“Lo acordado en Diputados está soldado con hierro”. Con esta frase, el coordinador de bancada en el Senado del Frente Amplio, Daniel Caggiani, respondió a El País al ser consultado sobre la disposición del oficialismo en la cámara alta frente al tratamiento del Presupuesto Quinquenal. Pero esto no significa que, en el Senado, donde el partido de gobierno tiene una cómoda mayoría —el voto de 17 legisladores— no haya movimientos, cambios o ajustes al texto que llegó por estos días desde la cámara baja, y que en la oposición ya observan con atención, temerosos de que el oficialismo busque revertir algunos de los logros que, en alianza, alcanzaron blancos y colorados e independientes, y muchas veces junto con Cabildo Abierto e Identidad Soberana.
Ahora bien, pese a que en Diputados quedaron por el camino varias de las propuestas que habían sido formuladas por el Ministerio de Economía y Finanzas al no contar con los 50 votos necesarios, la postura que asumirán los senadores frenteamplistas al tratar el proyecto de ley será de cautela. Es decir, no se va a buscar grandes modificaciones que puedan poner en riesgo la aprobación de la ley madre del gobierno, en caso de que la iniciativa culmine en la Asamblea General —lo que ocurriría si la Cámara de Representantes rechaza los cambios hechos en el Senado—, donde oficialismo y oposición están empatados en 65 votos, y para que la norma prospere, además, se necesita el apoyo de dos tercios de su componentes.
En esta línea, el senador Sebastián Sabini reconoció el trabajo “muy arduo” en Diputados que permitió “un acuerdo para aumentar ingresos”. No obstante, adelantó que el foco en el Senado será corregir algunos de los artículos aprobados por la oposición sin votos del FA. “Evaluaremos reasignaciones cuidando los acuerdos”, agregó.
Según dijeron desde el oficialismo a El País, algunos de los aditivos aprobados con apoyo únicamente de los partidos de la oposición implican un aumento del presupuesto de aproximadamente $ 80 millones, por lo que se entiende que el proyecto de ley no puede salir desfinanciado del Parlamento.
Entre los aditivos aprobados en Diputados con votos del Partido Colorado, Partido Nacional, Cabildo Abierto, Identidad Soberana y el Partido Independiente, que establecen que el financiamiento provendrá de Rentas Generales, se incluye la creación de un fondo de $ 8 millones —con aumentos progresivos en 2026, 2027, 2028 y 2029— destinado a la implementación de un plan urgente de refacciones accesibles en hogares de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
Otro artículo prevé, también con financiamiento de Rentas Generales, una partida anual de $ 12 millones para obras de accesibilidad en centros educativos, con foco en las escuelas primarias.
Finalmente, la partida más significativa asciende a $ 60 millones y estaría destinada a la formación de maestros de apoyo desde una perspectiva de derechos humanos, en coordinación con técnicos y expertos especializados en la materia.
Luego de mantener una reunión con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, Sabini —quien presidirá la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda— destacó este lunes que para el gobierno el “enfoque en el gasto público social es muy importante” en el proyecto de ley que ya cuenta con la sanción de la cámara baja.
“Se priorizan las infancias y la educación. Con artículos muy importantes que multiplican por cinco las becas estudiantiles. Nos parece relevante ese foco en el gasto social. En lo que salió de Diputados hay algunas dificultades en artículos que se votaron que no tienen financiamiento”, resumió el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) en rueda de prensa.
“Se establece un gasto, pero no se dice de dónde van a salir los recursos”, afirmó.
El secreto bancario y la postura de la oposición
Aunque en el oficialismo hay satisfacción por poder sacar adelante la “ley madre” en Diputados sin contar con la mayoría absoluta necesaria, de todos modos subsisten algunos pendientes que van a ser tratados en el Senado, aunque cuidando los finos equilibrios para mantener el apoyo de Cabildo Abierto.
“Lo que salió de Diputados tiene una situación de cierta fragilidad, tras un acuerdo que posibilitó que se aprobara y se aumentaran los ingresos (el impuesto “Temu”, el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, el gravamen a las ganancias de capitales en el exterior, Imesi a algunos productos fitosanitarios). Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en las modificaciones que hagamos en el Senado”, resumió Sabini.
No obstante, otros asuntos que deberán dilucidarse si los senadores oficialistas deciden avanzar refieren a las modificaciones en la Junta de Transparencia y Ética Pública (otorgarle voto doble al presidente del organismo de contralor), pero también el levantamiento del secreto bancario, algo que vuelve a estar arriba de la mesa y que amenaza con crear conflicto con la oposición.
Lo que aquí se busca, como ya se discutió en Diputados y fue rechazado, es otorgar a la Dirección General Impositiva la posibilidad de acceder a información financiera sin autorización de un juez —o en caso de que, transcurrido un plazo determinado, la Justicia no se pronuncie para impedirlo, como propuso Oddone en una fórmula intermedia.
“No”, se limitó a decir a El País Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, al ser consultado sobre la posibilidad de rediscutir este tema (ver aparte). “No estamos de acuerdo en que se deje por fuera al Poder Judicial”, agregó el exsenador.
De seguirse este camino, y de también "reinstalar temas ya zanjados en Diputados", para el senador nacionalista Javier García la coalición de izquierda incurriría en una actitud "no republicana y no democrática y que la consecuencia que podría terminar generándose es la que "el Partido Nacional buscó evitar al votar en general el Presupuesto: que el gobierno, con una actitud contraria, se quede sin Presupuesto". "Esperamos que se respetan las mayorías de la Cámara de Representantes, porque si el proyecto llega a la Asamblea General estamos empatados en votos", dijo el exministro.
El senador colorado Robert Silva, en tanto, mantiene una postura parecida. Dijo estar "absolutamente en contra del secreto tributario" y que no visualizaba al Frente Amplio forzando la convocatoria de la Asamblea General. "El FA tiene que darse cuenta del riesgo que eso significa", advirtió.
Durante la discusión en la Cámara de Representantes, Cabildo Abierto planteó que el levantamiento del secreto bancario fuera "desglosado" y tratado fuera del Presupuesto, en un proyecto aparte, pero la moción presentada fue rechazada, recordó a El País el diputado Álvaro Perrone. "No nos dieron la chance", lamentó.
Sin embargo, no fue tan tajante sobre la discusión sobre el tema de fondo como Manini Ríos. Dijo no cerrarse al debate, aunque tiene varias dudas sobre la necesidad de implementar el cambio, empezando por conocer "la documentación real que pruebe que la OCDE" recomienda que Uruguay vaya en la dirección sugerida. "Sin desconfiar de la palabra del MEC, me gustaría conocerla", subrayó.
Etapa por etapa, los plazos previstos en el Parlamento
La Constitución de la República dispone que cada cámara tiene 45 días para abordar el Presupuesto. Estos días están comenzando en el Senado —el proyecto ya fue aprobado en Diputados— y, cuando se cumplan, la cámara baja tendrá un nuevo plazo de 15 días para determinar si acepta o no los cambios. Si no los acepta, la iniciativa deberá pasar a la Asamblea General, órgano que dispondrá de otros idénticos 15 días para expresarse. Luego, si la ley es aprobada, el Poder Ejecutivo dispondrá de 10 días para vetarla, y la Asamblea General de otros 30 para pronunciarse sobre el veto.