Sánchez por presunta estafa de Cardama: “Hay que investigar si hay complicidad de funcionarios públicos”

Redacción El País
El Estado uruguayo presentará este jueves una denuncia penal contra Astillero Cardama, la empresa española con la que el gobierno de Luis Lacalle Pou había acordado la construcción y entrega de dos buques de patrulla oceánica para la Armada Nacional por unos 82 millones de euros (más de US$ 95 millones).

La decisión se debe a que se hallaron irregularidades en la ejecución de garantías para llevar adelante el proyecto. “Tiene todos los condimentos de una estafa”, apuntó este jueves el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

“Parte de lo que hay que investigar es si en esta maniobra de presunta estafa hay complicidad o no complicidad de funcionarios públicos. Porque alertas había", remarcó el jerarca.

Luego de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, —junto con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz— ofrecieran una rueda de prensa este jueves para anunciar la decisión de denunciar a Astillero Cardama, el senador y exministro de Defensa, Javier García, escribió en X que es “lamentable que el presidente Orsi se haya prestado para una maniobra política de la peor especie”. El ex presidente Luis Lacalle Pou reposteó el mensaje.

“Sabe que los barcos se están construyendo en forma avanzada y va a dejar al país sin posibilidad de cuidar nuestro mar”, dijo García. Y “expone al Uruguay a demandas y a romper con las seriedad de nuestro país en el cumplimento de un contrato”. “La política menor lamentablemente le ganó al presidente (...) Nunca quisieron las patrullas por razones políticas”, señaló.

Consultado por esta reacción, Alejandro Sánchez dijo este jueves que el mensaje de García “es un error”. “Lo que termina haciendo García es cayendo él en la política menor, ayer no hubo una sola referencia política”, remarcó.

“Baja política es darse cuenta que hay una empresa de papel que dice que nos va a garantizar algo y no nos garantiza. Entonces, ¿qué hacemos?”, agregó.

“Si nosotros encontramos indicios de irregularidades en cualquier administración pública haremos una investigación administrativa y si hay indicios de delito lo llevaremos a la Justicia. Pero no es un arma de amenaza, ni de denuncia ni de discusión política”, remarcó.

Además, Sánchez aseguró que la acusación política de que este caso se dio a conocer para “tapar el caso Danza”, no tiene fundamento y “fue una coincidencia”.

En tanto, el secretario de Presidencia también respondió a por qué, si los barcos se están construyendo, no se avanza igual en el contrato a pesar de las dudas con las garantías. “Hoy tenemos un contrato que no tiene garantías. Si tiene maniobras fraudulentas la presentación de las garantías no puedo seguir pagando”, respondió y agregó que también se están investigando irregularidades en los materiales de construcción de los buques.

Las alarmas se encendieron tres días antes del vencimiento del plazo de la garantía de fiel cumplimiento que Cardama buscó salvar a último momento. Como el 22 de setiembre -30 días antes del deadline- el astillero no había avisado que tenía intención de renovar la garantía, el gobierno se disponía a ejecutarla y cobrar lo acordado al firmarla: el 5% del total de valor de la obra, unos US$ 4 millones.

Foto: Estefanía Leal

Pero no pudo hacerlo porque cuando Luis Bermúdez, el embajador uruguayo en Gran Bretaña -donde se suponía que estaba instalada la empresa que se presentaba como garante, Eurocommerce LTD-, intentó apersonarse en el domicilio de la firma se encontró con que lo que había allí era una inmobiliaria. La firma carece, entonces, dijo Sánchez, de un domicilio real, luego se supo que tampoco tiene empleados (hasta 2022 tenía tan solo uno), su dueño es ruso ("y vive en Rusia") y está en proceso de liquidación.

Tras esto, se encomendó a un estudio inglés analizar el inicio de acciones legales en territorio británico y español contra Cardama, a quien ya se le hicieron tres transferencias -en función del supuesto cumplimiento de determinados “hitos” del proceso de construcción de los buques- por unos US$ 30 millones.

Los problemas con la validación de la garantía se habían generado de manera reiterada entre enero y noviembre de 2024. En ese lapso Cardama lo había intentado siete veces, y en todas ellas incumplió con los requerimientos mínimos. En algunos casos, como cuando presentaron como empresas garantes a Euro Exim Bank o a Redbrige, el Banco Central avisó al Ministerio de Defensa que no podía acceder a información financiera sobre esas entidades, detallaron fuentes del Ejecutivo.

El gobierno de Lacalle Pou, finalmente, aceptó a Eurocommerce LTD el 22 de noviembre del año pasado —cinco días antes del balotaje— pero por el plazo de un año, inferior a los 42 meses que se habían pactado en el contrato.

Todo esto ocurrió, además, pese a que Defensa contaba con un informe jurídico del estudio Delpiazzo, del 6 de noviembre pasado, que advertía de varias irregularidades en el documento en el que se presentó la garantía, como no estar “apostillado ni contar con certificación de firma”, ni tener debidamente acreditada “la representación del firmante”. El estudio también ya advertía sobre algunas de las incoherencias sobre la firma constatando en las últimas horas.

Además de todo esto, la entrega del primer buque, debía hacerse a los 18 meses desde diciembre de 2023, cuando se firmó el contrato, cosa que no sucedió.

Estos y otros detalles, más su valoración política, estarán arriba de la mesa en una reunión de bancada que ya convocó el Frente Amplio para hoy, y en la que participarán Sánchez, Díaz y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, dijeron a El País fuentes parlamentarias. Allí se evaluarán, además, qué pasos dar a nivel legislativo.