Crimen de Hernán Fiorito: abogado de dos hinchas de Nacional llevará el caso a tribunales internacionales

Diez años después de la muerte de Hernán Fiorito, el hincha de Peñarol baleado durante los festejos por el aniversario de su club en Santa Lucía, el abogado de dos de los condenados anunció que acudirá a tribunales internacionales de derechos humanos. Joaquín Guadalupe dijo a El País que entiende que "se vulneraron los derechos" de sus defendidos, quienes cumplen penas de 23 años en la Unidad 6. "Fueron condenados por un crimen del que no son responsables", aseguró.

"No voy a parar hasta que se haga justicia por los dos hinchas de Nacional que están condenados y privados de libertad injustamente. Fueron condenados por la presión mediática", afirmó el abogado. Después de acudir a la instancia internacional, Guadalupe pedirá a la Suprema Corte de Justicia que revise las condenas porque entiende que sus defendidos no son responsables del homicidio. Si la Corte deja en pie las penas de 23 años, el abogado hará un segundo planteo para que puedan salir de prisión y cumplir los años que quedan en libertad.

El defensor cuestiona la responsabilidad que se atribuyó a cada uno por lo ocurrido en la plaza. Según su relato, uno de sus clientes descolgó una bandera de Peñarol para robarla y sostiene que esa fue toda su participación en el episodio por el que terminó condenado como coautor del homicidio.

La noche del 28 de setiembre de 2016, un grupo de hinchas de Peñarol festejaba los 125 años de su club en la plaza Tomás Berreta de Santa Lucía. Habían colgado varias banderas. Una de las más grandes estaba tendida entre dos árboles y les impedía ver a quienes se acercaban desde el otro lado.

La noticia de que había banderas en la plaza había circulado por WhatsApp entre hinchas de Nacional. Un grupo salió de Montevideo en tres autos. Algunos declararon después que iban a robarlas y otros dijeron que querían pelear por enfrentamientos anteriores. Al llegar, varios bajaron y se acercaron a pie. Hubo golpes y disparos. Los atacantes se llevaron una bandera y dejaron a tres hinchas de Peñarol heridos. Fiorito murió el 4 de noviembre en el Sanatorio Americano, tras más de un mes de internación. La AUF suspendió la fecha de fútbol de ese fin de semana.

Ya en los primeros procesamientos, cuando Fiorito seguía internado, el juez Luis Sobot explicó por qué entendía que la responsabilidad alcanzaba también a quienes no habían disparado. Valoró que algunos integrantes del grupo habían exhibido armas antes de llegar a la plaza y que aun después de advertir que había más gente de la que esperaban decidieron seguir adelante.

En diciembre de 2018, varios de los procesados por el crimen de Fiorito llevaban más de dos años en prisión preventiva y la Fiscalía todavía no había presentado una acusación formal. Sus abogados pidieron que esperaran el fallo en libertad. Para eso invocaron una regla del actual Código del Proceso Penal, que establece que si pasan más de dos años desde la detención sin que la Fiscalía presente acusación, debe cesar la prisión preventiva. Aunque el caso se tramitaba bajo el código anterior, las defensas pidieron que se aplicara esa disposición por ser más favorable. La fiscal Alba Regueira no se opuso y la Justicia concedió las excarcelaciones.

Los dos hinchas que hoy defiende Joaquín Guadalupe permanecieron en prisión. Según relató el abogado, inconvenientes con sus dos defendidos llevaron a que sus defensas de ese momento presentaran el pedido de libertad después que los abogados de los primeros excarcelados. Guadalupe sostiene que la repercusión pública de aquellas liberaciones influyó en el futuro de sus dos clientes. En setiembre de 2019, la fiscal Silvia Méndez, que para entonces intervenía en la causa, también cuestionó que algunos procesados siguieran presos mientras otros esperaban el fallo en libertad.

En noviembre de 2021 se dictaron las condenas de primera instancia. La Fiscalía pidió que quienes habían sido excarcelados volvieran a prisión. En marzo de 2023, el Tribunal de Apelaciones Penal de 3^er Turno confirmó las condenas, pero rechazó ese pedido. Entendió que la condena por sí sola no bastaba para revocar la libertad provisional.

En abril de 2025 la Suprema Corte de Justicia había rechazado el recurso de casación que presentaron dos de los condenados. Tras conocerse la decisión, Jorge Barrera, abogado de la familia Fiorito, dijo que había "más paz en su tumba".

De las 17 personas detenidas por el ataque, 14 recuperaron la libertad y tres siguen presas. Dos cumplen penas de 23 años en la Unidad 6 y son los que representa Guadalupe. El tercero está preso en Rocha y tiene otra defensa. "Fue un hecho lamentable que ojalá no vuelva a ocurrir, pero ellos no se merecen estar lejos de sus familias por algo de lo que no son responsables", dijo Guadalupe sobre sus defendidos.