El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fue el único integrante del gabinete de Yamandú Orsi designado antes de las elecciones de octubre de 2024.
La señal política, que buscaba llevar calma a los mercados ante la incertidumbre instalada cuando todavía estaba sobre la mesa la posibilidad de que triunfara el plebiscito para reformar la seguridad social impulsado por el Pit-Cnt —y respaldado por sectores de la coalición de izquierda, como los partidos Comunista y Socialista—, guarda similitudes con la decisión adoptada ahora por el gobierno de no avanzar, al menos por el momento, con la propuesta surgida del Diálogo Social para modificar el rol de las AFAP.
En ambos casos, la preocupación por preservar la confianza de los inversores y evitar señales que pudieran generar incertidumbre fue un factor determinante en la decisión del Poder Ejecutivo, pese a que jerarcas como Oddone, y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, habían defendido la propuesta del Diálogo Social que planteaba cortar el vínculo comercial entre las AFAP y sus afiliados. Así, en el camino intermedio finalmente elegido por el Ejecutivo pesaron variables similares a las que habían incidido en setiembre de 2024.
En abril, Oddone había asegurado, en diálogo con En Perspectiva, que en las reuniones que mantuvo con inversores en Estados Unidos la pregunta más frecuente estaba vinculada a los posibles cambios que impulsaría el gobierno en el sistema previsional.
Sobre la propuesta en concreto de que las AFAP dejen de administrar las cuentas de ahorro individual de los afiliados, el economista planteó que “posiblemente pueda haber cambios en la organización de la industria, en términos de cómo se relaciona el cliente con el proveedor comercial”. No obstante, llamó a la oposición a no “sobrerreaccionar” ni apresurarse en sus pronunciamientos hasta que el Poder Ejecutivo presente una propuesta concreta.
Por su parte, Sánchez —frente a las duras críticas que habían surgido desde la oposición que hablaban de la desaparición de las AFAP— había dicho que lo que se proponía no era eliminarlas, sino que la gestión de la afiliación de las personas estuviese a cargo de un organismo público para evitar malos incentivos a la hora de cobrar comisión por cada trabajador afiliado.
“La tarea principal de las AFAP no es afiliar gente, es invertir su dinero”, había marcado el jerarca.
“Ruido”
Según pudo reconstruir El País, durante la reunión de la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) con el equipo económico, el ministro explicó que la decisión de mantener en manos de las AFAP la gestión de las cuentas de ahorro individual —sin seguir al pie de la letra la propuesta del Diálogo Social, aunque entendida como un primer paso hacia la centralización del trámite jubilatorio— estaba vinculada a la necesidad de “asegurar la confianza” en la antesala de una nueva emisión de bonos en pesos uruguayos.
Una vez concretada la emisión, tanto Oddone como el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, destacaron “la credibilidad y confianza en Uruguay” tras la operación por $ 4.406 millones con vencimiento a 2030, en dos posteos prácticamente calcados.
Un participante de la reunión entre Oddone y los legisladores del oficialismo reconoció que, aunque el ministro no lo planteó exactamente en esos términos, la propuesta efectivamente había generado inquietud.
“En economía sabemos que cualquier tecla que tocás repercute y Uruguay se basa en la confianza. Si generás algún ruido —y, de hecho, el resultado del Diálogo Social había generado inquietud—, eso genera incertidumbre”, dijo a El País.
Entrevistado por El Observador, Oddone asumió que durante el proceso de negociación con las AFAP y otras organizaciones sociales concluyó que “las condiciones financieras e institucionales no están maduras como para avanzar en la sugerencia que el Diálogo Social establecía”.
“Al final del día, tanto los expertos como la comunidad social, traen ideas pero el gobierno de turno que es el que mira toda la cancha, mira lo que dicen los inversores internacionales, la sostenibilidad fiscal, lo que dicen las AFAP, los trabajadores y la sociedad civil organizada. (El gobierno) es el que evalúa todo y dice: ‘Yo puedo hacer esto y esto no lo puedo hacer’. ¿Por qué? Porque al final, como un piloto en un avión, el que sabe si puede aterrizar o no es el presidente de la República y el ministro de Economía. No es el pasajero de la fila 33 diciendo ‘aterriza que no pasa nada’. No, hay un orden y el Poder Ejecutivo decide. Acá lo que pasó es eso”, saldó el ministro la discusión.
“Marcha atrás”
Desde la oposición distintos políticos congratularon la decisión del gobierno de no aplicar los cambios vinculados a las AFAP que surgieron del Diálogo Social. Pero también realizaron críticas al Pit-Cnt. Por ejemplo, al presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, le “sorprendió enormemente” que la central sindical asegurara que se había “roto un acuerdo” por parte del Poder Ejecutivo con las medidas que anunció. Al mismo tiempo, cree no hay pacto “de cúpulas que puedan sustituir la voluntad popular”, por el plebiscito sobre la seguridad social de 2024.
Hubo otros dirigentes del Partido Nacional que opinaron. En una línea similar a Delgado, al senador blanco Javier García le “parece bien” que se “haya dado marcha atrás con la estatización de las AFAP”. Ante la consulta de las críticas de que hizo el Pit-Cnt al Poder Ejecutivo, señaló que es un “problema que tiene el gobierno por haber acordado cosas que no se pueden acordar”.
Del Partido Colorado, el diputado Conrado Rodríguez afirmó que “no solo hubo una marcha atrás” del gobierno sino que hubo un “cambio” del Diálogo Social a un “diálogo profesional”. En esa línea, aseguró que el gobierno “se había comprado un problema” por las medidas para las AFAP y que saludan el “cambio de postura” que tuvo.
El Pit-Cnt concurrió el miércoles para dar su parecer por la Rendición de Cuentas. Una de las críticas que realizó —y por lo que mostró preocupación, indicó Olivera—, es por el “abatimiento de vínculos funcionales con el Estado” y por “ajustes a la baja en términos de funcionamiento, particularmente en organismos de la administración central”.
Y reforzó la crítica: “Es verdad que muchas veces escuchamos, desde distintos ámbitos, ‘hay que reducir el costo del Estado’, ‘hay que reducir esto’ y ‘hay que reducir lo otro’, pero resulta que muchas de esas voces, cuando les va mal, terminan recurriendo al Estado por distintas vías”.
Olivera aseguró que han recibido “demandas” de que se precisa más personal, “incluso de organismos que tienen funciones de contralor muy importantes”. Hay “carencias” —continuó el dirigente sindicales ante los legisladores— en la Dirección Nacional de Aduanas. Así como se registra una “falta de funcionarios” en direcciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, “que tienen una función importante de contralor e inspección”.
A su vez, en lo vinculado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la “informalidad y el no cumplimiento de normas laborales básicas han ido en aumento, lo que tiene que ver con la falta de capacidad operativa” de la cartera “a través de sus distintas direcciones para inspeccionar debidamente”, añadió.
La propuesta del Diálogo Social era ir hacia un esquema en el que las “cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público” que se encargaba de “administrarlas”. No obstante, los actores públicos y privados —las AFAP— mantenían la “función de inversión y rentabilización” en un “mercado en competencia”.
La idea era que este organismo “licite o asigne los fondos (no individualizados), de manera de incentivar la competencia en rentabilidad, minimizar los costos y maximizar el retorno sujeto a un riesgo acotado”.