la intervención de Presidencia y expusieron un problema que se venía arrastrando, pero que fue escalando hasta volverse una demanda insatisfecha relevante-, la pobreza, la seguridad y la falta de una mejora sustancial de los ingresos, que no se advierte.

En los segundos, opinó, el problema que está despegado del resto, porque afecta directamente al presidente, es el de la polémica por la camioneta Hyundai Santa Fe -que no fue tenido en cuenta en las mediciones, pues se realizaron antes-. Pero el caso de Álvaro Danza y sus múltiples empleos estando al frente de ASSE puede también identificarse como uno de alto impacto, mientras que las controversias vinculadas a la política internacional -marcada por la posición de Cancillería en el conflicto Israel-Gaza, el revuelo generado por los cambios en la emisión de pasaportes y la presencia en un portaviones estadounidense- impactaron también, incluso a la interna del oficialismo.

El descontento entre los votantes del gobierno fue in crescendo, se volvió palpable y visible: afectando el respaldo de sus electores menos fidelizados, pero también el de sus militantes o aquellos identificados como frenteamplistas. En la fuerza política son conscientes desde hace meses de este desafío, en un contexto marcado, además, por pujas internas que reclaman una orientación más a la izquierda en materia tributaria y política internacional.

Pero, más allá de la evidente distancia -como han marcado los analistas- entre la expectativa previa de los votantes frenteamplistas y la caja de herramientas políticas con las que cuenta realmente el gobierno (con restricciones y estancamiento económico, falta de mayoría en Diputados y un escenario internacional que se ha complejizado), al oficialismo le ha costado visibilizar avances tangibles de la administración.

En esta coyuntura, además, ha habido hechos políticos puntuales que se han acumulado durante el primer año de la cuarta administración del FA y han afectado negativamente la percepción de la gente hacia el gobierno.

Cuando el gobierno todavía no había terminado de acomodarse, a 46 días de asumir, estalló la primera crisis fuerte que terminó con la renuncia de Cecilia Cairo como ministra de Vivienda -importante cuadro político del MPP-, tras comprobarse que tenía diversas irregularidades en el lugar donde residía y deudas por no pagar el Impuesto a Primaria durante 20 años. La dimisión de la hoy diputada fue el primer gran revés político para el oficialismo, no solo por el hecho en sí, sino también porque se trataba de una de las figuras con mayor protagonismo dentro del Ejecutivo.

Apenas unas semanas después, el 13 de mayo, el FA enfrentó otro golpe con la muerte del expresidente José Mujica. Más allá de las consecuencias políticas derivadas de la desaparición de su principal referente histórico -hasta entonces el dirigente político más popular del país y líder del principal sector del FA-, al hecho lo prosiguió un escándalo político. El anuncio realizado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre la compra de la estancia María Dolores por US$ 32,5 millones por parte de Colonización en pleno velatorio de Mujica, desató un fuerte escenario de conflicto con la oposición, que cuestionó duramente la decisión, al punto que terminó derivando en la salida del organismo de Eduardo Viera, el productor que presidió el instituto hasta fines de mayo. Las principales críticas sobre la adquisición provinieron del senador Sebastián Da Silva, pero fue una presunta violación del artículo 200 de la Constitución -denunciada por el colorado Robert Silva- lo que desencadenó el alejamiento del productor lechero.

En solo tres meses, Viera era el tercer jerarca del gobierno en abandonar su cargo si le sumamos la polémica que giró en torno a Alejandra Koch, quien, a apenas dos días de asumir como vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos, debió dar un paso al costado tras comprobarse que votó el ascenso de su esposo, Ricardo Suárez, a un cargo que incluía un relevante aumento salarial, además de haber favorecido a otros funcionarios vinculados al Partido Socialista, sector al que pertenece.

Antes y después hubo otras renuncias de jerarcas y otros conflictos que afectaron al Ejecutivo -Daniel Mordecki en Agesic, Gonzalo Trancedi, la directora de Secretaría de Ambiente, los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, los conflictos en la pesca y el puerto, las repercusiones por las recomendaciones del Diálogo Social, el cambio en el rol de las AFAP y el pórtland, entre otros-, así como la salida del país de empresas que generaban miles de puestos de trabajo, muchos de ellos de calidad.

También se sumaron denuncias por acoso laboral contra jerarcas de Presidencia, sin resolución después de meses. Aunque estos episodios tuvieron un impacto político menor, fueron acumulando una serie de hechos que terminaron posicionando al gobierno en una actitud más reactiva y defensiva que proactiva -con excepciones, como el caso Cardama o la propuesta de Sánchez de abrir las empresas públicas para que inviertan pequeños ahorristas-, dificultando su capacidad para marcar la agenda pública, mientras la oposición rompe récords de interpelaciones.

El caso de Danza en ASSE puede marcarse como uno de los más paradigmáticos. No necesariamente por el hecho en sí, sino por la tardía reacción del Ejecutivo al accionar un cortafuego que amortiguara la polémica, la cual persistió durante meses mientras la oposición machacaba y machacaba con el tema. El conflicto de intereses se denunció en setiembre, pero fue recién en noviembre cuando el jerarca informó que abandonaría sus diversos cargos en el ámbito privado.

La controversia no solo afectó la figura de Danza y de las autoridades que lo respaldaron, sino que también debilitó directamente a la Junta de Transparencia y Ética Pública, un organismo que ya venía siendo cuestionado duramente. Ahora, la Jutep deberá pronunciarse -nada más y nada menos- sobre los alcances éticos de la decisión de Orsi de adquirir su camioneta a un valor significativamente inferior al de mercado días antes de asumir la presidencia.

Desde hoy, quedan 1.363 días de gobierno para Orsi.