Caso Goldring: jueza rechazó prueba pedida por una abogada y advirtió que no es momento de “salir a pescar”

La audiencia de control de acusación contra la corredora de bolsa Sara Goldring volvió a registrar este martes un cruce entre los representantes de las víctimas respecto a la prueba que se pretende llevar al eventual juicio oral.

La jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, rechazó una serie de diligencias solicitadas por una de las abogadas al entender que la etapa de investigación ya concluyó y que el control de acusación no es la instancia procesal oportuna para incorporar nueva evidencia.

La discusión tuvo lugar en el marco de la causa penal contra Goldring, acusada por la Fiscalía de Lavado de Activos por un delito de apropiación indebida. El fiscal Enrique Rodríguez solicitó cuatro años de penitenciaría, la pena máxima prevista para ese delito.

La abogada Patricia Regules, quien representa a un grupo de damnificados, solicitó que se libraran oficios a la Liga de Defensa Comercial (Lideco), al Banco Central del Uruguay (BCU), a la Bolsa de Valores de Montevideo y, asimismo, un exhorto internacional dirigido a Estados Unidos para requerir información a Jefferies LLC, firma vinculada a cuentas utilizadas en la operativa de las sociedades de Goldring.

Entre otras diligencias, la abogada pidió que Lideco remitiera documentación vinculada a sus clientes, tales como contratos de apertura de cuentas, registros, formularios de perfil de riesgo, tarifas aplicables, estados de cuenta consolidados desde la apertura hasta el cierre, e historiales crediticios y patrimoniales.

Asimismo, solicitó que el BCU remitiera comunicaciones internas entre funcionarios de las firmas United Brokers, Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) y Jefferies LLC, además de formularios de apertura de cuentas de custodia de valores mobiliarios, cuentas propias y cuentas ómnibus en bancos de Estados Unidos.

El planteo generó resistencia en otros representantes de los damnificados. Los abogados Eduardo Sasson y Pablo Donnángelo, quienes representan a más de 100 denunciantes, coincidieron con la prueba presentada por la Fiscalía y advirtieron que nuevas diligencias podrían dilatar el inicio del juicio oral.

“No deberíamos formular valoraciones sobre cómo los colegas representan a sus clientes, pero lamentamos que, por no respetar la norma procesal, se vea demorado el inicio del juicio”, señaló Sasson al comienzo de la audiencia.

Regules respondió cuestionando si los clientes de Sasson y Donnángelo se sentían perjudicados por la proposición de prueba. “Mis clientes también tienen derecho a conocer la verdad; por eso estamos proponiendo prueba”, sostuvo.

Sasson, por su parte, remarcó que sus representados tienen interés en que el juicio avance con celeridad. “Para nuestros clientes el tiempo es valioso”, sentenció, reafirmando la necesidad de dar cumplimiento a las normas procesales.

Donnángelo también cuestionó el alcance de los pedidos formulados por Regules. En una de sus intervenciones, advirtió que el planteo podía abrir “la puerta a una dilación del proceso de uno, dos, tres años, o vaya a saber cuánto tiempo tarde Estados Unidos en diligenciar los oficios”. Para el abogado, dar lugar a la solicitud de Regules implicaría una “paralización total del juicio oral”.

La defensa de Goldring, encabezada por Marcelo Domínguez y Gonzalo Fernández, también se pronunció sobre el planteo. Domínguez sostuvo que Regules tenía derecho a solicitar prueba porque el caso se encuentra en etapa intermedia.

“No estoy diciendo que admito que ingrese dicha información al juicio. Hay que ver el contenido y qué resulta útil para ingresar al debate”, afirmó Domínguez. El abogado señaló que, si la jueza hiciera lugar a los pedidos, primero debía llegar la información, luego la abogada valorar si era pertinente, después solicitar su admisibilidad y, finalmente, las partes discutir su incorporación.

El fiscal Rodríguez también cuestionó el alcance de los pedidos de Regules. Le preguntó si conocía alguna información concreta que pudiera surgir de los registros o si se trataba de un planteo genérico para ver “qué aparecía”. “Yo lo que no quiero es un retardo del proceso”, insistió, reiterando que la Fiscalía se tomó el tiempo necesario para investigar y considera que tiene un caso sólido para llevarlo a juicio.

Además, Rodríguez recordó las dificultades que implicó obtener información desde Estados Unidos durante la investigación. Según detalló, un exhorto internacional puede demorar más de dos años, y obtener respuesta costó “sangre, sudor y lágrimas”, además de decenas de horas de comparecencias por videollamada.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Crimen Organizado de 2^do Turno, Olivera, rechazó los pedidos de Regules. “No estamos en etapa de investigación, estamos en control de acusación”, sostuvo. La magistrada señaló que este es el momento de descubrir la prueba ya recolectada y no de “salir a pescar” nueva evidencia.

La magistrada entendió que la prueba solicitada debía haber sido diligenciada antes de esta etapa y que no existió una situación ajena a la voluntad de la parte que justificara la demora. Por eso, concluyó que hubo una omisión por parte de la representación de las víctimas al no haber articulado esos esfuerzos con anterioridad.

La resolución fue apelada por Regules, quien aguarda el fallo de un Tribunal de Apelaciones. Al fundamentar su recurso, sostuvo que los registros pedidos podrían funcionar “como la caja negra de un avión” y resultar claves para la causa penal.