Un grupo de inversores que confió sus ahorros a la excorredora de bolsa Sara Goldring busca que dos firmas financieras de Estados Unidos respondan por pérdidas que estima en US$ 16 millones.
En un reclamo arbitral al que accedió El País, los inversores sostienen que las instituciones Jefferies y Pershing permitieron que Goldring realizara operaciones de alto riesgo en cuentas abiertas a nombre de sus clientes. Según la abogada uruguaya Patricia Regules, hasta el momento el grupo está integrado por 22 inversores.
El viernes 6 de noviembre, los abogados estadounidenses que trabajan en conjunto con Regules, Dan Cetner y Jason Kane, presentaron el reclamo ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos (Finra). Piden recuperar el capital perdido y cobrar "daños punitivos", intereses y las comisiones que atribuyen a las operaciones cuestionadas.
El escrito deja el monto total a determinar en el arbitraje. Kane y Centner, socios del estudio Peiffer Wolf, viajaron esta semana a Montevideo para mantener reuniones con damnificados y entregar cartas a organismos estatales.
La discusión se centra en las obligaciones que asumieron las dos firmas al operar con las empresas de Goldring. En 2017, Jefferies acordó recibir clientes derivados por Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) y United Brokers. Pershing intervenía en la liquidación de las operaciones. En este arbitraje, participan inversores que tenían cuentas abiertas a su nombre.
Se trata de un proceso abierto en Estados Unidos contra las dos instituciones financieras, y que no involucra a Goldring. Algunos de los inversores que integran este grupo firmaron el Acuerdo Privado de Reorganización (APR), el cual establecía que renunciaban a realizar nuevos reclamos contra la ahora condenada, quien ya comenzó a pagar el 60% de los créditos reconocidos.
Los formularios que llegaron después de la firma
El documento al que accedió El País relata el caso de dos clientes, que en junio de 2019 informaron por correo a un empleado de Jefferies que ya habían firmado en las oficinas de CVM en Uruguay el acuerdo para operar con opciones. Recién después de la firma habían recibido las advertencias sobre los riesgos de esas inversiones, en documentos que Jefferies les envió en inglés. Según el intercambio citado en el reclamo, el empleado les explicó que debían recibir esa información antes de firmar y les pidió que firmaran de nuevo.
Tres semanas después, el responsable de cumplimiento de CVM envió a Jefferies un formulario que atribuía a los clientes 19 años de experiencia en inversiones, incluidas las operaciones con opciones. Los inversores sostienen que ese dato era falso —no tenían 19 años de experiencia, dicen. Y alegan que Jefferies habilitó la cuenta para operar con opciones pese a que en el formulario faltaban las firmas de aprobación de sus propios funcionarios.
Los tres clientes depositaron US$ 3,35 millones en dos cuentas. Entre fines de 2020 y mediados de 2022, aseguran que el volumen de las compras y ventas alcanzó los US$ 85,2 millones. Parte de la estrategia consistía en vender opciones que obligaban a los inversores a comprar acciones a un precio pactado aun cuando su cotización hubiera caído.
Los reclamantes calcularon US$ 1,36 millones en pérdidas realizadas y otros US$ 582.000 por la caída de valor de los títulos que conservaban cuando fueron transferidos. En esas dos cuentas, atribuyen a Jefferies y Pershing el cobro de casi US$ 120.000 en comisiones y cargos.
Regules dijo a El País que ambas firmas ya contestaron el reclamo y que el siguiente paso será conocer la integración del panel arbitral.
El País consultó por correo electrónico a un abogado de Jefferies sobre los controles que ejercía la firma y el intercambio de correos de junio de 2019, aunque hasta el momento no consiguió respuesta.
La propuesta a Lideco
Otros clientes habían confiado su dinero a CVM y sus inversiones se agrupaban en cuentas abiertas en Estados Unidos a nombre de la corredora (cuentas ómnibus). "Para hacer eso necesitamos que las autoridades nos acompañen", dijo Centner a El País al explicar cómo podrían reclamar esos clientes. Los abogados sostienen que quien está facultado para reclamar es el liquidador de CVM.
En una carta del 9 de noviembre dirigida al gerente de Servicios Jurídicos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), los abogados propusieron representar a la sociedad en un segundo arbitraje. Para estimar cuánto podría reclamar, solicitaron acceso a los registros de esas cuentas.
El estudio ofreció adelantar los gastos y cobrar el 33% de cualquier suma que se recupere, antes de descontar los gastos, que también se reembolsarían con cargo a ese dinero. Además, aseguraron que lo que se obtuviera ingresaría a la liquidación de CVM para su distribución.
El lunes, durante un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, al presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, le preguntaron si el organismo estaba dispuesto a "explorar vías para recuperar dinero en Estados Unidos".
Tolosa se refirió al acuerdo con los acreedores en Uruguay y dijo que con él "se renuncia a la vía legal para una mayor recuperación", aunque no precisó si esa renuncia alcanzaba a una acción de CVM contra las firmas estadounidenses. Los abogados sostienen en su carta que la corredora conserva ese derecho.
Los abogados convocaron a los inversores interesados en evaluar posibles reclamos a una reunión informativa este miércoles a las 19 horas en el Hotel Cottage.
El acuerdo patrimonial firmado prevé pagar a los acreedores el 60% de sus créditos verificados. Por otra parte, el 27 de octubre la Justicia penal uruguaya condenó a Goldring por apropiación indebida, luego de que admitiera que utilizó fondos clientes para cubrir pérdidas de otros. Por esta condena, los abogados de un grupo grande de damnificados (Ignacio Durán, Ana Irabedra y Eduardo Sassón junto a Pablo Donánngelo) manifestaron conformidad con el trabajo de la Fiscalía de Lavado, encabezada por Enrique Rodríguez.
En la audiencia de condena se generó un momento de tensión cuando Regules sostuvo que el acuerdo era inadmisible por no cumplir los requisitos legales y planteó que, si se aceptaba, no debían liberarse los bienes embargados.
El fiscal Rodríguez respondió que cuando presentó la acusación original, todavía no existía una oferta de pago como la que se había logrado. Por eso, argumentó que la nueva situación debía contemplarse al definir la reparación. El fiscal también afirmó que quienes no adhirieron al acuerdo conservan la posibilidad de reclamar por la vía civil.
El abogado Eduardo Sasson destacó la complejidad de la investigación y sostuvo que el conflicto penal "no resuelve todos los conflictos del caso". También planteó que no podía mantenerse una medida cautelar penal después de la sentencia y que correspondía analizar las medidas que pudieran pedirse en un proceso civil.
Pablo Donnángelo agregó que la Fiscalía había convocado a los representantes de las víctimas a una reunión previa al acuerdo y afirmó que en esa instancia había escuchado a Regules felicitar al equipo fiscal por la negociación.
- Sara Goldring condenada por apropiación indebida: el acuerdo que evitó el juicio y qué cobrarán los damnificados Caso Goldring: excorredora de bolsa fue condenada a 24 meses de libertad a prueba por apropiación indebida Caso Goldring: jueza rechazó prueba pedida por una abogada y advirtió que no es momento de “salir a pescar”
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
de modo que se deslice hacia la izquierda.
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
. Se pondrá en gris, lo que indica que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
.