Orsi respondió a Lacalle y dijo que puede haber una instancia de mediación con Cardama: "Está en el contrato"

Redacción El País
El presidente Yamandú Orsi se refirió este martes a la repercusión que generó el anuncio de la rescisión del contrato con el Astillero Cardama,la empresa española con la que se acordó la construcción y entrega de dos buques de patrulla oceánica para la Armada Nacional, y respondió directamente a lo dicho por su antecesor, Luis Lacalle Pou, por señalar que lo "arrastraron a una operación política".

"Suelo no ser comentarista de comentarios, pero me sorprendió con la energía y con la virulencia con la que salieron, no solo el presidente, sino varios actores del gobierno anterior cuando lo que habíamos dicho es que había una empresa que había hecho las cosas mal", manifestó Yamandú Orsi en rueda de prensa.

"Yo creo que arrastraron al presidente a una operación política", afirmó Lacalle Pou este lunes y sostuvo que en este caso "no había necesidad" de rescindir el contrato con Cardama. "No me cabe la menor duda de que esto es una decisión política de no continuar con lo que hizo el gobierno anterior".

Foto: Darwin Borrelli.

"Me hubiese gustado que salieran en defensa del Estado y no tanto en defensa de la empresa", afirmó Orsi y apuntó a que si bien el exmandatario "tiene derecho a pensar lo que quiera" él mismo puede pensar "que a él lo arrastró un amor no correspondido porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado". "Yo creo que fueron traicionados o fueron engañados de manera evidente", acotó.

Cuando el gobierno actual anunció la rescisión del contrato con Cardama, Orsi aseguró que la decisión respondía a "fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo". "Cuando yo supongo que hay un ilícito lo que tengo que hacer es denunciar la situación. Estuvimos un año y pico engañados, ¿de qué solución estamos hablando si lo que se presentó es aparentemente falso? ¿tengo que barrer abajo de la alfombra, hacer de cuenta que acá no pasó nada?", cuestionó Orsi este martes.

El mandatario defendió que era necesario informar a la población y denunciar la irregularidad antes que notificar a la empresa, pero admitió que puede darse una mediación. "Puede haber mediación porque está previsto en el contrato. Todos los caminos están", dijo y sumó: "Por supuesto la empresa Cardama está dispuesta a dialogar y hay que dialogar, pero esto no es blanco o negro".

El Directorio del Partido Nacional se expresó públicamente en contra de la decisión que tomó el gobierno de Orsi y anunció haber iniciado las conversaciones para solicitar la interpelación de la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Al ser consultado sobre esto, Orsi dio su visto bueno a que la ministra acuda a esta instancia a dar las explicaciones sobre el caso.

"Estamos en un negocio complicado sin garantías. No es una cuestión anecdótica y accesoria. Alguien fue engañado. ¿Quiénes? En principio el Estado sí. Evidentemente a los actores del gobierno que estuvieron en esa época les pasó esto. Yo me paro del lado del Estado", concluyó el mandatario.

Las alarmas se encendieron tres días antes del vencimiento del plazo de la garantía de fiel cumplimiento que Cardama buscó salvar a último momento. Como el 22 de setiembre -30 días antes del deadline- el astillero no había avisado que tenía intención de renovar la garantía del contrato, el gobierno se disponía a ejecutarla y cobrar lo acordado al firmarla: el 5% del total de valor de la obra, unos US$ 4 millones.

Pero no pudo hacerlo porque cuando Luis Bermúdez, el embajador uruguayo en Gran Bretaña -donde se suponía que estaba instalada la empresa que se presentaba como garante, Eurocommerce LTD-, intentó apersonarse en el domicilio de la firma se encontró con que lo que había allí era una inmobiliaria. La firma carece, entonces, de un domicilio real, dijo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante el anuncio del gobierno. Luego se supo que tampoco tiene empleados (hasta 2022 tenía tan solo uno), su dueño es ruso ("y vive en Rusia") y está en proceso de liquidación.

Tras esto, se encomendó a un estudio inglés analizar el inicio de acciones legales en territorio británico y español contra Cardama, a quien ya se le hicieron tres transferencias -en función del supuesto cumplimiento de determinados “hitos” del proceso de construcción de los buques- por unos US$ 30 millones.

Foto: Ministerio de Defensa

Los problemas con la validación de la garantía se habían generado de manera reiterada entre enero y noviembre de 2024. En ese lapso Cardama lo había intentado siete veces, y en todas ellas incumplió con los requerimientos mínimos. En algunos casos, como cuando presentaron como empresas garantes a Euro Exim Bank o a Redbrige, el Banco Central avisó al Ministerio de Defensa que no podía acceder a información financiera sobre esas entidades, detallaron fuentes del Ejecutivo.

El gobierno de Lacalle Pou, finalmente, aceptó a Eurocommerce LTD el 22 de noviembre del año pasado —cinco días antes del balotaje— pero por el plazo de un año, inferior a los 42 meses que se habían pactado en el contrato.

Todo esto ocurrió, además, pese a que Defensa contaba con un informe jurídico del estudio Delpiazzo, del 6 de noviembre pasado, que advertía de varias irregularidades en el documento en el que se presentó la garantía, como no estar “apostillado ni contar con certificación de firma”, ni tener debidamente acreditada “la representación del firmante”. El estudio también ya advertía sobre algunas de las incoherencias sobre la firma constatando en las últimas horas.

Además de todo esto, la entrega del primer buque, debía hacerse a los 18 meses desde diciembre de 2023, cuando se firmó el contrato, cosa que no sucedió.