"Estafa o fraude": Gobierno rescindirá contrato con astillero Cardama para construcción de patrullas oceánicas

Redacción El País
El presidente de la República, Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el prosecretario, Jorge Díaz, convocaron esta noche a los medios para brindar una conferencia en la sala de prensa de Torre Ejecutiva.

Allí Orsi anunció que el gobierno ejecutó una garantía del 5% del monto total por el contrato con el astillero español Cardama, encargado de la construcción de dos patrullas oceánicas, cuya compra fue realizada por la anterior administración.

El mandatario aseguró que "hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo".

Al hacer uso de la palabra, Jorge Díaz señaló que se venció el plazo de garantía de fiel cumplimiento de Cardama a sus obligaciones del contrato de las OPV. "Los 45 días se transformaron en 11 meses", dijo Díaz y agregó que la empresa inició siete veces el proceso de validación de garantía y todos fueron rechazados.

Por otro lado, sostuvo que el Ministerio de Defensa de la administración anterior "no contrató a un corredor de seguros, sino a un estudio jurídico, que aparentemente sería el estudio Delpiazzo. Digo aparentemente porque en el expediente de Cardama no hay registros de esa actividad. Sí se encontraron una serie de correos electrónicos entre Cardama, el Ministerio de Defensa y el estudio, que no dudamos de su validez".

Foto: Estefanía Leal

El prosecretario sostuvo que la garantía de Cardama, llamada Eurocommerce, "debía cumplir un plazo de 42 meses, pero la misma alcanzó un año, la que debía ser renovada 30 días antes del vencimiento". "Durante el año 2023 y 2024 la empresa tuvo solamente un empleado, no registra prácticamente actividad. Del análisis de sus cuentas surge que no tiene prácticamente actividad. Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude ante el Estado uruguayo y esta garantía no existiría", aseveró Díaz.

Por su parte, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez señaló que se debe "esclarecer este tema" ya que "las luces rojas se encendieron durante la administración anterior". "Es un hecho muy grave, estamos muy preocupados. El día de hoy vencía oficialmente la garantía, por eso del lunes hasta hoy se buscó resguardar los recursos del pueblo uruguayo en un contrato millonario, y garantizar la posibilidad de que el gobierno uruguayo pueda resarcirse de la mejor manera posible si se confirmaran todas estas situaciones que están planteadas en el marco de la Justicia", indicó Sánchez.

Foto: Estefanía Leal.

Díaz señaló que una de las cuestiones a determinar "es el procedimiento de pago que se estableció, que no sigue con las reglas del contrato". "En febrero de este año se realizó un procedimiento diferente al regular en la administración pública. En lugar de ser el Ministerio de Defensa el que paga se estableció que el Banco República abrió una cuenta en euros, donde se deposita ese dinero, y que los pagos se efectúan una vez que la empresa constructora notifica a un banco en Madrid. Ese banco comunica al BROU y el BROU paga. Ese no es un procedimiento habitual", indicó Díaz, y dijo que el argumento de la administración anterior era que "el ministerio no tenía una cuenta en euros".

"El Estado uruguayo hará lo posible para recuperar los dineros públicos que están en juego. Estábamos en una situación de orfandad. Ya que teníamos una garantía que, según nos dicen los informes, la empresa están en un proceso de liquidación por inactividad, que sus cuentas no reflejan ningún tipo de actividad y no figura en los registros como una empresa financiera y parte de la información que está en su página web es engañosa", explicó.

Por su parte, Sánchez señaló que por el momento "el Estado uruguayo realizó tres transferencias que en suma son de US$ 30 millones". "Cuando se firmó la garantía con el Estado uruguayo esta empresa no tenía ningún trabajador registrado. Solo tuvo un trabajador en el año 2022. Esto muestra que los funcionarios que trabajaron en esto en su momento no tomaron los recaudos necesarios para establecer que quien garantizaba este contrato tuviera las condiciones para hacerlo", comentó.

En otro orden, las autoridades confirmaron que se están llevando a cabo investigaciones administrativas, por ejemplo en el Ministerio de Defensa. Además, indicaron que por el momento no se habló con las autoridades anteriores al respecto de esta situación. Sánchez comentó que "la Justicia deberá determinar si hubo complicidad de funcionarios públicos" en esta situación.

Por otro lado, el secretario de Presidencia dijo que "hay dos funcionarios de la Armada Nacional en España buscando certificar los procedimientos que se han llevado adelante". "Más allá de cómo se está construyendo el contrato se presentó una garantía que desprotege al Estado uruguayo. Lo otro ha sido parte del trabajo del Ministerio de Defensa para corroborar que los hitos que ha comunicado el astillero se cumplan correctamente", afirmó.

Foto: Estefanía Leal.

La garantía obtenida por la empresa se venció y no hubo una renovación, lo que habilita al gobierno a ejecutar la cláusula. El gobierno anterior había anunciado en julio de 2023 la compra de dos buques de patrulla oceánica para la Armada Nacional que iban a ser comprados al astillero español Cardama a un precio de 82, 2 millones de euros.

Durante el proceso de pagos realizados a Cardama, la actual ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, sancionó a cuatro jerarcas en abril. La más dura —con 30 días de arresto a rigor— recayó sobre el excomandante en Jefe de la Armada Jorge Wilson, que según las autoridades brindó información falsa sobre el segundo pago que se hizo al astillero. También fueron sancionados el contralmirante José Ruiz, Miguel de Souza y el capitán de Navío Marcelo da Silva.