El fiscal que investigará la denuncia contra Cardama tiene 1.900 casos en trámite: ¿qué estrategia seguirá?

El caso Cardama, las reflexiones sobre sus implicancias y las reacciones de los principales actores involucrados hoy se llevan gran parte del tiempo que invierten a diario los integrantes del sistema político. Porque han sido varias las consecuencias desencadenadas tras el anuncio que hizo el presidente Yamandú Orsi el pasado 22 de octubre, cuando en conferencia de prensa consignó que iniciaría acciones para rescindir el contrato con el astillero español -por el que se había acordado la construcción y entrega de dos patrulleras oceánicas por € 82 millones- y que se presentaría una denuncia penal -además de una demanda en tribunales europeos-, al entender que el Estado fue estafado o defraudado ya que la firma presentó una garantía emitida por una empresa que hoy no existe ni tiene actividad económica.

Es un tema que preocupa en la oposición y en forma particular en el Partido Nacional -que ya anunció que buscará interpelar a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y que el convocante será Javier García, extitular de esa cartera-, y que ocupa al secretario Alejandro Sánchez y al prosecretario Jorge Díaz, quienes han sido dos voceros importantes a la hora de explicar los pasos que está dando el gobierno en este tema.

Ellos dos fueron los encargados de presentar la denuncia a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, el viernes 24, y ahora se encuentran a la espera de que “la Justicia actúe”, al decir del propio Sánchez ayer en diálogo con los medios, luego de un Consejo de Ministros que tuve este asunto entre los más importantes que se abordaron.

Sin embargo, y aunque el caso ya fue asignado al fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno, Alejandro Machado, lo cierto es que la causa no tendrá una rápida resolución.

Foto: Estefania Leal

Esto se explica por una infinidad de factores -entre los que se encuentra la complejidad del caso, que tiene necesarios ribetes internacionales-, pero en gran parte por la carga de trabajo que tiene uno de los tres fiscales especializados en esta materia.

Machado, dijeron a El País fuentes de la Fiscalía, acumula unos 1.900 casos en trámite -los que figuran en su bandeja de entrada-, de los cuales 150 están en fase de investigación, un número superior que los que manejan los otros dos fiscales -Sandra Fleitas (quien se excusó de asumir este caso) y Gilberto Rodríguez-, puesto que la Fiscalía de 1° de Turno fue la primera en crearse, además de que mantiene competencias como canalizar exhortos internacionales y monitorear el cumplimiento (la ejecución) de las penas.

Asimismo, en la oficina de Machado han recaído este año otros tres casos “mediáticos” -al decir en su equipo-, como las denuncias contra la compra de la estancia María Dolores y las de la estafa de República Ganadera -que tiene 1.000 denunciantes- y de Grupo Larrarte, más la derivación de la causa del pasaporte de Marset -en la que se investiga la presunta destrucción de un documento público en la Torre Ejecutiva, durante el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou-, todas causas que de por sí producen un natural “desgaste” en los fiscales, que “arriesgan su reputación” a un nivel más claro que con otras causas de perfil más bajo.

Junto con Machado trabajan otros dos fiscales adscriptos, más un funcionario administrativo que tiene como refuerzo, pero que es de carácter rotativo.

Y, como el convencimiento de Machado es que este caso terminará -en caso de entender que hay delito- en un juicio oral, la calidad de la información debe ser de primer nivel y el estudio de la documentación lo más profuso posible. Por eso no apurará esta inicial etapa, en la que recién comenzó con el estudio de la denuncia presentada por el gobierno, y los voluminosos expedientes -miles de páginas- adjuntados.

Por eso, y como adelantó este domingo El País, en el equipo de Machado tienen como perspectiva que, de aquí a fin de mes, tal vez se solicite más información a las instituciones involucradas o se libre algún exhorto internacional, pero difícilmente tenga un avance sustancial antes de que comience la feria judicial de inicios del año próximo.

La falta de recursos humanos para reforzar investigaciones como esta -y para el normal funcionamiento de todo el organismo- es un reclamo histórico de la Fiscalía, como volvió a recordar Ferrero el miércoles pasado, en su visita al Senado para defender las necesidades de presupuesto del Ministerio Público.

“La institución ha solicitado en cada instancia presupuestal los recursos necesarios para cumplir con los nuevos cometidos del servicio. Sin embargo, ni en la ley de presupuesto de 2015 y sus posteriores rendiciones de cuentas, ni en la ley de presupuesto de 2020 y siguientes rendiciones de cuenta se aprobaron los incrementos solicitados”, protestó Ferrero ante los senadores, a quienes les dijo que les hacía “un llamado” para ser contemplada. “Ya estoy en la desesperación de pedir lo mínimo que me puedan dar, lo que me sirva para seguir operando. Se lo digo de verdad. Porque cuando llaman los fiscales y me dicen: ‘¿No me manda uno? El otro salió de licencia. Tengo esto, tengo lo otro’, y no tengo la posibilidad de responder, de mandar el recurso humano, es terrible”, lamentó la jerarca.

Foto: Estefanía Leal