Jutep recibió 132 denuncias hacia organismos públicos en 2025; más del 60% fueron anónimas, según informe

La Jutep publicó un informe acerca de su gestión el año pasado, con la asunción de sus nuevas autoridades en junio, en el que brindan datos acerca de las declaraciones juradas y las denuncias que el organismo ha recibido en 2025.

Con respecto a este último aspecto, las denuncias fueron unas 132, de las cuales el 61% (81) fueron anónimas y la mayoría dirigidas a ministerios (48), intendencias (24) y servicios descentralizados (29). Cuatro fueron hacia Presidencia de la República.

El documento también señala que el organismo enfrentó “desafíos estructurales heredados” y “debilidades significativas en áreas clave”.

Por ejemplo, en materia de recursos humanos, señalan que “se identificó una plantilla reducida de 14 funcionarios con ocho vacantes acumuladas en los últimos cinco años, lo que implicaba pérdida de conocimiento y capacidad operativa”. Algo similar se diagnosticó a nivel tecnológico, por la “carencia de sistemas de gestión de personal y liquidación de haberes”.

“La Jutep se ubicaba en el puesto 28 del Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, con debilidades en gestión documental. Asimismo, se identificó un atraso significativo en la destrucción de declaraciones juradas obsoletas (19.800 pendientes) y en la publicación de declaraciones de años anteriores”, sostiene el documento.

Asimismo, el informe brinda datos sobre su actuación en cuanto a las declaraciones juradas recibidas en 2025. De un total de 9.262, unas 5.140 se presentaron electrónicamente y 4.122 en papel. Hubo 4.412 omisiones y “se generaron 72 expedientes de omisos”.

Entre la administración central, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, Poder Judicial y Poder Legislativo, hay unos 12.196 funcionarios obligados a declarar su patrimonio.

“Se publicaron 568 declaraciones de altas autoridades y 135 de candidatos a elecciones departamentales”, al tiempo que “se inició el proceso de estructuración del Equipo de Análisis de Declaraciones Juradas”, agrega.

El informe también afirma que, sobre el análisis de las declaraciones juradas —cometido legal vigente desde 2020—, “diversos impedimentos registrados en los últimos años dificultaron su efectiva implementación”.

“En 2025, al otorgarse una mayor prioridad al área y reconocerse la importancia estratégica del análisis, se logró retomar e impulsar este proceso. Como primer paso, se incorporó al equipo de trabajo una economista y se inició la elaboración de una metodología de análisis basada en criterios de riesgo”, describe.

De cara a 2026, se busca “completar la conformación del equipo de trabajo” que analiza las declaraciones, que a partir de la Ley de Presupuesto deben presentarse exclusivamente en formato digital.

La Jutep se encuentra en medio de una fuerte polémica política. Su directorio asistió a la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados para explicar su política de publicación de las declaraciones juradas, y la sesión terminó convirtiéndose en un tenso enfrentamiento, en el que blancos y colorados criticaron fuertemente la gestión de sus autoridades —Ana Ferraris y Alfredo Asti— y volvieron a pedir su renuncia.

La oposición considera que “se está haciendo una utilización política del organismo desde hace muchos meses”. “Están en un proceso de deterioro desde el punto de vista de la credibilidad”, lamentó en conferencia el diputado blanco Pablo Abdala, y sostuvo que “quedó absolutamente demostrado” la pérdida de “confianza desde el punto de vista político e institucional”.

El organismo estudia desde este viernes unas seis denuncias anónimas que en estos días ingresaron señalando el comportamiento del presidente de la República, Yamandú Orsi, en el episodio de la compra de su camioneta Hyundai —que este martes, como recurso para dar por terminada la polémica, decidió donarla a la educación pública—, así como las sucesivas acciones que dio esta última semana el mandatario en sus intentos de explicar cómo fue que adquirió ese vehículo —tasado en el mercado en unos US$ 79.800— con un descuento de US$ 25 mil, a una semana de asumir el mando —y de la misma marca que el auto en el que se trasladó en la ceremonia de asunción, junto con la vicepresidenta, Carolina Cosse.

El directorio busca darle prioridad al caso del presidente, teniendo en cuenta la jerarquía del involucrado en este caso. En ese sentido, Ferraris dijo previamente a El País que el directorio va a “urgir el tratamiento de este tema” y se va a pedir que se “priorice”, tal como también había asegurado Asti.

Más allá de eso, según la jerarca, “las denuncias se van asignando en forma aleatoria entre cada una de las tres funcionarias que por el momento están encargadas de esa tarea”.

“(Ahora) no va a pasar algo diferente respecto al resto. Se le asignará una funcionaria, que estudiará el caso, lo trabajará, se le dará vista al presidente de la República y elaborará su informe. Todo esto va a ser un trámite que no se va a resolver ni en dos ni en tres días, y probablemente ni en una ni en dos semanas”, manifestó la presidenta de la Jutep.

Con respecto al análisis de la polémica que tiene a Orsi en el centro, el nacionalista Abdala afirmó en la conferencia del jueves que la Jutep “no da garantías y a nadie a esta altura le permite alentar la expectativa de que este problema institucional se pueda solucionar”.

“Cualquiera sea su pronunciamiento, que no sabemos cuál será, estará bajo sospecha o será muy fácil dudar de él, o tendrá una dosis de fragilidad y de debilidad incuestionable, porque es la debilidad y la fragilidad que tiene el propio organismo”, sentenció. “Aun cuando el pronunciamiento definitivo sea totalmente absolutorio”.