"Eligió el silencio": oposición apunta contra Lazo, que no concurrirá a comisión de Defensa por caso Cardama

Redacción El País
Diputados de la oposición apuntaron este miércoles contra la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, luego de que comunicara su decisión de no comparecer ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes, en el marco del anuncio de rescisión del contrato entre el Estado y Astilleros Cardama.

Tal como informara El País el pasado viernes, los diputados Gabriel Gianoli (Partido Nacional) y Maximiliano Campo (Partido Colorado) solicitaron la comparecencia de la ministra para explicar las razones detrás de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, encargado de construir dos patrulleras oceánicas (OPV) por un monto superior a 82 millones de euros (unos 92 millones de dólares).

Según supo El País, esta jornada hubo una comunicación vía mail desde el ministerio a la comisión, señalando la no concurrencia de Lazo, ya que probablemente sea interpelada, tal como anunció el Partido Nacional este lunes en conferencia de prensa. Desde la cartera informaron a El País que "no se pretende minimizar el rol del Parlamento", sino "evitar una triple interpelación".

El diputado Gianoli sostuvo que la ministra comunicó la no concurrencia "que estaba prevista para el martes próximo". "Una falta de respeto al Parlamento y demuestra su intención de ocultar la verdad y falsear la información sobre las OPV", aseguró el legislador nacionalista en la red social X.

Por su parte, el diputado colorado Campo señaló: "Pedimos su presencia para cuidar los recursos públicos y tener información directa, pero eligió el silencio". "Cuando un ministro evita dar explicaciones al Parlamento, habla más su ausencia que sus palabras", aseveró.

En esa misma línea se expresó el legislador Gabriel Gurméndez, que señaló que el caso era "inaudito". "Es la ministra responsable políticamente ante el Parlamento por las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo sobre el tema Cardama", afirmó.

Foto: El País.

Las alarmas se encendieron tres días antes del vencimiento del plazo de la garantía de fiel cumplimiento que Cardama buscó salvar a último momento. Como el 22 de setiembre -30 días antes del deadline- el astillero no había avisado que tenía intención de renovar la garantía del contrato, el gobierno se disponía a ejecutarla y cobrar lo acordado al firmarla: el 5% del total de valor de la obra, unos US$ 4 millones.

Pero no pudo hacerlo porque cuando Luis Bermúdez, el embajador uruguayo en Gran Bretaña -donde se suponía que estaba instalada la empresa que se presentaba como garante, Eurocommerce LTD-, intentó apersonarse en el domicilio de la firma se encontró con que lo que había allí era una inmobiliaria. La firma carece, entonces, de un domicilio real, dijo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante el anuncio del gobierno. Luego se supo que tampoco tiene empleados (hasta 2022 tenía tan solo uno), su dueño es ruso ("y vive en Rusia") y está en proceso de liquidación.

Tras esto, se encomendó a un estudio inglés analizar el inicio de acciones legales en territorio británico y español contra Cardama, a quien ya se le hicieron tres transferencias -en función del supuesto cumplimiento de determinados “hitos” del proceso de construcción de los buques- por unos US$ 30 millones.

Foto: Gabriel Porfilio.

Los problemas con la validación de la garantía se habían generado de manera reiterada entre enero y noviembre de 2024. En ese lapso Cardama lo había intentado siete veces, y en todas ellas incumplió con los requerimientos mínimos. En algunos casos, como cuando presentaron como empresas garantes a Euro Exim Bank o a Redbrige, el Banco Central avisó al Ministerio de Defensa que no podía acceder a información financiera sobre esas entidades, detallaron fuentes del Ejecutivo.

El gobierno de Lacalle Pou, finalmente, aceptó a Eurocommerce LTD el 22 de noviembre del año pasado —cinco días antes del balotaje— pero por el plazo de un año, inferior a los 42 meses que se habían pactado en el contrato.

Todo esto ocurrió, además, pese a que Defensa contaba con un informe jurídico del estudio Delpiazzo, del 6 de noviembre pasado, que advertía de varias irregularidades en el documento en el que se presentó la garantía, como no estar “apostillado ni contar con certificación de firma”, ni tener debidamente acreditada “la representación del firmante”. El estudio también ya advertía sobre algunas de las incoherencias sobre la firma constatando en las últimas horas.

Además de todo esto, la entrega del primer buque, debía hacerse a los 18 meses desde diciembre de 2023, cuando se firmó el contrato, cosa que no sucedió.