Redacción El País
El gobierno anunció este miércoles el inicio de las acciones para "rescindir el contrato con la empresa Cardama", el astillero español con el que la anterior administración acordó la construcción y entrega de dos buques de patrulla oceánica para la Armada Nacional por unos € 82 millones (más de US$ 95 millones). Con esto a la vista y ante un seguro proceso judicial, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó que el presidente Yamandú Orsi ya instruyó a "empezar los contactos" para iniciar otro proceso licitatorio porque "las OPV se necesitan".
"Esta decisión no tiene otro objetivo que proteger al Estado uruguayo", afirmó Díaz este jueves en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo). Esto es porque se detectó una "estafa o fraude al Estado uruguayo".
Según explicó Díaz, el contrato firmado entre Cardama y el Estado estableció que la empresa tenía un plazo de 45 días, desde la firma del acuerdo, para constituir una garantía equivalente al 5% del total del acuerdo. Luego de esto, Cardama pidió una prorroga tras otra, "los 45 días se transformaron en 11 meses" y hubo siete intentos de constitución de la garantía que fueron rechazados. Una de las empresas que rechazó ser garantía de Cardama fue Abitab, apuntó Díaz.
Finalmente Cardama presentó a la administración anterior una garantía atribuida a Eurocommerce LTD. Esta se aceptó y la garantía se constituyó por un año. Días atrás esta garantía se venció y Cardama no notificó su renovación, como estaba previsto. "Lo único que podíamos hacer era ejecutar la garantía para asegurarnos que efectivamente esos US$ 4 millones estaban. Hasta ahora no están", manifestó Díaz.
"Una vez que se firmó, hubo todo un proceso que no está documentado en el expediente, que está documentado en cadenas de mails que tuvimos que encontrar en el Ministerio de Defensa porque no hay un expediente administrativo con estos correos electrónicos", detalló Díaz que cuestionó el procedimiento del acuerdo.
"Porque acá lo importante es que se aceptó una garantía de una empresa que tiene todos los indicios, ojalá que no, pero tiene todos los indicios de que es una empresa de papel, que es una garantía trucha. Si efectivamente estamos ante esa situación, el gobierno tiene que actuar", manifestó Díaz. Entre otros motivos, el gobierno de Orsi manifiesta que Eurocommerce LTD es una empresa sin actividad.
Según sostuvo el prosecretario de Presidencia, a pesar de que "existieron muchísimas luces rojas a lo largo de todo el procedimiento, con una persistencia digna de las mejores causas, el gobierno anterior siguió adelante en este tema". No obstante, Díaz asegura que este "es un tema jurídico que no tiene que ver con cuestiones políticas".
"Queremos la garantía y queremos los US$ 30 millones que entregamos", afirmó el prosecretario y adelantó que la rescisión del contrato tendrá que resolverse en un juicio y seguramente será en los tribunales uruguayos.
Al ser consultado sobre qué ocurre con la construcción ya en marcha, Díaz dijo que hay dos representantes uruguayos en el astillero y que estos informaron al Ministerio de Defensa que "hay un atraso del 40%" en la construcción, aunque se abstuvo de hacer más comentarios sobre esta cuestión.
Sanciones durante el proceso
Durante el proceso de pagos realizados a Cardama, la actual ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, sancionó a cuatro jerarcas en abril. La más dura —con 30 días de arresto a rigor— recayó sobre el excomandante en Jefe de la Armada Jorge Wilson, que según las autoridades brindó información falsa sobre el segundo pago que se hizo al astillero. También fueron sancionados el contralmirante José Ruiz, Miguel de Souza y el capitán de Navío Marcelo da Silva.
Ahora, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, manifestó que "parte de lo que hay que investigar es si en esta maniobra de presunta estafa hay complicidad o no complicidad de funcionarios públicos. Porque alertas había".
Alejandro Sánchez respondió a Javier García por señalar “maniobra política”
Luego de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, —junto con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz— ofrecieran una rueda de prensa este jueves para anunciar la decisión de denunciar a Astillero Cardama, el senador y exministro de Defensa, Javier García, escribió en X que es “lamentable que el presidente Orsi se haya prestado para una maniobra política de la peor especie”. El ex presidente Luis Lacalle Pou reposteó el mensaje.
“Sabe que los barcos se están construyendo en forma avanzada y va a dejar al país sin posibilidad de cuidar nuestro mar”, dijo García. Y “expone al Uruguay a demandas y a romper con las seriedad de nuestro país en el cumplimento de un contrato”. “La política menor lamentablemente le ganó al presidente (...) Nunca quisieron las patrullas por razones políticas”, señaló.
Consultado por esta reacción, Alejandro Sánchez dijo este jueves que el mensaje de García “es un error”. “Lo que termina haciendo García es cayendo él en la política menor, ayer no hubo una sola referencia política”, remarcó.
“Baja política es darse cuenta que hay una empresa de papel que dice que nos va a garantizar algo y no nos garantiza. Entonces, ¿qué hacemos?”, agregó.
“Si nosotros encontramos indicios de irregularidades en cualquier administración pública haremos una investigación administrativa y si hay indicios de delito lo llevaremos a la Justicia. Pero no es un arma de amenaza, ni de denuncia ni de discusión política”, remarcó.
Además, Sánchez aseguró que la acusación política de que este caso se dio a conocer para “tapar el caso Danza”, no tiene fundamento y “fue una coincidencia”.
En tanto, el secretario de Presidencia también respondió a por qué, si los barcos se están construyendo, no se avanza igual en el contrato a pesar de las dudas con las garantías. “Hoy tenemos un contrato que no tiene garantías. Si tiene maniobras fraudulentas la presentación de las garantías no puedo seguir pagando”, respondió y agregó que también se están investigando irregularidades en los materiales de construcción de los buques.
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